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El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, afirmó este miércoles que los alcaldes de La Paz y Achocalla serán convocados a declarar para que informen sobre la mazamorra que afectó la zona de Bajo Llojeta, con un saldo de un fallecido. En tanto, desde la Comuna paceña se informó que los trabajos de limpieza en la zona se extenderán por al menos dos meses, debido a la cantidad de lodo y agua que ingresó a la zona. «En las próximas horas se están revisando diferentes actos investigativos en los diferentes (lugares). En este caso, en el municipio de Achocalla y en la ciudad de La Paz para colectar mayores elementos de convicción. También serán citados, en este caso, el señor alcalde de La Paz y el señor alcalde de Achocalla en calidad de testigos, porque estas autoridades tienen información que el Ministerio Público necesita analizar y valorar para poder emitir los criterios dentro de la presente causa», dijo Torrez en conferencia de prensa. La Fiscalía inició una investigación de oficio por los delitos de otros estragos y peligro de estragos con agravante. La única orden de aprehensión en el proceso es contra el empresario de la Inmobiliaria Kantutani, propietaria del cementerio Los Andes, por presuntamente haber autorizado movimiento de tierras en terrenos que son de su propiedad. Limpieza Desde la Dirección de Emergencias de La Paz, informan que se ocuparían como mínimo dos meses de trabajos para limpiar toda la tierra estancada, producto de la mazamorra en Bajo Llojeta. Las lluvias que cayeron esta semana favorecieron y se logró extraer un metro y medio de la masa estancada en dicha zona. «Estimamos alrededor algo más de dos meses de trabajo por el volumen de deslizamiento. Solo pedimos comprensión, no podemos habilitar la avenida Los Sargentos por estos motivos», señaló Vladimir Vargas, Director de Emergencias del municipio de La Paz a Radio Panamericana, según recogió el portal Urgentebo. Advirtió de otro posible trágico suceso en estas zonas si las lluvias continúan y no se limpia en su totalidad todo el promontorio de tierra. La noche del pasado sábado, los vecinos de Bajo Llojeta perdieron sus viviendas tras la caída de una mazamorra. Desde las alcaldías de La Paz y Achocalla se echó la responsabilidad a la empresa Kantutani, que habría realizado movimiento de tierras. Anoche, una lluvia intensa causó nuevamente la preocupación de los vecinos.

Los vecinos  de la zona Santa Cecilia, en Bajo Llojeta, exigen que  las autoridades nacionales y municipales inspeccionen detrás del cementerio Los Andes donde la tierra acumulada puede deslizarse hasta la zona baja con una próxima lluvia, ocasionando otro desastre como la  del sábado en la noche. Julio Gutiérrez, vecino de la zona, dijo que “más allá de las denuncias que se presentará a la Fiscalía, lo más importante es la magnitud y la carga de mazamorra que se viene y que está concentrado en esta zona. Las autoridades deberían venir y ver la raíz, no están viendo eso. Están más preocupados por las demandas y procesos que vendrán luego, que ir al punto donde está el problema principal. Las autoridades no hay venido a verificar ni a inspeccionar esta zona”, advirtió.   A tres días del deslizamiento  en Bajo Llojeta, el lodo cubre  coches,  muebles y enseres. El nivel alcanza, por lo menos, las primeras plantas de la viviendas, cuyos ocupantes están alojados donde sus familiares. Hasta ayer, cuantificaron 40 casas afectadas, seis viviendas sepultadas por el barro y seis familias damnificadas, además de una cantidad sin cuantificar de vehículos. Lo más trágico fue la muerte de Camila, una niña de cinco años, y 14 personas heridas que aún se recuperan. Denuncia de oficio La Fiscalía de La Paz formalizó un proceso penal de oficio por el deslizamiento de mazamorra que cobró una vida y causó graves daños materiales en la zona de Bajo Llojeta. La investigación se abrió por delitos de estrago con agravante de haber causado la muerte de una niña de cinco años, indicó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez. Alcaldía de La Paz Desde la Alcaldía de La Paz se informó que el movimiento de tierras al río, 50 mil toneladas, fue realizado por una empresa que pretende ampliar un cementerio, bajo autorización del municipio de Achocalla. “Lo que aquí ha ocurrido es que ha tapado la bóveda, todo eso ha ido bajando, otra vez la irresponsabilidad de la gente”, dijo el alcalde Iván Arias. La inmobiliaria Kantutani, que es señalada como la culpable de la mazamorra que afectó a varias casas en Llojeta, La Paz, deslindó toda responsabilidad. Aseguró que la tragedia ocurrió por el taponamiento de un embovedado. “Aclaramos que los sucesos que afectaron la zona Llojeta fueron generados por el taponamiento del embovedado en el río Pasajahuira, que se encuentra a 1,5 km del cementerio Los Andes, y no fueron producto de los movimientos de tierra”, dice parte de su  comunicado. La pequeña Camilita iba a graduarse de kínder La niña Camila tenía cinco años, había culminado el kínder y todo estaba listo para festejarla. Sin embargo, la sonrisa de la pequeña fue apagada tras la mazamorra que atrapó casas en Bajo Llojeta, La Paz, tras una intensa lluvia. “Mi hija era la última, la más querida, la más consentida, la más alegre, ya estaba todo listo para su graduación, tenía su indumentaria”, relató Grover Mendoza, padre de la niña a Bolivisión. La familia de Camila no vive en Bajo Llojeta, pero sus padres decidieron acudir al lugar a visitar a una de las tías. Durante el desastre, la pequeña Camila estaba tomada de la mano de uno de sus primos, pero la caída de una piedra causó su separación.

El director departamental de Bomberos, Pavel Tovar, informó que tras horas de intensa búsqueda, se halló el cuerpo de la niña Camila de aproximadamente cinco años que estaba desaparecida por la mazamorra que sufrió la zona de Bajo Llojeta, de la ciudad de La Paz, este fin de semana. “Efectivamente, hemos encontrado el cuerpo de la niña sin vida que se encontraba perdida, lastimosamente sin vida. Hemos comunicado a sus familiares”, aseveró la autoridad a Red TVOFF Travel. Fueron largas horas de intensa búsqueda de Bomberos, la Policía, canes especializados, entre otros actores para encontrar el cuerpo de la menor de edad. La familia Mendoza se encuentra desconsolada por una visita a un familiar que terminó en una tragedia. “Estamos realizando el trabajo para sacarla del lodo, está totalmente sumergida en el lodo”, dijo Tovar.

El presunto autor confeso del asesinato de cinco personas en Pucamayu (Villa Tunari), Ernesto Almaraz Chura, de 33 años, reveló en su declaración informativa a la Policía que “las bases de la comunidad” decidieron quemar vivas a las víctimas, porque dos eran militares. Según Almaraz, él y otros lugareños estaban molestos con la Policía y con los militares debido a que los gasificaron en Parotani, Sipe Sipe, el 1 de noviembre, durante el desbloqueo del puente Pirque-Parotani. El presunto asesino relató en  la declaración que prestó el 17 de noviembre: “De alguna manera quería vengarme de ellos (militares y policías) y al saber que uno era militar tomé la decisión de vengarme y matarlos (…) Confieso que mi persona les disparó con salón (arma) a los cuatro, en sus cabezas y a Cristian le enterramos vivo”. Además, señaló que, el 11 de noviembre, se comunicó con Cristian Cruz Zerna, quien le ofreció cuatro armas de fuego, a 2.000 bolivianos cada una. “Cristian me dijo: Estamos viniendo con mi jefe a Corani. Me insistió llevar el dinero a Corani y yo le respondí: Los interesados en comprar armamento son personas mayores ”, señaló en el documento al que tuvo acceso Los Tiempos. El presunto autor reconoció que engañó a Cruz para que se traslade a la comunidad, donde llegó en un vehículo rojo el martes 12 de noviembre a las 9:00. Asimismo, contó que  Cristian llegó acompañado de Thadhashy Félix Loroña Mendoza (taxista), a quien supuestamente lo presentó como a su jefe y les dijo que era un militar retirado.  “Con la ayuda de mis amigos, Juan Cáceres, Sergio Paco, mi papá Juan Almaraz y un afiliado decidimos amarrar las manos de Cristian y de su amigo militar, les llevamos al galpón central de Pucamayu, donde la gente estaba en reunión, ahí les comenté que el señor Cristian me estafó 27.800 bolivianos”, añadió. En la declaración también reveló que en el momento del asesinato: “La base toma la decisión de quemarlos vivos. Nos dicen: Ustedes cinco lleven a estos cinco perros al río Tizón Mayu y les queman con gasolina. Los estábamos llevando, Cristian conducía el vehículo, todos estaban en el auto amarrados y nosotros en motocicletas por detrás”. El detenido detalló que, al llegar al río, Cristian huyó y que al primero que ejecutó fue al taxista con un arma de fuego y luego a los demás. “Después volvimos a subirlos al vehículo, les echamos gasolina y les quemamos”, indicó. Finalmente, mencionó que buscaron a Cristian, a quien lo encontraron en las plantaciones de plátano, durmiendo. “Decimos enterrar vivo a Cristian en medio del bosque”, afirmó.  El martes pasado, Ernesto Almaraz fue imputado por asesinato y enviado con detención preventiva a la cárcel San Sebastián Varones, por seis meses. La Policía todavía busca a otros cuatro implicados en el asesinato.

18 empresas ya fueron habilitadas por el Gobierno para la importación de combustible y de un total de 20 millones de litros de combustibles, más de un millón de litros de diésel oíl y gasolina especial ya fueron importados para consumo propio por empresas privadas, informó este martes el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Joel Callaú. “Cualquier persona natural o jurídica que necesite realizar una importación directa de combustibles líquidos para consumo propio lo puede hacer. Una vez que se solicita la nota de no objeción a YPFB, nuestra empresa atiende las solicitudes en 24 horas y comienza el trámite con la ANH y Sustancias Controladas, para obtener las autorizaciones y la hoja de ruta por el lugar donde va a ingresar el combustible y hasta dónde se va a dirigir. Hasta el momento más de un millón de litros han importado las empresas privadas”, explicó. A la fecha, 16 empresas cuentan con autorización para la importación de diésel oil y otras dos para gasolina especial, de acuerdo a resoluciones administrativas de autorización emitidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Callaú indicó que la estatal petrolera realizó talleres de capacitación sobre importación directa de combustibles para consumo propio, dirigidos a sectores empresariales, empresas privadas, cooperativas y otras instituciones a nivel nacional interesadas en importar combustibles. “La libre importación está habilitada en el país hace varios meses. Se hicieron más de dos talleres en los departamentos de Santa Cruz y La Paz, para explicarle al empresario cómo importar su combustible”, explicó la autoridad. Técnicos de YPFB informaron sobre las facilidades que otorga el Decreto Supremo 5218, el cual agiliza la emisión de autorizaciones de importación de hidrocarburos y sus productos refinados con la modificación del Decreto Supremo 28419, de 21 de octubre de 2005. La optimización de trámites de importación permite realizar todo el proceso de manera rápida y eficiente, con el objetivo de operativizar en un máximo de cinco días hábiles. La presentación de las especificaciones de calidad del combustible se podrá hacer con firma digital, con la finalidad de optimizar los tiempos. La agilización del proceso beneficia tanto a grandes empresas como a personas naturales o cooperativas que necesiten el combustible para sus actividades productivas. “No hay limitaciones en los volúmenes a importar, siempre y cuando sea para consumo propio”. Con el nuevo procedimiento, trámites que antes requerían la intervención de notarios y jueces, ahora se realizan mediante una declaración jurada ante la ANH, situación que acelera el proceso.

Desde Emapa se informó que para apoyar a los productores nacionales, se decidió implementar la Venta Móvil de Arroz en Camiones, a partir del lunes 18 de noviembre ”No hay arroz, nos dicen. Desde ayer (domingo) no hay arroz”, es la queja de una mujer que llegó este lunes por la mañana hasta dependencias de la Empresa de Apoyo a la producción de Alimentos (Emapa) en la zona norte de la capital cruceña, donde se tenía presencia policial para resguardar las instalaciones. Al igual que ella, varias personas buscaban el producto y se quejaban que no han logrado encontrarlo en estas dependencias, donde se conoce que precio de la arroba de este grano es de Bs 50,50, que es menor al que se tiene en mercados privado e informal, donde llega a los Bs 90. Pero las quejas no son solo en Santa Cruz, en Cochabamba también se tenía una situación similar este lunes en las oficinas de la empresa estatal en el Casco Viejo, que tenían resguardo policial. “Vine el sábado y no había arroz. Vengo ahora y tampoco hay. La gente está molesta”, dijo una compradora que asegura que como ella, hubo personas que pasaron la noche a la espera del producto, pero que finalmente no será vendido en estas dependencias. Días antes, la empresa estatal había indicado que “para garantizar que el arroz llegue a tu mesa a un precio justo y apoyar a los productores nacionales, Emapa ha decidido implementar la Venta Móvil de Arroz en Camiones, a partir del lunes 18 de noviembre”.

Esta tarde a las 16:00 el Gobierno sostendrá un diálogo con los sectores productivos de Santa Cruz y el país, con el propósito de resolver la problemática de los combustibles, la seguridad jurídica y biotecnología. El foco central será el reciente Decreto Supremo 5271 que libera la comercialización e importación de combustibles. “La expectativa no es otra que conocer por parte del gobierno nacional la respuesta al planteamiento, este que se ha realizado de alguna forma con el anuncio que hacía el ministro de Hidrocarburos y Energías Alejandro Gallardo” mencionó el gerente del  Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. El decreto supremo 5271 que pretende velar la normalidad del abastecimiento de diésel al sector productivo, principalmente agropecuario. La norma fue recibida de buena forma por la mayoría de instituciones, pero hay una serie de cuestionamientos, preocupaciones y preguntas que pretenden ser resueltas esta tarde. El sector  agropecuario busca el desarrollo económico del país, afirmó. Son 17 puntos que se abordarán y lo que se debe priorizar es “gobernar escuchando a los empresarios, porque es sabio” señaló Rodríguez. El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, explicó algunos puntos de la agenda de esta tarde. “Tenemos tres temas para tocar ahora en la tarde. La solución de una vez por todas del combustible, tenemos la seguridad jurídica, porque es muy importante para el productor boliviano. Necesitamos seguridad jurídica para volver a creer en el campo y seguir invirtiendo. Y esto es transversal, es la biotecnología”, dijo a Unitel.

Los dirigentes evistas Humberto Claros y Ramiro Cucho fueron detenidos ayer y posteriormente traslados a la ciudad de La Paz para declarar sobre las denuncias contra ellos por liderar los 24 días de bloqueos en el país. Claros fue detenido en Quillacollo, en Cochabamba, y luego fue trasladado, vía aérea, a la ciudad de La Paz. Fue llevado hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en medio de una caravana de nueve vehículos policiales, con los vidrios polarizados. Claros, dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) evista, fue uno de los líderes de la extrema medida de presión que provocó daños económicos por más de $us 2.000 millones y perjuicios a la población. En los puntos de bloqueo de Parotani y Mairana, además, los movilizados retuvieron a policías y periodistas, y respondieron con el lanzamiento de explosivos a los operativos de desbloqueo. Horas más tarde, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Cucho, fue detenido en la ciudad de Potosí y se lo llevó a dependencias de la Felcc en La Paz. La Fiscalía investiga a los bloqueadores por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tráfico de armas, tenencia o portación ilícita de armas, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro. Tras conocer de las detenciones, el expresidente Evo Morales las calificó de “ilegal y arbitrarias, que pretenden acallar al pueblo”. “Denunciamos la ilegal y arbitraria detención de Humberto Claros, dirigente de la Csutcb. Quien es injustamente privado de su libertad por liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia” dijo Morales en sus redes sociales. Para el senador masista Andrónico Rodíguez, se tratan de  detenciones políticas. “Claramente, el Gobierno ha abandonado el diálogo para optar por el camino de las detenciones políticas a dirigentes como Humberto Claros y otros”, protestó en sus redes sociales. La pasada semana, la Procuraduría había pedido la aprehensión de Claros, de Ponciano Santos y Juan Ramón Quintana,  por no asistir a declarar en el proceso iniciado por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y terrorismo. Acusados están en varios penales De los 90 bloqueadores evistas aprehendidos por la violencia en los desbloqueos dispuestos por Morales, 85 guardan detención preventiva en distintas cárceles de La Paz, mientras cinco están con detención domiciliaria. El abogado del expresidente Evo Morales, Wilfredo Chávez, aclaró ayer que ofrecerán apoyo jurídico a los detenidos en las operaciones de desbloqueo. Rechazó las denuncias de presunto abandono de los bloqueadores que fueron enviados a penales de la ciudad  de La Paz.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) completó la descarga de 74 mil barriles de diésel —equivalentes a 11,7 millones de litros— en el puerto de Arica, Chile, y se prepara para distribuirlos en Bolivia, con el fin de paliar la escasez de combustibles que afecta al país. El gerente de Transporte de Oleoductos de YPFB, Jhonny Chuquimia, informó que el proceso de desembarque comenzó el pasado sábado 9 de noviembre, con la descarga de gasolina, y concluyó el 12 de noviembre, con el diésel, tras algunas interrupciones debido a las condiciones climáticas adversas que obligaron al cierre temporal de la terminal portuaria. La gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, explicó, que esta operación forma parte de un plan amplio para restablecer el suministro de combustibles en el país. Recordó que, en octubre, los bloqueos de carreteras organizados por sectores afines a Evo Morales redujeron los despachos de diésel y gasolina en un 70% y 85%, respectivamente, generando largas filas en estaciones de servicio y complicando la distribución. Para afrontar esta situación, YPFB intensificó las importaciones de combustibles desde diversos puntos, como Paraguay, Argentina, Perú y ahora el puerto de Arica. En el operativo actual, ingresarán a Bolivia 1.100 cisternas de diésel y 1.040 de gasolina provenientes de estos destinos. Además, se prevé que entre finales de noviembre y diciembre lleguen nuevas importaciones que ayudarán a cubrir la demanda nacional. Delgadillo señaló que se abrirán nuevas ventanas de descarga en Arica, a partir del 14 de noviembre o el fin de semana siguiente, para recibir más cargamentos de combustibles. Malestar en el transporte A pesar de los esfuerzos de YPFB, la distribución irregular sigue generando malestar, especialmente en el sector de transporte pesado. Ayer, transportistas bloquearon rutas en varios puntos del país, como la extranca de Senkata en El Alto, Quillacollo en Cochabamba y en la zona de Cieneguillas en Potosí, exigiendo una solución urgente a la falta de diésel. “Estamos aquí hace cuatro noches esperando, sin combustible ni dinero para seguir viajando”, protestó uno de los transportistas en Senkata. En otras áreas de bloqueo, los conductores advirtieron con intensificar las protestas si no reciben una respuesta rápida del Gobierno. Ante estos conflictos, la Policía ha desplegado efectivos en las zonas de bloqueo para mediar y garantizar que el combustible llegue a las estaciones de servicio lo antes posible. No obstante, la falta de claridad en los tiempos de suministro genera tensiones entre los conductores, quienes dependen del diésel para sus actividades diarias. YPFB asegura que cuenta con contratos vigentes para garantizar los volúmenes de combustible necesarios y restablecer la normalidad en el flujo de combustibles en las estaciones de servicio en los próximos días.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia junto a los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y de los partidos políticos reafirmaron ayer la continuación de las elecciones judiciales a pesar de la reciente sentencia constitucional que declaró desierto el proceso en cinco de departamentos del país. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, leyó el documento denominado “Segunda declaración por la democracia” que “reafirma la realización de las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024” y rechaza la sentencia constitucional porque “incurre en una flagrante violación del principio de reclusión”. Los asistentes al encuentro expresaron en el documento firmado su respaldo pleno al TSE en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones judiciales en forma íntegra. Asimismo, el pronunciamiento ratificó la vigencia de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales promulgada en febrero pasado como una forma de “blindar” la realización de dichos comicios. El documento consensuado además emplaza al Ejecutivo del presidente Luis Arce a “garantizar los recursos económicos necesarios, ya presupuestados para la ejecución de las elecciones” y pide que el Legislativo emita un pronunciamiento en rechazo a la cuestionada sentencia, entre otros aspectos. El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, señaló que el propósito de la declaración es “garantizar el sufragio” de la población “sin injerencia o interferencias” que pongan en riesgo los procesos electorales. El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, advirtió que “cuando un poder esté subordinado a otro poder, ese país está perdido” e insistió en la necesidad de preservar la autonomía de las instituciones y de que cada órgano cumpla su rol sin interferencia de otros. Destacó la importancia de las elecciones judiciales a tiempo de señalar que la responsabilidad de garantizar su realización recae en toda la sociedad boliviana y no sólo en el TSE. El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ponderó que, de manera unánime y comprometida, todas las fuerzas políticas en Bolivia, además de los representantes del Órgano Legislativo, acordaron garantizar la realización de las elecciones judiciales y remarcó que es hora de que la democracia se imponga a los intereses de los magistrados autoprorrogados. “Es hora de que la democracia, con sus instrumentos e instituciones, se imponga por sobre los intereses espurios y sectarios de un grupo de autoprorrogados sin legitimidad”, sostuvo Mesa. Los asistentes al encuentro coincidieron en que el TCP pone en riesgo la democracia y futuros procesos electorales al intentar que los jueces tengan la potestad de paralizar elecciones. Declaración por la democracia El punto 1 de la declaración señala que “se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco constitucional y legal vigente en el país, por lo cual se rechaza la sentencia constitucional 770/2024, toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión”. Procuraduría demanda comicios en diciembre La Procuraduría General del Estado (PGE) “invocó” a los órganos de poder del Estado a asegurar las elecciones judiciales el 15 de diciembre, para garantizar la independencia y transparencia de la Justicia, conforme a la Constitución Política del Estado, que establece que las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura deben ser elegidas mediante sufragio universal. La Procuraduría emitió un comunicado por el cual demandó a los órganos del Estado asegurar la independencia y transparencia del sistema de justicia a través de este proceso electoral que se debe desarrollar en poco más de un mes. Advirtió que la falta de elecciones debilitaría la independencia del sistema judicial y ocasionaría un perjuicio económico significativo al Estado boliviano. “La Procuraduría, junto a su pueblo, lidera la defensa de los intereses genuinos del Estado”, señala el comunicado.