PORTADA 3

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico Marco Pumari fueron trasladados la madrugada de este martes al Juzgado Sexto de La paz para reinstalar la audiencia de juicio por el caso golpe de Estado I. Camacho fue llevado desde el penal de Chonchocoro hasta el juzgado cerca de las 05:45, mientras Pumari llegó una hora después, desde el penal de san Pedro, según reportes televisivos. La audiencia está señalada para las 08:45 de este martes 29 de octubre, por el caso que indaga los sucesos de la crisis de 2019, que terminó con la renuncia del expresidente Evo Morales, en medio de denuncias de fraude electoral. La audiencia se realizará en el salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que está cerca a la Plaza Murillo, donde se llevará a cabo la audiencia. Camacho y Pumari llegan a su audiencia luego que el juez sexto del tribunal de sentencia, Marco Vargas, pidió al Ministerio Público subsanar las observaciones que se hicieron a la acusación formal contra las dos personas citadas. Tras esto, el subprocurador del Estado, Ricardo Condori, señaló que no existe una anulación a la acusación y manifestó que la autoridad jurisdiccional observó la acusación formulada por la Fiscalía, la cual tuvo un plazo de 24 horas para ser subsanada. La investigación en este caso se activó tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, a finales de 2020. Camacho y Pumari responden a la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros, por las movilizaciones ciudadana que se dieron entre octubre y noviembre de 2019, ocurridas tras las fallidas elecciones presidenciales de ese año.

El medio español El Debate, en un reportaje firmado por el periodista Alejandro Entrambasaguas, ha presentado una investigación que expone presuntas pruebas de abusos sexuales cometidos por el expresidente boliviano Evo Morales contra menores de edad durante su mandato. La publicación, fechada el 27 de octubre, incluye fotografías y testimonios que, según el medio, confirman una relación sostenida de Morales con adolescentes y revelan la presunta participación de altos cargos policiales y figuras políticas en un encubrimiento de estos hechos. Según el reportaje, Morales está siendo investigado por delitos de trata de personas, estupro y otros posibles abusos. El Debate sostiene que el expresidente habría mantenido relaciones con al menos dos adolescentes durante su gestión. Como parte de las pruebas presentadas, el medio asegura poseer fotografías en las que Morales aparece junto a una de las jóvenes y su hija, así como conversaciones que documentan una relación entre ellos. Una de las jóvenes mencionadas en la investigación es Cindy Sarai Vargas Pozo, quien habría iniciado una relación con Morales desde los 14 años. Según el reportaje, la menor quedó embarazada a los 15, y en el acta de nacimiento del bebé, Morales habría sido registrado como padre. La investigación también señala que la joven y su hija fueron reportadas como desaparecidas la semana pasada, lo cual ha incrementado la atención de la Fiscalía boliviana sobre el caso. Presunto encubrimiento Además de Morales, el reportaje implica a familiares de Cindy Sarai en un posible encubrimiento. Según El Debate, varios miembros de la familia de la joven habrían sido favorecidos con cargos en instituciones gubernamentales, lo cual indicaría un posible intercambio de favores para mantener en secreto la relación. Se menciona que Idelsa Pozo, madre de Cindy, y uno de sus hermanos trabajaron en el Ministerio de Obras Públicas y en la Autoridad de Telecomunicaciones, mientras que el padre de Cindy, Emeterio Vargas, habría admitido ante la policía conocer la relación de su hija con Morales, lo que también está bajo investigación para determinar si existió un acuerdo económico con la familia. Otro caso similar El reportaje también menciona un segundo caso: el de Noemí Meneses Chávez, quien habría tenido una relación con Morales desde que era menor de edad. Este caso salió a la luz en 2020, cuando Meneses fue detenida durante un control policial en Cochabamba mientras viajaba en un vehículo oficial del Estado, reportado como robado. Las autoridades encontraron en su teléfono móvil imágenes y mensajes que documentaban una relación con Morales. La situación generó una crisis en la Gobernación de Cochabamba y dio lugar a nuevas investigaciones sobre posibles abusos y agresiones físicas, supuestamente encubiertas por altos mandos policiales. En la investigación, se mencionan nombres de exministros y líderes actuales del Movimiento al Socialismo (MAS), como Álvaro García Linera, Carlos Romero y el senador Leonardo Loza, quienes habrían sido cómplices en el encubrimiento de los abusos. Según El Debate, estas figuras habrían colaborado para proteger la relación entre Morales y las menores con el fin de evitar un escándalo que pudiera afectar la imagen del expresidente y del partido. El medio también sugiere que las menores fueron trasladadas en múltiples ocasiones en vuelos nacionales, con gastos de viaje que aparentemente exceden la capacidad económica de sus familias. Según la publicación, entre 2015 y 2019, Cindy Sarai habría realizado hasta 140 vuelos dentro de Bolivia, algunos de ellos junto a su hija, acumulando un costo estimado de 110.000 bolivianos, monto difícil de asumir para una familia de recursos limitados. Reacciones La investigación periodística ha generado gran polémica en Bolivia en medio de un contexto político ya polarizado. Mientras simpatizantes del MAS bloquean carreteras y califican las acusaciones como una persecución política, líderes de la oposición exigen una investigación profunda y justicia para las posibles víctimas. La publicación también ha abierto el debate sobre el funcionamiento del sistema de justicia en Bolivia y las estructuras de poder que, según críticos, habrían protegido a Morales y a otros altos funcionarios. La presentación de estas pruebas genera expectativas sobre el accionar de la Fiscalía y las posibles repercusiones para el futuro del MAS, partido que Morales sigue liderando.

Los seguidores de Evo Morales retomaron el bloqueo del puente Parotani, en el kilómetro 39 de la carretera entre Cochabamba y el occidente del país, tras un duro enfrentamiento con la policía. El contingente policial avanzó hasta el puente luego de varias horas de enfrentamientos y gasificación. Los evistas respondieron con dinamita, petardos y piedras. Los efectivos policiales retrocedieron hasta el kilómetro 38. Los evistas cumplen 12 días de bloqueo exigiendo solución a la falta de dólares, combustible y también pidiendo la anulación de los procesos contra Evo Morales, investigado por estupro.

El nuevo Fiscal General de Estado, Roger Mariaca, estará este miércoles en Sucre para asumir su cargo y pedirá informes al fiscal de Tarija para conocer todos los detalles del proceso penal  en contra de Evo Morales por el supuesto delito de estupro.  “No he tenido acceso al cuaderno de investigación, no tengo los informes correspondientes y con más responsabilidad en el transcurso de las horas, me voy a informar una vez estando en el lugar. Una vez teniendo el informe de la Fiscal de Tarija y de los 8 fiscales del país con relación a los casos de más relevancia que puedan tener, no podemos dejar de lado los hechos de corrupción, los hechos de narcotráfico que también son parte de la investigación”, afirmó Marica en TVOFF. Sobre la orden de aprehensión del exmandatario Evo Morales, señaló que es la Policía Boliviana quien ejecuta las órdenes. Mariaca también adelantó que evaluará a todos los fiscales departamentales del país para determinar su continuidad o cambio.

La reciente aprobación del evento Organismo Genéticamente Modificado (OGM) Soya Intacta ha sido recibida con optimismo por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que considera esta medida un avance significativo para el sector agroindustrial que fomentará la producción de biodiésel. “La autorización del evento OGM Soya Intacta es un avance muy importante para aumentar la producción de biocombustibles y un impulso al sector agroindustrial, que precisa con urgencia la implementación de biotecnología”, se lee en un comunicado de la CEPB.  La noticia fue anunciada durante una cumbre de los Interculturales el pasado fin de semana, donde se enfatizó que la aprobación no fue sólo una solicitud de los empresarios, sino una demanda de la “familia intercultural”.  Los representantes afirmaron que el Gobierno nacional está apoyando a las comunidades más necesitadas con esta resolución. La aprobación del uso del OGM cuenta con el respaldo del Comité Nacional de Bioseguridad y varios ministerios, entre ellos el de Desarrollo Productivo, Desarrollo Rural y Tierras, Salud y Deportes, Medio Ambiente y Agua, y Relaciones Exteriores. Este amplio apoyo institucional resalta la seriedad y la importancia de la incorporación de la biotecnología en el sector agroindustrial. Ley y pruebas No obstante, también existen dudas sobre el procedimiento, ya que activistas ambientales y funcionarios del INIAF señalaron que una aprobación de este tipo requeriría una ley del Legislativo y pruebas de campo.  Asimismo, la Soya Intacta se caracteriza por resistir el herbicida glifosato, cuestionado por sus posibles efectos en el medioambiente y la salud humana.  La resolución establece varios puntos clave. En su segundo punto, se autoriza el uso del evento OGM Soya Intacta MON 877-01 por MON 897-88. Esta autorización es vista como una oportunidad para aumentar la producción de biocombustibles y revitalizar el sector agrícola en el país. El documento también exhorta a los ministerios y al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) a realizar seguimiento, control y supervisión para asegurar que el uso del OGM se limite a la producción de aditivos vegetales. Los mismos serían utilizados en la nueva planta de biodiésel que se instaló en Santa Cruz. Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), destacó que la aprobación del OGM Soya Intacta es el resultado de un arduo trabajo técnico de años, particularmente de los productores soyeros, de acuerdo a un reporte de El Deber.  Moreno señaló que la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) jugó un papel crucial en el seguimiento y homologación del proceso.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró este jueves que las Elecciones Judiciales no fueron «suspendidas ni paralizadas» y la devolución de las listas de candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura responde a cumplir la resolución emanada por la Sala Constitucional Primera del Beni. «La Sala Plena del TSE, como máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional, determinará y comunicará oportunamente la situación del proceso electoral», señala el comunicado emitido por el Órgano Electoral. Horas antes, se había conocido que el TSE devolvió la lista de candidatos para las elecciones judiciales a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, afirmó que el Órgano Electoral se encuentra en «tal incertidumbre» debido a las contradicciones encontradas por diferentes Salas Constitucionales. Y es que Salas Constitucionales de Pando y Beni ordenaron paralizar las Elecciones Judiciales; sin embargo, una instancia similar de La Paz emitió una medida cautelar para que se pueda continuar con el proceso. «Hay tres salas: dos declaran desiertas las elecciones y una pide proseguir. Por tanto, hay incertidumbre; no nos están dando la seguridad jurídica que deberíamos tener en este proceso electoral judicial», afirmó Tahuichi entrevistado por la Red Uno. El comunicado del TSE, en ese sentido, afirmó que esperará la resolución de la Sala Constitucional de La Paz que podría confirmar la continuidad de las Elecciones Judiciales amparado en el principio de preclusión.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este miércoles que los bloqueos de sectores evistas obedecen a «intereses particulares» y tienen una motivación «política» que busca habilitar la candidatura de Evo Morales en los comicios de 2025. «A Evo Morales no le interesa el perjuicio que está provocando a la población, es un bloqueo político por un interés individual», dijo Alcón en conferencia de prensa, en la ciudad de La Paz. Los sectores evistas cumple hoy su tercer día de bloqueo indefinido exigiendo el cese de la persecución judicial de su líder, además de un amplio pliego petitorio que incluye la solución a problemas económicos, como la falta de dólares y diésel. El expresidente enfrenta un proceso por presunto estupro. Para Alcón, la movilización evista busca la habilitación «inconstitucional» de Morales como candidato y señaló que el bloqueo «provocará incremento de precios y especulación. Morales está dispuesto a estrangular la economía boliviana por intereses personales». Afirmó que los evistas «no han respondido a las invitaciones de diálogo». «El interés del bloqueo es político, ellos piden levantar procesos, la candidatura (de Morales), reconocimiento de Lauca Ñ, a costa de estrangular la economía de las familias bolivianas», afirmó.

Un segundo avión cisterna Electra Tanker llegó este lunes a Bolivia y se sumará a la flotilla de aeronaves que combate los incendios forestales desde el aire, principalmente, en Santa Cruz, la región más golpeada por los siniestros. El presidente Luis Arce confirmó el arribo de este tipo de avión cisterna, que tiene una capacidad de descargas múltiples y almacena 11.300 litros de agua, como parte del Plan Aéreo «Guardián» contra los incendios en zonas de difícil acceso. «Estamos atacando los incendios por tierra y aire, sin escatimar esfuerzos ni recursos para proteger a nuestra población, a nuestra flora y a nuestra fauna», destacó. El 21 de septiembre llegó el primer avión cisterna Electra Tanker T481 y el helicóptero Airbus BK117 D3 con Bambi Bucket, que ya trabajan en apagar los incendios. El avión cisterna Electra Tanker T481, de la empresa Air Spray de Canadá, tiene una capacidad de descargas múltiples y almacena 11.300 litros de agua.

Los afiliados de la Caja Nacional de Salud (CNS) esperan hasta seis meses para acceder a una consulta con un médico especialista. Los jubilados y los pacientes con cáncer son los más perjudicados en Cochabamba. La necesidad de aliviar sus dolencias obliga a decenas de asegurados a acudir a médicos particulares y clínicas privadas pese al aporte que hacen a la institución por más de 30 años.  El secretario de Relaciones de la Asociación de Rentistas Mineros, Alfredo Santiestevez, dijo que la “mala atención” es evidente porque para consultar en cualquier especialidad se espera de tres a seis meses. El sector aglutina a 3 mil jubilados mineros que cada mes aportan el 10 por ciento de su renta a la CNS.  “Lamentablemente, en la Caja, hace años que el 50 por ciento de los médicos y administrativos trabajan con contrato fijo y el resto, con uno temporal, que se tiene que renovar cada tres meses. Esto es lo que está perjudicando, porque para renovarles les hacen esperar unos 10 días y suspenden la atención”, explicó. Otro problema recurrente es la falta de medicamentos, una situación que obliga a los asegurados a erogar gastos. Éste es el caso de Viviana Ortuño, una maestra jubilada de 70 años con diabetes que cada mes gasta hasta 400 bolivianos en insulina porque en el seguro la dotación es limitada. Santiestevez señaló que este problema causa “vergüenza”, porque existen recursos económicos en la CNS, pero las importadoras de medicamentos no se presentan a las licitaciones que se convocan en La Paz por la variación de la cotización del dólar. “Nos han prometido muchas cosas desde la nacional, nos han dicho que podemos comprar medicamentos localmente hasta por 20 mil bolivianos y nos podrían devolver, pero ahora el médico ya no da la receta cuando ese medicamento no hay en la farmacia de la caja para evitar la devolución”, detalló. Por su parte, la presidenta de la Asociación Departamental del Servicio Pasivo de la Policía Boliviana (Adsppol), Noemi Valdivia, comentó que los pacientes con cáncer son más afectados con las deficiencias porque la espera les puede costar la vida. “Esta enfermedad, con tratamiento adecuado, se puede controlar, pero los asegurados viven un viacrucis, primero, porque antes de ser derivados con un especialista tienen que ir con un médico familiar y hacen fila para los servicios, luego porque cuando tienen radioterapia necesitan ir a La Paz o Santa Cruz en algunos casos”, aseveró. Este medio buscó insistentemente por dos semanas, sin éxito, la versión del administrador regional de la CNS Cochabamba, Marcelo Toco, sobre los reclamos. Compromisos Entre tanto, el dirigente de la Federación de Trabajadores Fabriles, Humberto Chavarría, mencionó que se determinó respaldar a Toco luego de que éste se comprometiera a contratar a personal de salud por un año, mejorar la dotación de medicamentos y gestionar la construcción de un hospital de segundo nivel, otro de oncología e infraestructura para un maternológico.  “Los contratos serán anualizados, no trimestrales. También hemos observado la ejecución del POA porque está con sólo un avance del 37 por ciento; hay compromiso de ejecutar el 100 y compras de equipamiento”, agregó. Chavarría aclaró que se respaldó al administrador, porque el cambio constante terminó ahondando la crisis y se prevé que hasta fin de año se vean las mejoras.

Con cinco acciones anunciadas en las últimas horas, el Gobierno de Luis Arce activa procesos judiciales en contra del expresidente Evo Morales por los delitos de trata de personas y estupro. Tras el escándalo que ayer se destapó por la destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, que firmó una orden de aprehensión contra Morales que luego fue desestimada por una jueza, el Gobierno, a través de dos ministerios y del propio Presidente, anunció, por separado, cinco medidas concretas. Arce pidió a la justicia boliviana declarar en reserva la investigación sobre el presunto caso de estupro contra una adolescente de 15 años cometido por Morales cuando era presidente del Estado en 2015. El Gobierno determinó que será parte de la acusación a través del Ministerio de Justicia. Se activará el proyecto de ley para la imprescriptibilidad de delitos contra menores. Ante el Tribunal Constitucional, se pedirá la revocatoria del fallo que suspendió la aprehensión del ahora dirigente cocalero. Y, finalmente, se tomarán acciones en contra de la autoridad jurisdiccional que suspendió la orden de apremio. En reserva Arce solicitará que la investigación contra Morales se declare en reserva para proteger a la víctima y evitar su politización.  Para Arce, este es un “tema sumamente delicado”, porque “está de por medio una menor,” y enfatizó que “el Gobierno nunca va a utilizar un caso tan delicado, que tiene varias implicaciones para la población, como un tema político”. Imprescriptibilidad Arce enfatizó que es una prioridad del Gobierno “cuidar a la niñez” y recordó que, justamente, bajo este lineamiento, se presentó al Legislativo un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes, pero hasta el momento no fue aprobado. Revocatoria El ministro de Justicia, César Siles, informó que se remitió al TCP la resolución del juzgado 14 de Sentencia Penal de Santa Cruz, que dejó sin efecto la aprehensión de Morales, con el objetivo de que sea revocado.  “La actuación de la jueza fue ilegal, arbitraria y vulneradora del procedimiento penal y constitucional. Vamos a presentar la denuncia al régimen disciplinario”, informó la autoridad. Acusación contra jueza El ministro de Justicia, César Siles, que se sumó a la parte acusadora contra Morales, pedirá al Ministerio Público, que se investigue a la juez Lilian Moreno por favorecer al expresidente Morales  El Ministro también cuestionó al fiscal general Juan Lanchipa, por haber destituido a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y otros dos fiscales de materia que estaban a cargo de la investigación contra Morales. Denuncia persecución El expresidente Evo Morales dijo ayer que no le extraña ni le preocupa el proceso en su contra por estupro y trata de personas y que derivó en una orden de aprehensión. “No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, publicó Morales en su cuenta de X. Morales no se refirió a la acusación de estupro. Exfiscal: Lanchipa no quería investigar el caso  El escándalo que estalló ayer e implica a Evo Morales empezó tras una denuncia el 26 de septiembre en contra del expresidente y los padres de la víctima (una menor de 15 años) por los delitos de trata y tráfico de personas y estupro sobre un hecho ocurrido en 2015 en Tarija. Producto de la relación de Morales con la víctima, nació una menor que en la actualidad tiene ocho años, y se encuentra registrada con los apellidos de Morales y de la madre. Según la exfiscal Sandra Gutiérrez, Lanchipa había ordenado que no se investigara el caso; no obstante, continuaron con las diligencias y se dictó la orden de aprehensión contra el expresidente. A pesar de que no se había notificado la orden aprehensión, los abogados de Morales presentaron el miércoles, en Santa Cruz, una acción de libertad y la jueza Lilian Moreno dejó sin efecto la orden por fallas procedimentales. Lanchipa aseguró que destituyó a Gutiérrez por los errores cometidos en este caso. Afirmó que se conformó una comisión de fiscales para continuar con el proceso investigativo contra el expresidente.