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Los principales temas pendientes del acuerdo “Declaración por la Democracia” entre las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) son la auditoría integral al padrón electoral, el estudio para implementar uno nuevo y un sistema de difusión rápida de resultados preliminares en actos eleccionarios para contar con datos preliminares y oportunos sobre la votación, coincidieron políticos de las tres fuerzas con presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Desde el TSE mencionaron como avances del acuerdo la suspensión de las elecciones primarias; la organización de las elecciones judiciales que se llevará adelante el 1 de diciembre, el proyecto de ley con la nueva redistribución de escaños y la organización de mesas de trabajo sobre la violencia y acoso político; además, el 17 de octubre se convocará a un segundo encuentro para evaluar el acuerdo de 12 puntos, señaló el vocal Gustavo Ávila. El Órgano Electoral, el Legislativo, el Ejecutivo, los representantes de 11 partidos políticos y dos alianzas con representación en la ALP se reunieron el 10 de junio y acordaron 12 puntos con el fin de garantizar las elecciones venideras. Riesgo de fraude Para el vocero de la Alianza Creemos Zvonko Matkovic, el TSE no está poniendo de su parte para cumplir con los puntos más importantes del acuerdo; por lo tanto, existe el riesgo “que nos lleve a unas elecciones generales en las mismas condiciones de fraude de 2019 porque no genera confianza”.  Fue enfático al señalar que los partidos políticos cumplieron su parte del acuerdo al aprobar la ley para suspender las elecciones primarias para garantizar las justas judiciales fijadas para el próximo 1 de diciembre.  Matkovic señaló que el presupuesto de las primarias debe usarse en el saneamiento del padrón electoral y para modernizar todo el sistema electoral, de tal manera que garantice “una huella un voto”. Matkovic recordó que el 19 de agosto pidieron al TSE una nueva reunión para que se informe sobre el saneamiento del padrón, la aplicación de los resultados del censo, la redistribución de escaños y el rediseño de circunscripciones; sin embargo, no recibieron ninguna respuesta. Urge la modernización El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona coincidió con Matkovic en que hay un incumplimiento de compromisos del TSE para depurar el padrón electoral, “es un tema que se arrastra por años y debe ser resuelto para garantizar la transparencia de las elecciones nacionales de 2025”. Mencionó el caso de Venezuela, donde existen serios cuestionamientos a los resultados de las elecciones generales que dieron como presidente a Nicolás Maduro, pese a los divulgados por la oposición y por organizaciones ciudadanas. Ticona señaló la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para modernizar todo el equipo tecnológico del Órgano Electoral. “No se debe dilatar el tema hasta el final”. Procesos en curso El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Johnny Pardo destacó que se haya concretado las elecciones judiciales, pero alertó que existen al menos tres procesos en salas constitucionales que ponen en riesgo el proceso electoral. Como Matkovic, señaló que ellos cumplieron su parte del compromiso, pero no reciben ninguna información del avance de los puntos acordados relacionados con transfugio, con el padrón electoral y otros. El TSE avanza  El vocal Ávila señaló que hubo un avance en el tema de las elecciones judiciales, aunque hasta el día de hoy sigue latente el riesgo de las justas debido a los intentos de paralizar el proceso. Mencionó también que se suspendieron las elecciones primarias.  “Precisamente porque entre todos hemos acordado darle toda la importancia a las elecciones judiciales, porque entre todos hemos entendido que es una necesidad del pueblo boliviano contar con nuevas autoridades judiciales en los altos cargos de estos órganos de justicia. Entonces, esos dos aspectos se han cumplido”, enfatizó. En el tema del padrón electoral, señaló que abrieron todos sus laboratorios a organizaciones políticas, autoridades de comités cívicos para que puedan revisar los datos. Adelantó que se convocará a un segundo encuentro partidario el 17 de octubre en el que se informará los avances referidos al padrón y al sistema de conteo rápido de datos. Ávila señaló que también se escucharán los avances de las organizaciones políticas en este trabajo conjunto, como la violencia y acoso político contra la mujer, y el transfugio, por ejemplo. Acoso político Ávila aseguró que, respecto a la temática de la violencia y acoso político contra la mujer, se avanzó con tareas de socialización en distintos ámbitos sociales como la Cámara de Diputados y Senadores, las asambleas departamentales y los concejos municipales.  “Hemos podido escuchar y tomar en cuenta sugerencias para mejorar incluso la ley de acoso y violencia política para facilitar la aplicación de la norma”, sostuvo Ávila.  OPINIONES Como Alianza Creemos, hicimos incluir el punto de la auditoría la padrón biométrico para garantizar la transparencia de las elecciones que se realizarán el próximo año” Zvonko Matkovic Vocero Creemos Para los bolivianos es indispensable garantizar unas elecciones transparentes para recuperar la confianza en el sistema electoral” Santiago Ticona Senador Comunidad Ciudadana Nosotros quisiéramos que las autoridades jurisdiccionales que van a conocer supuestos amparos y demandas consideren la ley del régimen electoral para no frenar el proceso” Gustavo Ávila Vocal del TSE Como asambleístas, cumplimos nuestra parte y aprobamos la ley de suspensión de las elecciones primarias como señala el acuerdo multipartidario” Johnny Pardo Diputado MAS

Respecto a las acusaciones contra el exmandatario, el Grupo de Puebla considera que “algunas son infundadas» y que otras ya fueron «resueltas judicialmente en el pasado”. El Grupo de Puebla, compuesto por representantes de la izquierda latinoamericana, se expresó en relación a las recientes denuncias contra el expresidente Evo Morales. En criterio del grupo progresista, el gobierno de Luis Arce inició una guerra jurídica contra el exmandatario. “Sus legítimas diferencias (entre Arce y Morales) parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente Morales (…), hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Morales”, señalaron en un comunicado. Denuncias El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió el miércoles que existen, por lo menos, cinco procesos legales en contra del exmandatario. Inclusive, se habría logrado una orden de aprehensión contra Morales, la cual finalmente se anuló por una acción de libertad a su favor. El miércoles, se hizo pública la orden de aprehensión contra Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas y estupro. Diversas autoridades del Gobierno, y el propio presidente Arce, afirmaron que, en caso de ser culpable, Morales no puede quedar impune, al tratarse de un delito en contra de una menor de edad. El Grupo de Puebla, por su parte, considera que algunas de las acusaciones contra el expresidente son “infundadas» y que otras ya fueron «resueltas judicialmente en el pasado”. ‘Daño contra un ciudadano’ “Invitamos al gobierno del Presidente Arce a no permitir que su gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano, estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático y allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales”, exhortaron. Sin embargo, el ministro de Justicia, César Siles, anunció que seguirá con las investigaciones y advirtió con acciones legales contra la jueza que otorgó la acción de libertad en favor de Morales. El evismo, por su parte, denuncia que este hecho se trata de «persecución política». Según el comunicado, compañeros del Grupo de Pueblo trataron de mediar entre Arce y Morales, pero esto no fue suficiente. Aun así, afirmaron que seguirán en la búsqueda “de espacios pacíficos y democráticos de reencuentro entre las distintas facciones del MAS”.

La exfiscal indicó que el delito se cometió en una de las provincias de Tarija, pero por respeto no se iba a dar más detalles de este caso, con el fin de no vulnerar derechos, ya que “existen menores de edad”. La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en favor de Evo Morales, luego que se emitiera una orden de aprehensión contra el líder cocalero por los delitos de estupro y tráfico de personas. Cerca de las 21.00, se conoció de una orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. La orden fue emitida por una comisión de fiscales de Tarija. Sin embargo, la exfiscal Gutiérrez aclaró que no se había ejecutado esta instrucción, porque también se dio una acción de libertad en Santa Cruz que dejó sin efecto esta orden. “No sabemos cómo se ha filtrado, (pero) no se ha entregado absolutamente a nadie. Sin embargo, hoy, faltando una hora, se nos notifica con una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales”. La exautoridad indicó que el delito se cometió en una de las provincias de Tarija, pero por respeto no se iba a dar más detalles de este caso, con el fin de no vulnerar derechos, ya que “existen menores de edad”. “Para mí es una persecución y lo denuncio de como el fiscal Juan Lanchipa, que ha jurado defender la legalidad de las normas y la sociedad, pero tratándose de un exmandatario, de Juan Evo Morales, donde existe un delito de lesa humanidad que es trata y tráfico, la directora de género ha venido a deshacer esta conformación de fiscales y a parar las investigaciones que estábamos llevando adelante”, dijo la exautoridad. Gutiérrez indicó que llegó una nota de Lanchipa en el que indica que “deje este caso” y deje sin efecto la comisión de fiscales que la conformaba. “(Dijo) que quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, que es la directora general, de la Fiscalía General del Estado. Qué es lo que me dice en este instructivo, debe dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva”. Explicó que dejar sin efecto esta instructiva era cancelar la comisión conformada para este caso. “Hablé con ella y me dijo que venía a hacer una revisión del caso, hable con el fiscal general y él me dijo que solo estaban haciendo a hacer un análisis. Cuando vinieron acá, empezaron a sacar a todos y dijeron: ‘nosotros estamos a cargo del caso y no se va a hacer nada’”. Explicó que se tenía un “montón de directrices” desde la Fiscalía General y además “del mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales y otras personas”. Gutiérrez indicó que se la volvió a llamar a la directora general en Razón de Genero y esta dijo que tenía órdenes específicas del “jefe”, en alusión a Lanchipa, “de no hacer nada”. “El señor Juan Lanchipa de la forma grosera que me ha hablado a mí, indicándome: ‘te he dicho que dejes ese caso’. Yo no puedo dejar, el Ministerio Público, como va a creer entonces la sociedad, las víctimas si va a haber una intromisión por parte del jefazo”, señaló. Asimismo, indicó que dejó de ser fiscal departamental de Tarija, sin embargo, aclaró que «nunca» renunció, pero que le llegó un memorándum de agradecimiento, firmado por el suplente del fiscal Lanchipa, ya que el titular está fuera del país.

Áñez señaló que el tribunal no tiene competencia para juzgar a una expresidenta y que la Justicia es víctima de presión del propio Iván Lima. En el reinicio del caso Masacre de Senkata, la expresidenta Jeanine Áñez planteó en audiencia poner fin el proceso, luego que el exministro de Justicia Iván Lima señalara que este juicio ordinario es por “capricho” del expresidente Evo Morales. Sin embargo, el juez David Kasa rechazó la solicitud e indicó que las declaraciones de terceras personas no son vinculantes. “Quiero plantearles a ustedes que pongan punto final a esta tortura confesada por el exministro Iván Lima. Él ha confesado que estas audiencias inhumanas que son de doce horas, a veces más de doce horas diarias, son por presión de Evo Morales. Él ha confesado que 18 ciudadanos somos acusados por capricho y sometidos a un proceso ilegal”, dijo Áñez en audiencia. Señaló también que el tribunal no tiene competencia para juzgar a una expresidenta y que la justicia es víctima de presión del propio Iván Lima, el procurador del Estado, el ministro de Gobierno y del fiscal general del Estado.  “(Lima) ha confesado que hagan lo que hagan, este juicio será nulo y llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo he manifestado desde el comienzo”. El juez Kasa también indicó, en audiencia, que las declaraciones de terceras personas que no son parte de este proceso “no son vinculantes”, ya que éstas son libres de poder expresar “lo que les parezca”. “Por esa razón no es posible que este tribunal pueda aplicar estas circunstancias”, dijo. El sábado, Lima señaló que el caso Senkata, por la que son procesadas Áñez y otras 17 personas, terminará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), debido a que fue llevado a juicio ordinario por un “capricho” de Morales. La exautoridad recordó que cuando presentó esta propuesta a la Asamblea “había los dos tercios y la voluntad de llevar adelante un juicio de responsabilidades”, pero en el escenario entró Evo Morales para “terminar de conflictuar al país con este debate sobre juicios de responsabilidades o juicio ordinario”. “Este tema sigue en tribunales y es un tema que va a terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en algún momento, y ahí se terminará de definir la situación”, señaló Lima a la red Erbol. El 2 de septiembre inició el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz. Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

“Con el descubrimiento que tiene en Vaca Muerta y el desarrollo, hoy ya tiene la capacidad Argentina de satisfacer su mercado interno de gas. Ese es el motivo porque está dejando de comprar gas a Bolivia”, explicó el presidente de YPFB. Debido a la especulación que gira en torno al cese de la exportación de gas de Bolivia a Argentina, luego de 19 años, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, desmintió que esta medida se deba a una supuesta escasez de las reservas de gas en el país. Explicó que el principal motivo es que Argentina logró desarrollar la formación geológica de sale Vaca Muerta, lo que le permite garantizar el autoabastecimiento de gas para su consumo interno. “Argentina ha dejado de comprar gas a Bolivia porque tiene un monstruo, Vaca Muerta, que tiene una cantidad inmensa de TCF (trillones de pies cúbicos) y la capacidad de suministrar gas a su mercado interno”, afirmó Dorgathen en entrevista con Bolivia Tv. Vaca Muerta Situada en la Patagonia argentina, la formación Vaca Muerta es una de las reservas de gas más importantes del mundo. Pese a que su descubrimiento data de los 2000, recién entró en operación en el año 2012, aunque de manera bastante lenta y limitada. Por ello, Argentina continuó importando gas de otros países. Sin embargo, ahora, tras todo el trabajo realizado y una infraestructura más moderna, Vaca Muerta finalmente produce cantidades significativas de gas y petróleo, aunque todavía no utiliza todo su potencial. “Con el descubrimiento que tiene en Vaca Muerta y el desarrollo, hoy ya tiene la capacidad Argentina de satisfacer su mercado interno de gas. Ese es el motivo porque está dejando de comprar gas a Bolivia”, señaló el presidente de YPFB. Dorgathen reiteró que ahora el país exportará ese gas a Brasil, donde se pagarán “precios más competitivos”. Aseguró que la producción será la misma y los recursos que percibe la empresa no se verán afectados. “El mercado del oeste brasilero es boliviano. La única forma de llevar físicamente gas es por medio del gas boliviano”, afirmó. Por ello, rechazó aquellas versiones que sostienen que Bolivia terminó su era de exportador de gas y dijo que se trata de “mitos”.

Ahora, el Viceministerio de Defensa Civil iniciará un reconocimiento terrestre y aéreo para observar dónde se registran incendios de mayor magnitud, tras las precipitaciones del jueves. El Viceministerio de Defensa Civil evacuó a 60 personas en el municipio de Concepción, Santa Cruz, debido a los incendios que se intensificaron a partir del día miércoles en esta región. “Se ha evacuado a 58 personas ayer (jueves), se ha completado a 60 en Monte Verde, en Concepción. Las personas son entre niños, mujeres y personas de la tercera de edad”, informó Augusto Cossio, responsable de Defensa Civil Regional Chiquitania, en entrevista con Bolivia Tv. Según explicó, las personas evacuadas son las más afectadas. Es que, en algunas comunidades de Concepción, los pobladores comenzaron a verse amenazados no solo por la humareda, sino directamente por las llamas. Algunas precipitaciones se registraron el jueves en el municipio, sin embargo, según Cossio, todavía persisten los incendios en la parte norte, justamente, en Monte Verde. Ahora, el Viceministerio de Defensa Civil iniciará un reconocimiento terrestre y aéreo para observar la intensidad del fuego. Se espera que una vez que los incendios logren sofocarse se traslade nuevamente a los evacuados a sus hogares. Asimismo, Cossio pidió ser responsables con los datos, pues, denunció que algunos medios manejan que se evacuó a más de 50 familias, lo que genera especulación y preocupación en la población.