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El juez de garantías constitucionales, Iván Córdoba, ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) restituir a Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija e instó a corregir las acciones “irregulares” que desencadenaron su destitución. Córdoba dejó sin efecto la destitución de Gutiérrez en una audiencia realizada el sábado por la mañana. En la audiencia, calificó a la destitución como un “acto arbitrario”, ejecutado bajo presiones internas del Ministerio Público.  “Deja sin efecto legal la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, de fecha 2 de octubre del año 2024, concediendo la tutela solicitada única y exclusivamente al coaccionado, que responde al nombre de Mauricio Nava Morales, al ser él el suscriptor del documento considerado como quebrantador de derechos y garantías constitucionales”, añadió un vocal, según TVOFF. El 2 de octubre, la entonces fiscal departamental de Tarija develó una denuncia por estupro y trata de personas -presentada el 26 de septiembre- en contra de Evo Morales y otras dos personas, quienes serían los padres de la víctima. La comisión de fiscales, de entonces, con la supervisión de la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez, ordenó la aprehensión de Morales, pero fue revocada por decisión de la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, ante un recurso de acción de libertad presentado por los abogados de Morales alegando vulneración de derechos. Ese mismo día, desde la Fiscalía General se ordenó la destitución de Gutiérrez y de otros dos fiscales de materia que investigaban a Morales. Más tarde, la exfiscal departamental denunció que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, le ordenó dejar el caso y reveló que tiene la grabación de esa conversación en la que se escucharía la voz “exigiéndole que no investigue a Evo Morales” por las denuncias de estupro en su contra. Lanchipa negó haber ordenado frenar la investigación, asegurando que la destitución de Gutiérrez se produjo porque hubo negligencia en sus acciones. Actualmente, el caso continúa abierto en la Fiscalía Departamental de Tarija donde se realizan los actuados investigativos correspondientes y la autoridad jurisdiccional declaró la reserva del caso con la finalidad de precautelar los derechos y garantías de la víctima. El caso de estupro y trata de personas  no sería el único, según señaló la exejecutiva de las mujeres ‘Bartolina Sisa’ Maribel Ávalos.  Evistas denuncian persecución La Fiscalía de Tarija reabrió el caso de estupro y trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales, investigado en principio en 2019. Se trata de un presunto abuso cometido en 2015, cuando la víctima tenía 15 años. Producto de ello, un año después, habría nacido una niña que lleva el apellido del exmandatario. Seguidores de Morales, entre estos sus abogados y exministros justifican que el caso solo se trata de una persecución política contra el expresidente.

Los afiliados de la Caja Nacional de Salud (CNS) esperan hasta seis meses para acceder a una consulta con un médico especialista. Los jubilados y los pacientes con cáncer son los más perjudicados en Cochabamba. La necesidad de aliviar sus dolencias obliga a decenas de asegurados a acudir a médicos particulares y clínicas privadas pese al aporte que hacen a la institución por más de 30 años.  El secretario de Relaciones de la Asociación de Rentistas Mineros, Alfredo Santiestevez, dijo que la “mala atención” es evidente porque para consultar en cualquier especialidad se espera de tres a seis meses. El sector aglutina a 3 mil jubilados mineros que cada mes aportan el 10 por ciento de su renta a la CNS.  “Lamentablemente, en la Caja, hace años que el 50 por ciento de los médicos y administrativos trabajan con contrato fijo y el resto, con uno temporal, que se tiene que renovar cada tres meses. Esto es lo que está perjudicando, porque para renovarles les hacen esperar unos 10 días y suspenden la atención”, explicó. Otro problema recurrente es la falta de medicamentos, una situación que obliga a los asegurados a erogar gastos. Éste es el caso de Viviana Ortuño, una maestra jubilada de 70 años con diabetes que cada mes gasta hasta 400 bolivianos en insulina porque en el seguro la dotación es limitada. Santiestevez señaló que este problema causa “vergüenza”, porque existen recursos económicos en la CNS, pero las importadoras de medicamentos no se presentan a las licitaciones que se convocan en La Paz por la variación de la cotización del dólar. “Nos han prometido muchas cosas desde la nacional, nos han dicho que podemos comprar medicamentos localmente hasta por 20 mil bolivianos y nos podrían devolver, pero ahora el médico ya no da la receta cuando ese medicamento no hay en la farmacia de la caja para evitar la devolución”, detalló. Por su parte, la presidenta de la Asociación Departamental del Servicio Pasivo de la Policía Boliviana (Adsppol), Noemi Valdivia, comentó que los pacientes con cáncer son más afectados con las deficiencias porque la espera les puede costar la vida. “Esta enfermedad, con tratamiento adecuado, se puede controlar, pero los asegurados viven un viacrucis, primero, porque antes de ser derivados con un especialista tienen que ir con un médico familiar y hacen fila para los servicios, luego porque cuando tienen radioterapia necesitan ir a La Paz o Santa Cruz en algunos casos”, aseveró. Este medio buscó insistentemente por dos semanas, sin éxito, la versión del administrador regional de la CNS Cochabamba, Marcelo Toco, sobre los reclamos. Compromisos Entre tanto, el dirigente de la Federación de Trabajadores Fabriles, Humberto Chavarría, mencionó que se determinó respaldar a Toco luego de que éste se comprometiera a contratar a personal de salud por un año, mejorar la dotación de medicamentos y gestionar la construcción de un hospital de segundo nivel, otro de oncología e infraestructura para un maternológico.  “Los contratos serán anualizados, no trimestrales. También hemos observado la ejecución del POA porque está con sólo un avance del 37 por ciento; hay compromiso de ejecutar el 100 y compras de equipamiento”, agregó. Chavarría aclaró que se respaldó al administrador, porque el cambio constante terminó ahondando la crisis y se prevé que hasta fin de año se vean las mejoras.

Desde que el Banco Central de Bolivia (BCB) levantó la prohibición sobre las criptomonedas para transacciones financieras, el uso de estos activos virtuales ha crecido un 141 por ciento, con un aumento del 105 por ciento en los valores comercializados, superando los 15 millones de dólares mensuales entre agosto y septiembre. A raíz de estos resultados, el BCB calificó a las criptomonedas como “una alternativa para dinamizar el comercio internacional”. No obstante, el sector empresarial ha señalado que las criptomonedas no son una solución viable para mitigar la escasez de dólares en operaciones de comercio exterior a gran escala. “15 millones de dólares al mes no representan ni el 2 por ciento del volumen mensual de importaciones”, indicaron fuentes empresariales. Entre las principales limitaciones está la escasa disponibilidad de criptomonedas en Bolivia, que, en muchos casos, deben comprarse con dólares. Además, los proveedores internacionales aún prefieren monedas tradicionales, como el dólar, sobre activos como Bitcoin, Ethereum o Tether. El presidente del BCB, Edwin Rojas, explicó que la mayoría de las operaciones con criptomonedas han sido realizadas por personas naturales y no por empresas. “No permiten transferencias superiores a los 5 mil dólares, por lo que no representan una solución para el empresario formal”, comentó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), en declaraciones a Los Tiempos. Camacho también subrayó que las criptomonedas aún no son aceptadas en muchos países y que, en general, las grandes empresas no consideran viable utilizarlas en sus operaciones. “Aunque las criptomonedas han resuelto algunos problemas para personas naturales, su uso en el comercio exterior sigue siendo muy limitado”, afirmó. En junio, el BCB emitió una resolución habilitando canales e instrumentos de pago para la compra y venta de criptomonedas. Desde entonces, varias personas han encontrado una vía para realizar transacciones internacionales sin la intervención de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Sin embargo, este alivio no ha alcanzado al sector exportador. “Las personas jurídicas no usan mucho las criptomonedas debido a los montos pequeños que manejan. Para operar con cantidades mayores, se necesitaría una legislación que permita trabajar sin trabas con estos activos”, señaló Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb). “No basta con un anuncio del BCB; necesitamos una ley”, agregó. Hugo Miranda, experto en economía digital de la Fundación Internet Bolivia, coincidió con Velasco. Durante un conversatorio, explicó que las empresas enfrentan dificultades para justificar ante el Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana las compras realizadas con criptomonedas. “El Estado parece ignorar estos problemas, dejando que las empresas se las arreglen como puedan, pero hace falta una regulación clara”, dijo Miranda. En lo que va del año, el promedio mensual de importaciones en Bolivia ha sido de 800 millones de dólares, muy por encima de lo que representan las criptomonedas. “No son la solución para las necesidades del país, al menos no para cubrir los grandes déficits, aunque sí son útiles para pagos pequeños”, explicó Cristian León, director de la Fundación Internet Bolivia. También recordó que su uso requiere un conocimiento técnico que no está al alcance de la mayoría de la población y que su carácter especulativo y riesgoso limita su adopción a una élite. La digitalización A pesar de que las criptomonedas no resuelven la demanda de dólares para el comercio exterior, su legalización es un avance hacia una economía más abierta a la digitalización, opinó Fabiola Acarapi, programadora e integrante de la Comunidad Ethereum Bolivia. “Para el comercio exterior no es suficiente, pero deberíamos empezar a pensar en exportar conocimiento, no sólo soya y otras materias primas, sino software, como lo hace Argentina”, comentó Acarapi en el conversatorio. Argentina es uno de los países con mayor volumen de criptoactivos en Latinoamérica, junto con Brasil, acumulando más de 75 mil millones de dólares, mientras que Bolivia apenas alcanza los mil millones. Acarapi subrayó que, si en países vecinos ya se han abierto mercados para la economía digital, también existe una oportunidad para Bolivia. Por su parte, Daniel Agramont, coordinador de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, advirtió que la escasez de dólares, calificada por el Gobierno como un problema temporal de iliquidez, podría extenderse por más tiempo. “La falta de dólares va para largo, y se necesitan soluciones estructurales, aunque por ahora se pueden implementar paliativos”, afirmó. En su análisis, Agramont explicó que el país ha cometido errores históricos al depender excesivamente de la producción de materias primas, cuyos precios son volátiles en el mercado internacional. “No entendimos que después de un boom en los commodities siempre llega una caída, y lo que debimos hacer es diversificar nuestra economía e invertir en industrias con valor agregado”, señaló. La disminución de la producción de gas natural ha afectado significativamente los ingresos de Bolivia, manteniendo altos niveles de gasto a pesar de menores ingresos, lo que ha generado déficits y ha contribuido a la desaceleración económica. “La salida de dólares del país se debe en gran parte al fin del ciclo del gas, tanto por la caída de los precios como por la reducción en la producción”, concluyó Agramont. El Gobierno de Luis Arce ha reconocido que no se ha explorado lo suficiente para reponer las reservas de gas, y que las medidas para industrializar el país podrían dar frutos recién después de 2026. Mientras tanto, Arce ha expresado su confianza en que los criptoactivos representan una alternativa válida para una parte de la población. Sin embargo, el desafío que enfrenta Bolivia no se limita únicamente a la implementación de criptomonedas como paliativo para la falta de dólares. Expertos coinciden en que el país necesita una estrategia integral que aborde la diversificación económica, promoviendo sectores con potencial de crecimiento sostenido, como la tecnología y la industria manufacturera. “Es necesario que el Gobierno fomente un entorno favorable para el desarrollo de nuevas industrias, generando empleo de calidad y reduciendo nuestra dependencia de las materias primas”, añadió Agramont. En este contexto, muchos economistas sugieren que las criptomonedas, aunque útiles en transacciones menores, no serán suficientes para abordar las necesidades

Naabol brindó el reporte de las condiciones adversas que se registran este lunes, por lo que se decidió la suspensión temporal de las operaciones de despegue de algunas terminales aéreas Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) detalló que el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, y las terminales aéreas de Trinidad y Rurrenabaque, en Beni, suspendieron este lunes 7 de octubre las operaciones de despegue a causa de la poca visibilidad que se registra por la densa humareda que cubre el cielo de estas regiones. En el comunicado publicado en las cuentas de redes sociales de Naabol se indica que la suspensión se produjo a las 06:28 y no se precisó el tiempo en el que se restablecerán las operaciones, esto en Viru Viru. Se informó además que, por normativas y reglamentaciones, las condiciones mínimas de visibilidad requeridas para las operaciones de despegue deben ser de visibilidad de 1.600 metros, pero se tiene reportada una visibilidad de 1.000 metros. Esta situación de suspensión de despegues se da nuevamente a causa de la densa humareda que se reporta en diversas regiones del país que se ven afectadas por los incendios forestales.

Los avicultores señalan dificultades para cubrir costos de producción. “Tener un pollo de menos de 15 bolivianos para la población, hoy en día, provoca que el productor no pueda cubrir sus costos”, lamentan El kilo de pollo se vende en Bs 17 en distintos mercados de Santa Cruz de la Sierra. Situación similar se vive en Cochabamba y en La Paz, donde se tiene reportes que este producto llegó a costar el kilo a Bs 18. Ante ello, los avicultores señalan diferentes factores que inciden en este incremento de precios y que tienen que ver con aspectos medioambientales y de índole económico, como la escasez de dólares. El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores de Santa Cruz, Omar Castro, indica que la producción avícola normalmente se mantiene en el ciclo del consumo nacional, por lo que no se generan excedentes, y cualquier desequilibrio “o golpea a la población con precios altos o golpea al productor con precios bajos”. Sostuvo que desde abril hasta la fecha hay meses en los que se ha importado hasta un 30% menos de gallinas reproductoras, pero estas aves recién van a estar en producción a fin de año o el próximo trimestre, el primero de 2025. El precio de los insumos también influye pues “es bien conocido que en Bolivia todo se ha subido, no hay producto que no haya subido y obviamente con mayor razón los que importamos, entonces ahí están minerales, vitaminas, vacunas, todo”. Con el tema del abastecimiento de maíz, dijo que también se ha hecho propuestas al Gobierno central para “que ellos compren y traigan el maíz”, pues “ellos tienen acceso a dólares a Bs 6,96 y nosotros a Bs 11” por lo que “nosotros le hemos dicho que le compramos el maíz, sin subvención, al precio que salga”. Tomando en cuenta todos estos factores, ¿qué se proyecta? Castro dijo que se espera que la situación adversa sea superada rápidamente en las granjas para que estos ciclos cortos se acomoden dentro de las próximas semanas. “Lo que sí hay que aclarar también es que tener un pollo de menos de 15 bolivianos para la población, hoy en día, provoca que el productor no pueda cubrir sus costos”. Ante los controles, observa que el Gobierno insiste en presionar en los mercados para que los precios bajen, pero esto es contraproducente, porque eso “va a desincentivar al productor y ellos van a pensar si es que vuelven a cargar de nuevo sus granjas”. Humo y calor Castro reflejó que, en esta época del año, debido al calor, se tiene una elevada tasa de mortalidad en las granjas, situación adversa que se ve incrementada por la densa humareda que se registra ahora a causa de incendios forestales, esto, en el entendido que a 150 kilómetros alrededor de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, está concentrada la mayor parte de la producción avícola. Entonces, la muerte de pollos se da por “el humo y al extremo calor” y con ese problema deben lidiar los productores puesto que las aves son más susceptibles de enfermarse debido a que se “genera un estrés que deprime su sistema inmunológico”. “En ese entendido, lo que estamos tratando es de mantener las cargas y sobre todo ahora, que dentro de un mes ya empezamos a cargar lo que es para fin de año, para navidad, de que eso se mantenga estable y que lastimosamente hoy por hoy tenemos que vivir con ese precio entre 15 y 16 bolivianos a la población por estos desajustes que hay en la cadena, en la producción”. Considera que el Gobierno no tiene forma, en estos momentos, de generar condiciones para que los precios bajen. “Creo que la solución es simplemente que haya dólares. Todo se mueve con dólares en Bolivia”. “Diésel, para importaciones de insumos, de lo que usted quiera, es con dólares, y si no hay dólares, no vamos a tener una situación estable”, dijo Castro.

Por ejemplo, por el kilo de la pierna de cerdo la anterior semana se pagaba Bs 24, ahora está en Bs 28. Las comerciantes están preocupadas por esta situación Las comerciantes de la calle Munaypata, en la zona Garita de Lima de la ciudad de La Paz, están preocupadas por el incremento del precio de la carne de cerdo. En un recorrido que realizó la red UNITEL la noche del jueves y la mañana de este viernes se pudo evidenciar que este alimento incrementó su valor en Bs 4, como promedio. Por ejemplo, por el kilo de la pierna la anterior semana se pagaba Bs 24, ahora está en Bs 28. En ese mismo sentido, ahora la chuleta de cerdo cuesta Bs 31 y la costilla Bs 33 y Bs 35. “Ha subido mucho la carne, estamos dando a 28 la pierna y la paleta. antes de que suba estábamos dando a 24, mire cuánto ha subido y cuánto subirá. Le pedimos al Gobierno que haga algo”, señaló una comerciante en una entrevista con TVOFF. “Este precio era en Navidad, Año Nuevo más que todo, no sabemos cuánto subirá”, lamentó. Esta proteína es usada en este lado del país para preparar varios platillos tradicionales, entre ellos el chicharrón, el fricasé y el lechón al horno. Pero además es un ingrediente clave del delicioso sandwich de chola. Según la comerciante, los intermediarios argumentan que el producto comenzó a subir por el contrabando “Según lo que dicen, están llevando a Perú como muchos productos de Bolivia y me parece muy mal. Miré cuánto las amas de casa deben incrementar para consumir el cerdo”, señaló.

Respecto a las acusaciones contra el exmandatario, el Grupo de Puebla considera que “algunas son infundadas» y que otras ya fueron «resueltas judicialmente en el pasado”. El Grupo de Puebla, compuesto por representantes de la izquierda latinoamericana, se expresó en relación a las recientes denuncias contra el expresidente Evo Morales. En criterio del grupo progresista, el gobierno de Luis Arce inició una guerra jurídica contra el exmandatario. “Sus legítimas diferencias (entre Arce y Morales) parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales (…), hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Morales”, señalaron en un comunicado. Denuncias El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió el miércoles que existen, por lo menos, cinco procesos legales en contra del exmandatario. Inclusive, se habría logrado una orden de aprehensión contra Morales, la cual finalmente se anuló por una acción de libertad a su favor. El miércoles, se hizo pública la orden de aprehensión contra Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas y estupro. Diversas autoridades del Gobierno, y el propio presidente Arce, afirmaron que, en caso de ser culpable, Morales no puede quedar impune, al tratarse de un delito en contra de una menor de edad. El Grupo de Puebla, por su parte, considera que algunas de las acusaciones contra el expresidente son “infundadas» y que otras ya fueron «resueltas judicialmente en el pasado”. ‘Daño contra un ciudadano’ “Invitamos al gobierno del Presidente Arce a no permitir que su gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano, estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático y allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales”, exhortaron. Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, anunció que seguirá con las investigaciones y advirtió con acciones legales contra la jueza que otorgó la acción de libertad en favor de Morales. El evismo, por su parte, denuncia que este hecho se trata de «persecución política». Según el comunicado, compañeros del Grupo de Pueblo trataron de mediar entre Arce y Morales, pero esto no fue suficiente. Aun así, afirmaron que seguirán en la búsqueda “de espacios pacíficos y democráticos de reencuentro entre las distintas facciones del MAS”.

Con cinco acciones anunciadas en las últimas horas, el Gobierno de Luis Arce activa procesos judiciales en contra del expresidente Evo Morales por los delitos de trata de personas y estupro. Tras el escándalo que ayer se destapó por la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, que firmó una orden de aprehensión contra Morales que luego fue desestimada por una jueza, el Gobierno, a través de dos ministerios y del propio Presidente, anunció, por separado, cinco medidas concretas. Arce pidió a la justicia boliviana declarar en reserva la investigación sobre el presunto caso de estupro contra una adolescente de 15 años cometido por Morales cuando era presidente del Estado en 2015. El Gobierno determinó que será parte de la acusación a través del Ministerio de Justicia. Se activará el proyecto de ley para la imprescriptibilidad de delitos contra menores. Ante el Tribunal Constitucional, se pedirá la revocatoria del fallo que suspendió la aprehensión del ahora dirigente cocalero. Y, finalmente, se tomarán acciones en contra de la autoridad jurisdiccional que suspendió la orden de apremio. En reserva Arce solicitará que la investigación contra Morales se declare en reserva para proteger a la víctima y evitar su politización.  Para Arce, este es un “tema sumamente delicado”, porque “está de por medio una menor,” y enfatizó que “el Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado, que tiene varias implicaciones para la población, como un tema político”. Imprescriptibilidad Arce enfatizó que es una prioridad del Gobierno “cuidar a la niñez” y recordó que, justamente, bajo este lineamiento, se presentó al Legislativo un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, pero hasta el momento no fue aprobado. Revocatoria El ministro de Justicia, César Siles, informó que se remitió al TCP la resolución del juzgado 14 de Sentencia Penal de Santa Cruz, que dejó sin efecto la aprehensión de Morales, con el objetivo de que sea revocado.  “La actuación de la jueza fue ilegal, arbitraria y vulneradora del procedimiento penal y constitucional. Vamos a presentar la denuncia al régimen disciplinario”, informó la autoridad. Acusación contra jueza El ministro de Justicia, César Siles, que se sumó a la parte acusadora contra Morales, pedirá al Ministerio Público, que se investigue a la juez Lilian Moreno por favorecer al expresidente Morales  El Ministro también cuestionó al fiscal general Juan Lanchipa, por haber destituido a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y otros dos fiscales de materia que estaban a cargo de la investigación contra Morales. Denuncia persecución El expresidente Evo Morales dijo ayer que no le extraña ni le preocupa el proceso en su contra por estupro y trata de personas y que derivó en una orden de aprehensión. “No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, publicó Morales en su cuenta de X. Morales no se refirió a la acusación de estupro. Exfiscal: Lanchipa no quería investigar el caso  El escándalo que estalló ayer e implica a Evo Morales empezó tras una denuncia el 26 de septiembre en contra del expresidente y los padres de la víctima (una menor de 15 años) por los delitos de trata y tráfico de personas y estupro sobre un hecho ocurrido en 2015 en Tarija. Producto de la relación de Morales con la víctima, nació una menor que en la actualidad tiene ocho años, y se encuentra registrada con los apellidos de Morales y de la madre. Según la exfiscal Sandra Gutiérrez, Lanchipa había ordenado que no se investigara el caso; no obstante, continuaron con las diligencias y se dictó la orden de aprehensión contra el expresidente. A pesar de que no se había notificado la orden aprehensión, los abogados de Morales presentaron el miércoles, en Santa Cruz, una acción de libertad y la jueza Lilian Moreno dejó sin efecto la orden por fallas procedimentales. Lanchipa aseguró que destituyó a Gutiérrez por los errores cometidos en este caso. Afirmó que se conformó una comisión de fiscales para continuar con el proceso investigativo contra el expresidente.

Un incendio forestal fuera de control arrasó con más de 20 viviendas la tarde de ayer en la comunidad Nueva Generación de Riberalta, Beni, afectando a varias familias que prácticamente lo perdieron todo. «Eran 28 casas y solo han quedado seis. Nos hemos quedado sin nada, hemos perdido todo, hasta los animales», señaló entre sollozos, Martha Melgar, pobladora de Nueva Generación a Ojo Riberalteño. Según reportes preliminares, hay personas con heridas con quemaduras  y también intoxicadas. Ls Bomberos Antofagasta de la Policía y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos llegaron hasta el lugar para sofocar el fuego. La población pidió ayuda para combatir el fuego y también donaciones. Se prevé un informe oficial apra esta jornada.

Por mayoría absoluta, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us 250 millones, para las tareas de sofocación de los incendios forestales que afectan al oriente de Bolivia. El presidente de la Comisión de Planificación, Omar Yujra, exhortó a sus colegas a ratificar la norma en la sesión plenaria de la próxima semana, y hacer a un lado “elementos de corte político y demagógicos”. Este crédito de $us 250 millones fue canalizado por el BID, para ayudar a la emergencia por desastres naturales y salud pública. El organismo internacional aprobó el crédito en mayo y el Ejecutivo lo remitió a la Asamblea Legislativa en septiembre. De acuerdo con el BID este préstamo contingente permitirá ayudar a Bolivia a “construir mayor resiliencia financiera frente a inundaciones, sequías, incendios forestales y posibles brotes epidémicos y pandémicos”. El crédito se suma a otro por $us 75 millones, facilitado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para también sofocar los incendios. Este segundo crédito es debatido en el pleno de la Cámara de Diputados, en virtud de un acuerdo multipartidario concretado por la presidenta en ejercicio Verónica Challco y que fue avalado por la mayoría de los legisladores en una resolución.