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Desde que el Banco Central de Bolivia (BCB) levantó la prohibición sobre las criptomonedas para transacciones financieras, el uso de estos activos virtuales ha crecido un 141 por ciento, con un aumento del 105 por ciento en los valores comercializados, superando los 15 millones de dólares mensuales entre agosto y septiembre. A raíz de estos resultados, el BCB calificó a las criptomonedas como “una alternativa para dinamizar el comercio internacional”. No obstante, el sector empresarial ha señalado que las criptomonedas no son una solución viable para mitigar la escasez de dólares en operaciones de comercio exterior a gran escala. “15 millones de dólares al mes no representan ni el 2 por ciento del volumen mensual de importaciones”, indicaron fuentes empresariales. Entre las principales limitaciones está la escasa disponibilidad de criptomonedas en Bolivia, que, en muchos casos, deben comprarse con dólares. Además, los proveedores internacionales aún prefieren monedas tradicionales, como el dólar, sobre activos como Bitcoin, Ethereum o Tether. El presidente del BCB, Edwin Rojas, explicó que la mayoría de las operaciones con criptomonedas han sido realizadas por personas naturales y no por empresas. “No permiten transferencias superiores a los 5 mil dólares, por lo que no representan una solución para el empresario formal”, comentó Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), en declaraciones a Los Tiempos. Camacho también subrayó que las criptomonedas aún no son aceptadas en muchos países y que, en general, las grandes empresas no consideran viable utilizarlas en sus operaciones. “Aunque las criptomonedas han resuelto algunos problemas para personas naturales, su uso en el comercio exterior sigue siendo muy limitado”, afirmó. En junio, el BCB emitió una resolución habilitando canales e instrumentos de pago para la compra y venta de criptomonedas. Desde entonces, varias personas han encontrado una vía para realizar transacciones internacionales sin la intervención de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Sin embargo, este alivio no ha alcanzado al sector exportador. “Las personas jurídicas no usan mucho las criptomonedas debido a los montos pequeños que manejan. Para operar con cantidades mayores, se necesitaría una legislación que permita trabajar sin trabas con estos activos”, señaló Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb). “No basta con un anuncio del BCB; necesitamos una ley”, agregó. Hugo Miranda, experto en economía digital de la Fundación Internet Bolivia, coincidió con Velasco. Durante un conversatorio, explicó que las empresas enfrentan dificultades para justificar ante el Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana las compras realizadas con criptomonedas. “El Estado parece ignorar estos problemas, dejando que las empresas se las arreglen como puedan, pero hace falta una regulación clara”, dijo Miranda. En lo que va del año, el promedio mensual de importaciones en Bolivia ha sido de 800 millones de dólares, muy por encima de lo que representan las criptomonedas. “No son la solución para las necesidades del país, al menos no para cubrir los grandes déficits, aunque sí son útiles para pagos pequeños”, explicó Cristian León, director de la Fundación Internet Bolivia. También recordó que su uso requiere un conocimiento técnico que no está al alcance de la mayoría de la población y que su carácter especulativo y riesgoso limita su adopción a una élite. La digitalización A pesar de que las criptomonedas no resuelven la demanda de dólares para el comercio exterior, su legalización es un avance hacia una economía más abierta a la digitalización, opinó Fabiola Acarapi, programadora e integrante de la Comunidad Ethereum Bolivia. “Para el comercio exterior no es suficiente, pero deberíamos empezar a pensar en exportar conocimiento, no sólo soya y otras materias primas, sino software, como lo hace Argentina”, comentó Acarapi en el conversatorio. Argentina es uno de los países con mayor volumen de criptoactivos en Latinoamérica, junto con Brasil, acumulando más de 75 mil millones de dólares, mientras que Bolivia apenas alcanza los mil millones. Acarapi subrayó que, si en países vecinos ya se han abierto mercados para la economía digital, también existe una oportunidad para Bolivia. Por su parte, Daniel Agramont, coordinador de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, advirtió que la escasez de dólares, calificada por el Gobierno como un problema temporal de iliquidez, podría extenderse por más tiempo. “La falta de dólares va para largo, y se necesitan soluciones estructurales, aunque por ahora se pueden implementar paliativos”, afirmó. En su análisis, Agramont explicó que el país ha cometido errores históricos al depender excesivamente de la producción de materias primas, cuyos precios son volátiles en el mercado internacional. “No entendimos que después de un boom en los commodities siempre llega una caída, y lo que debimos hacer es diversificar nuestra economía e invertir en industrias con valor agregado”, señaló. La disminución de la producción de gas natural ha afectado significativamente los ingresos de Bolivia, manteniendo altos niveles de gasto a pesar de menores ingresos, lo que ha generado déficits y ha contribuido a la desaceleración económica. “La salida de dólares del país se debe en gran parte al fin del ciclo del gas, tanto por la caída de los precios como por la reducción en la producción”, concluyó Agramont. El Gobierno de Luis Arce ha reconocido que no se ha explorado lo suficiente para reponer las reservas de gas, y que las medidas para industrializar el país podrían dar frutos recién después de 2026. Mientras tanto, Arce ha expresado su confianza en que los criptoactivos representan una alternativa válida para una parte de la población. Sin embargo, el desafío que enfrenta Bolivia no se limita únicamente a la implementación de criptomonedas como paliativo para la falta de dólares. Expertos coinciden en que el país necesita una estrategia integral que aborde la diversificación económica, promoviendo sectores con potencial de crecimiento sostenido, como la tecnología y la industria manufacturera. “Es necesario que el Gobierno fomente un entorno favorable para el desarrollo de nuevas industrias, generando empleo de calidad y reduciendo nuestra dependencia de las materias primas”, añadió Agramont. En este contexto, muchos economistas sugieren que las criptomonedas, aunque útiles en transacciones menores, no serán suficientes para abordar las necesidades

Un incendio forestal fuera de control arrasó con más de 20 viviendas la tarde de ayer en la comunidad Nueva Generación de Riberalta, Beni, afectando a varias familias que prácticamente lo perdieron todo. «Eran 28 casas y solo han quedado seis. Nos hemos quedado sin nada, hemos perdido todo, hasta los animales», señaló entre sollozos, Martha Melgar, pobladora de Nueva Generación a Ojo Riberalteño. Según reportes preliminares, hay personas con heridas con quemaduras  y también intoxicadas. Ls Bomberos Antofagasta de la Policía y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos llegaron hasta el lugar para sofocar el fuego. La población pidió ayuda para combatir el fuego y también donaciones. Se prevé un informe oficial apra esta jornada.

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, evidenció la devastación en la Chiquitanía a causa de los incendios forestales. Tuvo que transitar por carreteras en medio del fuego y vio familias desplazadas que se refugian en casas comunales. Bolivia vive un desastre por los incendios forestales, y una sala constitucional falló el martes en contra de las autoridades de los tres niveles de Gobierno por no haber atendido a tiempo la contingencia, determinó además la reparación del daño y la prevención para que no se repita, por una acción popular interpuesta por el Defensor del Pueblo. Callisaya llegó a Ascensión de Guarayos, Urubichá Salvatierra y Concepción, donde la situación es dramática. “Unas 14 familias, 64 personas entre mujeres y niños, permanecen refugiadas en la casa comunal; los hombres se quedaron en sus comunidades luchando contra el fuego o cuidando lo poco que les queda”, contó a Los Tiempos. Sentencia judicial Callisaya señaló que la resolución establece que las autoridades tienen tres meses para encarar acciones urgentes para la reparación de los bosques y la biodiversidad, para ayudar y lograr el retorno de los indígenas desplazados por los incendios, previa restauración de sus territorios. “Deben informar de los avances a la Justicia cada tres meses”, precisó. El incumplimiento de resoluciones es una responsabilidad penal que implica la cárcel, precisó. Debe haber acciones inmediatas para la protección de los parques, de los humedales, para el resarcimiento de los daños y para que las autoridades asuman con responsabilidad sus competencias.

El desastre ambiental en Bolivia no terminará cuando se apague el fuego, por lo que trabajar en la etapa posincendio es indispensable para recuperar las áreas boscosas, recomiendan los expertos. Entre las acciones a tomar están restituir a las comunidades indígenas a sus territorios, rehabilitar las fuentes de agua, recuperar las áreas productivas y garantizar el retorno a clases de los niños. Recomiendan que estos aspectos sean considerados en un plan gubernamental de recuperación posdesastre, contemplado en la declaratoria de desastre emitida el 30 de septiembre. Los incendios forestales se prolongan en el país por cuatro meses. A la fecha, ya se consumieron 6,9 millones de hectáreas, según datos oficiales. Para el director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis), Miguel Vargas, es fundamental que en la etapa posincendio se incluya en el plan la restitución a sus hogares de los pobladores expulsados de sus comunidades por el fuego. Los más perjudicados son los pueblos indígenas de las tierras bajas porque los incendios ocasionaron su desplazamiento forzado para preservar sus vidas. “Las comunidades indígenas de Santa Cruz, Beni y Pando pasan por una situación crítica porque están amenazadas y presionadas por la presencia del fuego”, señaló Miguel Vargas. Lamentó que durante los cuatro meses de incendios los niños no asistieron a clases de manera regular debido a la humareda y a la situación que vivían; por lo tanto, el acceso a la educación debe estar en el plan. “Muchos fueron evacuados porque perdieron su casa, sus cosas y se quedaron sin nada”, sostuvo. Sobre el tema, el secretario ejecutivo de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (Pbfcc), Juan Carlos Alarcón, dijo que el plan gubernamental de recuperación posdesastre debe contemplar una pausa ecológica indefinida para lograr recuperar los bosques porque la formación de estos ecosistemas demora varias décadas. Mencionó la urgencia de un debate entre los actores sociales sobre el modelo extractivista vigente en Bolivia que prioriza la agroindustria y el monocultivo sobre los intereses de los pequeños productores que son los que abastecen las mesas de los ciudadanos, y además amenaza la seguridad alimentaria. “No podemos vivir sólo de soya”, señaló Alarcón. La senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que la revisión de la normativa vigente es fundamental en la etapa posincendio y la restitución de todo el daño ocasionado. Consideró que los incendios no son casualidad y que, en gran medida, es deliberado con el fin de habilitar tierras de “forma criminal”. Los tres entrevistados coincidieron en que la pérdida del bosque agravará los periodos de sequía por la falta de agua por menos lluvias. “Sin bosque no hay lluvia, sin lluvia no hay agua”, alertó Miguel Vargas Ayuda del exterior Llegaron 49 bomberos forestales y especialistas en análisis del fuego de España, cuatro expertos de Chile, 58 bomberos forestales de Venezuela y 63 bomberos forestales de Brasil. Chile entregó 70 cascos amarillos, 70 cubrefaz, 120 guantes cortos, 70 botas de combate, 72 antiparras y 400 raciones de combate; España facilitó 50 equipos para bomberos forestales; Perú, 50 cajas de sistema guardián; Canadá, dos drones con cámaras termales para monitoreo de incendios forestales; entre otros. Calidad del aire sigue “muy mala” por humo El Índice de Calidad del Aire (ICA) en Santa Cruz se mantiene como “muy malo” para la salud de la población, principalmente en los grupos vulnerables. El secretario de Medio Ambiente de la alcaldía cruceña, Ariel Lino, la situación se debe a los vientos fuertes que provienen del norte, que están transportando la humareda de los incendios hacia la ciudad, elevando los niveles de contaminación atmosférica. Se prevé que esta contaminación persista hoy y se espera un cambio en la dirección de los vientos que podría ayudar a mejorar la calidad del aire, según reportó la Alcaldía. Lino recomendó el uso de barbijos en especialmente los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. Además, se exhortó evitar la exposición prolongada al aire libre y mantener una permanente hidratación. Se instalaron puntos de atención médica en dos plazas de Santa Cruz para atender a afectados por la humareda.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, reafirmó que una declaratoria de desastre nacional por los incendios forestales en Bolivia no garantiza un incremento en la cooperación internacional. Esta postura, compartida previamente por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue presentada en una entrevista en la televisora estatal, donde la autoridad explicó que este tipo de declaratoria tiene implicaciones políticas y no necesariamente aumenta la ayuda externa. Calvimontes subrayó que, en términos de asistencia internacional, declarar un desastre no cambiaría el panorama. “Muchos dicen que con la declaratoria de desastre vendrá toda la cooperación internacional, pero en realidad no es así”, expresó. Según el viceministro, los incendios forestales son un problema estructural que afecta a varios países, lo que complica la llegada de más ayuda internacional. “Los países nos han manifestado en muchas ocasiones que la ayuda debe ser compartida con otros países que también enfrentan eventos similares. Por ello, no creo que la declaración de desastre abra más posibilidades de cooperación”, explicó. Recursos nacionales El Gobierno ya declaró emergencia nacional ante los incendios y ha destinado recursos propios para enfrentar la situación. Calvimontes destacó que el alquiler de un avión para combatir el fuego ha sido cubierto con fondos nacionales, al igual que la compra de cajas guardián, que han demostrado ser útiles en la lucha contra los incendios. “No estamos cerrados a la posibilidad de declarar desastre, pero es una decisión que estamos evaluando continuamente”, afirmó, añadiendo que se sigue monitoreando de cerca la situación de los incendios para tomar las decisiones necesarias en el momento adecuado. Uno de los temas más urgentes planteados por Calvimontes fue la necesidad de desbloquear créditos internacionales por $us 325 millones para combatir los incendios. Parte de esos fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y están destinados a programas de emergencia y gestión ante desastres naturales. “Es fundamental que la Asamblea Legislativa destrabe estos créditos. No creo que llegue ayuda internacional superior a estos recursos que ya están bloqueados”, aseguró el viceministro, en un llamado directo a los asambleístas para que prioricen la aprobación de los fondos.

Los incendios forestales en Bolivia arrasaron a la fecha más de 5 millones de hectáreas, informaron desde el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz y la Fundación Tierra. Desde la Defensoría del Pueblo y los Gobiernos subnacionales, exigen al Gobierno central la declaratoria de desastre. El coordinador del COED de Santa Cruz, Johnny Rojas, precisó que, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de la Gobernación, se superaron los 5 millones de hectáreas devastadas por el fuego en Bolivia. “Hemos superado el dato histórico de Santa Cruz y Bolivia, es el desastre más grande”, dijo. Por su parte, el investigador de la Fundación Tierra, Efraín Tinta, mencionó que la cantidad de hectáreas quemadas en el país supera los 5,2 millones, según un análisis satelital, lamentó que desde el Gobierno central no se actualice la información. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió ayer al presidente Luis Arce la declaratoria de desastre nacional por los incendios forestales en el marco de la Ley 602 de gestión de riesgos, señaló. “No podemos permitir que nuestra casa llegue a estar en un estado de cenizas porque el avance del fuego está destruyendo totalmente la biodiversidad en nuestro país”, añadió Callisaya. Al igual que el Defensor, concejales, alcaldes, legisladores y Gobernadores pidieron al presidente la declaratoria de desastre, pero el ministro de Defensa Civil, Edmundo Novillo, indicó que esta declaratoria no garantiza mayor ayuda internacional. Ayer, los bomberos evacuaron a 52 familias de la comunidad Monte Verde ante la amenaza de que el fuego llegue al pueblo. Verónica Román, corregidora de la comunidad, explicó que se tomó la decisión para proteger la salud de los más vulnerables. Ayer se bombardeó nubes y en la tarde llovió en Concepción Pailón, San Ignacio de Velasco y San Miguel.  Desde el Ministerio de Salud se alertó de la necesidad de mantener la vigilancia de los afectados durante la etapa posincendios. El coordinador nacional para el programa Safci Mi Salud, Franz Trujillo, explicó que se presentarán enfermedades respiratorias y pulmonares debido a la intensa inhalación de humo a la que estuvo expuesta la población. También alertó de cuadros de estrés, ansiedad, depresión y pérdida de sueño, debido a la pérdida sufrida por las familias afectadas por los incendios, dolencias que deben ser atendidas. Denuncian falta de coordinación El presidente del Concejo Municipal de Concepción, Jesús Mencari, denunció la falta de coordinación con equipos del Gobierno que asisten a este municipio cruceño con los bomberos voluntarios que llegan al lugar. “Esto es una verdadera catástrofe que está viviendo Concepción, principalmente en cinco comunidades, que hoy se encuentran rodeadas por el fuego”, indicó el concejal. Las comunidades son Regreso, Sagrado Corazón, Macanaté, Puerto San Pedro y Monte Verde.

Los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista ratificaron ayer la conminatoria al presidente Luis Arce para el cumplimiento de su pliego petitorio bajo la advertencia de bloquear las carreteras del país desde el lunes; desde el Gobierno rechazaron la “extorsión” y denunciaron ante la comunidad internacional los afanes del expresidente Evo Morales de convulsionar al país para acortar su mandato constitucional. El dirigente evista Ponciano Santos precisó que ayer se cumplió el plazo para que Luis Arce cambie a los ministros de Gobierno, de la Presidencia, de Justicia, de Defensa y de Obras Públicas, Eduardo del Castillo, María Nela Prada, Iván Lima, Edmundo Novillo y Edgar Montaño, respectivamente.  Recordó que además dieron 48 horas para que el Gobierno resuelva el problema de la escasez de combustible, la falta de dólares y el alza de la canasta familiar y, como consideran “que no tienen la capacidad para atender los problemas del país” dio por hecho en inicio de los bloqueos en todo el país. En horas de la mañana, Morales aseguró que el plazo de 24 horas que le dio al presidente Arce fue para que solucione la escasez de combustible en el país, y no para el cambio de ministros, como afirmó en su concentración del lunes en La Paz. Aseguró que las medidas serían determinadas mañana en Cochabamba. Denuncia internacional Por su parte, la ministra de la Presidencia y canciller en ejercicio, María Nela Prada, informó que se reunió con los embajadores y representantes de organismos internacionales y les puso al tanto del accionar de Morales, quien encabezó una marcha que al final, en La Paz, terminó dando un ultimátum de 24 horas al presidente Luis Arce, “si es que quiere seguir gobernando”. De acuerdo con la Ministra, el bloqueo de caminos —como Morales lo había consignado en el pliego— apunta a asfixiar económicamente a las familias bolivianas, cercar ciudades y dejar sin alimentos ni combustible a las comunidades, municipios y departamentos.  “Siempre denunciamos que el objetivo de la marcha no era otro que imponer la candidatura de Evo Morales, para ello estaba dispuesto no sólo a generar convulsión en nuestro país, sino también a generar un escenario que derivaría en bloqueos con la intención de generar un escenario de malestar social y escalada de conflictividad que nos lleve a una situación de enfrentamientos que ponga fin a un Gobierno democrático”, advirtió.

El Gobierno “rechaza las declaraciones realizadas por el expresidente Evo Morales, así como cualquier tipo de extorsión o condicionamiento en contra de la voluntad del pueblo expresada en las urnas”. El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció ante la comunidad internacional que la marcha que lideró el expresidente Evo Morales amenazó directamente la “continuidad del orden democrático” al darle un ultimátum a la gestión de Luis Arce. “En una concentración realizada este lunes el expresidente Evo Morales ha amenazado con interrumpir la continuidad del orden democrático al dar un ultimátum al presidente constitucional Luis Arce para que en 24 horas cambie su gabinete de ministros si quiere seguir gobernando”, señala un comunicado que compartió la Cancillería. Marcha La llamada “Marcha para salvar a Bolivia”, que impulsó el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), llegó el lunes a la ciudad de La Paz. Partió de Caracollo, Oruro, el pasado martes 17 de septiembre. Los miles de movilizados se instalaron en inmediaciones de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), donde se armó una tarima desde la cual Morales se dirigió a sus simpatizantes. El exmandatario pidió el cambio de ministros “narcos, corruptos y drogos” si es que Arce quería continuar gobernando. Rechazo Por su parte, el comunicado de la Cancillería señala que el Gobierno “rechaza las declaraciones realizadas por el expresidente Evo Morales, así como cualquier tipo de extorsión o condicionamiento en contra de la voluntad del pueblo expresada en las urnas”. A su turno, el exmandatario denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que funcionaros al Gobierno “planificaron un ataque a los marchistas”. Diálogo De acuerdo con el oficialismo, ellos mostraron “vocación democrática” al intentar entablar, ‘reiteradamente’, un diálogo con Morales; sabiendo que es la mejor manera de “resolver los conflictos”. El Defensor del Pueblo se sumó a la convocatoria al diálogo y ambas partes mostraron interés en participar. Sin embargo, por el momento, no existe fecha, hora, ni siquiera lugar, para la conversación entre los líderes de las dos facciones del MAS.

Se pide dar una pausa en las medidas de presión para que los líderes políticos y sociales involucrados en el conflicto puedan tener las condiciones para iniciar un proceso de diálogo La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento sobre la “situación de conflictividad en Bolivia” y pidió a los actores involucrados depongan “actitudes hostiles” para evitar la escalada de conflictividad en el país y reducir cualquier posibilidad de enfrentamientos entre bolivianos. El documento fue publicado en sus redes sociales en el marco de una marcha que impulsan sectores evistas del MAS, que se dirigen a la ciudad de La Paz para reclamar en contra del Gobierno de Luis Arce. “Es fundamental actuar preservando los derechos humanos, principalmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidades”, expresó. En el pronunciamiento, también se insta al respeto de la libertad de expresión, “pilar fundamental del periodismo” y se demanda al Estado garantizar los derechos constitucionales de los periodistas para ejercer su labor informativa. “Enfatizamos en el llamado a los sectores movilizados a establecer una pausa en las medidas de presión para que los líderes políticos y sociales involucrados en el conflicto puedan tener las condiciones para iniciar un proceso de diálogo que nos permitan preservar el sistema democrático nacional”, reza parte del documento.

Después de cuatro meses de incendios forestales que devastan a varios municipios de Santa Cruz, Beni y Pando, la situación no mejora en esas regiones pese a la declaratoria de emergencia, pausa ambiental y ayuda internacional. Los daños en la flora, la fauna, los pobladores y las consecuencias de la humareda persisten. Un equipo de biólogos de la Universidad de Beni cuantificó las pérdidas en la fauna provocadas por los incendios en 10 millones de animales muertos, especialmente en la región de la Chiquitanía. El estudio asegura que perecieron especies que aún no han sido documentadas por la ciencia. “No sólo se trata de los animales calcinados o los bosques destruidos, sino de una pérdida profunda en la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para regenerarse”, explicó el biólogo Vincent Vos, quien lleva 23 años en Bolivia estudiando la salud planetaria. Según el experto, la capacidad de carga de estos ecosistemas ha quedado devastada. Vos, miembro del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma de Beni, detalló que mamíferos, aves, anfibios y reptiles murieron . Los equipos de rescate encontraron en las regiones incendiadas animales calcinados como capibaras, serpientes, osos hormigueros, lagartos, ranas y todo tipo de insectos. Según testimonios de los pobladores, otras especies fueron capturadas por cazadores cuando escapaban.  El experto detalló a medios de prensa que existen especies susceptibles a desaparecer como los reptiles y los anfibios, estos últimos son más vulnerables porque habitan cerca del agua y después del incendio lo poco que queda de las vertientes está contaminada.  Humareda Ayer, la empresa de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) cerró 19 aeropuertos de 39 que existen en Santa Cruz, Beni y Pando debido a las humaredas generadas por los incendios. Tres terminales aéreas efectúan operaciones comerciales en Beni (Riberalta, Guayaramerín y Trinidad). También se restringió operaciones en la terminal aérea de El Trompillo. Santuario Los incendios forestales amenazan al Santuario de Fauna Silvestre Ambue Ari que alberga más de 100 animales rescatados del tráfico, caza ilegal, tenencia ilícita y de los diferentes incendios que hay en el país. Según la directora de Comunicación, Ana Encinas, un incendio en la cima de la montaña que protege el santuario se expandió con rapidez a pesar del apoyo aéreo y la intervención de bomberos. El Santuario de Ambue Ari es una reserva importante de flora y fauna ubicada en la carretera Santa Cruz-Trinidad. “El fuego ha rebasado la capacidad humana, ahora se está expandiendo y ya se está acercando a las áreas donde tenemos animales que son rescatados”, dijo Encinas Queman 4 millones de hectáreas  En lo que va del año, los incendios han devastado unas 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales, según la última información oficial, aunque instituciones privadas reportan que son más de 4 millones de hectáreas. Bolivia sufre una de las peores crisis ambientales de los últimos años, después de que en 2019 se registraran 5,3 millones de hectáreas de bosques y pastizales devastados por los incendios, que en esta época son un problema por las quemas controladas o chaqueos.