PORTADA 6

La Defensoría del Pueblo exhortó nuevamente a las personas con “liderazgo social, político y a los servidores públicos” a moderar sus discursos, especialmente, en contextos de conflictividad y también a frenar la incitación al odio. La entidad recordó que el informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de este año refiere que los “discursos de personas con liderazgo social, funcionarios públicos y con liderazgos políticos, contribuyeron a generar un entorno general adverso a la participación ciudadana y al ambiente de diálogo”. “Exigimos a todos los actores involucrados en la conflictividad que cesen inmediatamente con las acciones y declaraciones que agravan la situación. La adjetivación despectiva y la estigmatización no tienen cabida en una sociedad democrática. Es hora de priorizar la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos”. La institución demandó la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos de todos los bolivianos. Señaló que la “incitación al odio y los discursos que promueven la violencia son contrarios a los principios democráticos y los derechos humanos”. Indicó además que “urge un diálogo inclusivo y respetuoso para superar la actual situación de conflictividad”. Recordó también que la CIDH y la Corte IDH señalaron que los líderes políticos, sociales y servidores públicos tienen un papel crucial en el debate público, aunque sus acciones pueden tanto fomentar como deteriorar este diálogo. “En situaciones de conflicto, desorden o polarización, estos líderes deben ser especialmente cautelosos con sus declaraciones, ya que sus palabras pueden tener un impacto significativo en la sociedad y generar riesgos para ciertos grupos o individuos”, indicó. Ante la actual situación de conflictividad, la Defensoría indicó que es necesario remarcar la observación de la CIDH respecto a que “las personas con liderazgo político deben tomar distancia de cualquier discurso que envíe mensajes permisivos a la violencia, incluyendo los que activen, fomenten, acentúen o exacerben situaciones de discriminación, hostilidad, intolerancia o animadversión” y que, “dichas personas también están llamadas a contrarrestar la intolerancia y discriminación, así como a promover el entendimiento cultural y el respeto a la diversidad,(…)”.

El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) señala que en el departamento de La Paz existen ocho puntos de bloqueo. La mayoría de estos se encuentran en las carreteras a Copacabana y Desaguadero.  Esta medida de presión es liderada por un sector de los campesinos de La Paz, dirigidos por David Mamani, en demanda de la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca. «Estamos bloqueando contundentemente en la carretera a Copacabana y a Desaguadero», dijo. El dirigente indicó que se implementarán otras estrategias para cerrar todas las carreteras a partir del próximo lunes. «No está bien que unos cuantos estemos luchando para salvar Bolivia y otros estén felices durmiendo en sus casas. (…) Estamos firmes, hemos decidido que la lucha va a ser hasta las últimas consecuencias, hasta que se vayan el presidente y su vicepresidente», afirmó. El Alto Gremiales de El Alto realizan este jueves un bloqueo en esa ciudad, para exigir al Gobierno que solucione la falta de dólares, el desabastecimiento de combustible y otros temas. Uno de sus dirigentes, Luis Paco, indicó que hay 15 lugares donde se ejecuta la medida de presión, desde la Apacheta hasta la zona franca de la avenida Litoral. La protesta la realizan los afiliados a la Federación de Gremiales de El Alto Sur. Uno de los puntos bloqueados es la planta de Senkata.

El Gobierno rechazó y calificó de “injerencista” el memorándum emitido por Estados Unidos (EEUU) que descertifica a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, según un reporte de Oxígeno.bo. “Rechazamos el memorando unilateral de los EEUU que descertifica a Bolivia sin ningún sustento técnico ni científico, que viola la soberanía de los Estados, además de ser injerencista”, indicó. La autoridad cuestionó a EEUU porque se caracteriza por ser uno de los mayores consumidores de estupefacientes en el mundo, demostrando que su política antidrogas es un fracaso. País consumidor “EEUU no tiene ninguna facultad para certificar o descertificar a ningún Estado en su lucha contra el narcotráfico, siendo el país con el índice más alto de consumo de drogas ilícitas en el mundo, con más de 107.000 muertes por sobredosis en la gestión 2023”, precisó. Asimismo, pidió explicaciones a ese Estado por su falta de monitoreo en países donde tiene presencia. “Donde está la DEA (Administración de Control de Drogas) cuando se incrementan los cultivos de coca y el narcotráfico. Por ejemplo, en Bolivia, antes de la instalación de bases militares norteamericanas, existían alrededor de 4 mil hectáreas de cultivos de coca; con la llegada de la DEA, estos cultivos se incrementaron a 58 mil hectáreas en el año 1988”, aseveró citado en un reporte institucional. No corresponde Mamani resaltó que para Bolivia, como miembro de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, los únicos organismos certificados para la evaluación de las políticas antidroga a nivel internacional son la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y el Mecanismo de Evaluación Multilateral de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), que en los últimos años certificaron los logros del país. “Los bolivianos demostramos al mundo entero que nuestra política soberana de lucha contra el narcotráfico y control de la expansión de cultivos de coca es exitosa y somos el único país con reducción neta que ha estabilizado los cultivos de hoja de coca”, precisó. El presidente estadounidense, Joe Biden, denunció el domingo que Bolivia y Venezuela no han cumplido este año con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico Reconocen pasos “positivos” Bolivia y Venezuela, junto con Birmania, son los tres únicos países de los que se destaca que “han fracasado durante los últimos 12 meses en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico”, señala el informe de EEUU.  Pese a ello, el presidente de EEUU, Joe Biden, subraya que el apoyo a los programas de ayuda a esas tres naciones es “vital” para los intereses estadounidenses. Reconoce que el Ejecutivo de Bolivia ha tomado pasos “positivos” contra el cultivo de coca.

Ríos reprochó que el dirigente campesino David Mamani, seguidor de Evo Morales, esté promoviendo un escenario de “violencia” y que además pretenda generar luto en el pueblo. Luego que un grupo de Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos se grabara encapuchados y con rifles, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, calificó este acto de “intimidación” no solo contra el Gobierno, sino contra el pueblo. Además, indicó que se instruyó una investigación por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, entre otros delitos. “Debemos hacer respetar la Constitución Política del Estado. Lamentamos que Evo Morales y sus grupos afines, estén generando, no solo está sensación de temor a partir de los videos que han sido circulados ayer. Que, sin duda alguna, el ministro (de Gobierno) ha instruido que se realice una investigación considerando que salen personas portando armas”, indicó Ríos. Ante la ratificación de los bloqueos de caminos por el dirigente David Mamani, de la Federación de Campesinos Tupac Kari de La Paz, el domingo se difundió un video, donde se observa a un grupo de Ponchos Rojos que mostraban el manejo de sus rifles y hacían “algunos” disparos al aire. El Viceministro indicó que se debe investigar este hecho por los delitos de alzamiento armado y soberanía del Estado, instigación pública a delinquir, terrorismo, tenencia, porte y portación publica de armas de fuego y atentado contra los servicios. Normativa Recordó que la Ley 400 “de Control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados», establece que la portación de armas, sean para actividades de caza o deportiva deben estar registradas. “Vemos que esto va más allá, primero respecto al tema de que si están registradas o no. Segundo, vemos un acto de intimidación completa no solo al Gobierno, sino contra todo el pueblo. Se les ve portando armas, lanzando amenazas, además que están organizados para también generar temor a nuestra población”, explicó. Ríos reprochó que el dirigente campesino David Mamani, seguidor de Evo Morales, esté promoviendo un escenario de “violencia” y que además pretenda generar luto en el pueblo. “No olvidemos que su demanda principal es la renuncia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Estamos ante una amenaza o evidente golpe de Estado, además contra un atentado y los servicios públicos en nuestro país”. Investigación Mencionó que la investigación debe llegar no solo a aquellas personas que se han organizado para difundir este tipo de videos, sino también contra los autores intelectuales de este tipo de movimientos que actuaron con premeditación y alevosía. La facción de campesinos que siguen a Mamani inició este lunes el bloqueo de caminos en cuatro puntos, principalmente en el tramo entre Achacachi y La Paz, de la provincia Omasuyos

La Central Obrera Boliviana (COB) no tiene el poder suficiente para forzar al Legislativo a la aprobación o anulación de leyes, coincidieron por separado los politólogos Jimena Costas y Franklin Pareja. Dirigentes de la COB mantienen desde el martes una vigilia en la plaza Murillo como una forma de presión para que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe los créditos internacionales, además de las leyes sociales, como la reforma a la ley de pensiones. El dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, advirtió ayer con intensificar las medidas de presión con paros escalonados y finalmente con la huelga general indefinida.  Para la politóloga Jimena Costa, el mayor problema de la COB es la falta de independencia política. “Es un actor más, y ya sin disfraz, del Ejecutivo, lo que le resta totalmente capacidad de presión. Ha dejado de ser un grupo de presión para pasar a ser un grupo de interés”, sostuvo. Añadió que la figura de Huarachi perdió legitimidad y credibilidad dentro de la propia COB por su cercanía a los últimos Gobiernos de turno, “de tal manera que no tiene liderazgo significativo”. Además, el Legislativo está partido en dividido en evistas, arcistas y opositores y ninguna presión ni de la COB ni de otros sectores se impone sobre esos intereses.  Representatividad Sobre el tema, el analista político Franklin Pareja señaló que la COB perdió la representatividad de los trabajadores y, por lo tanto, no tiene la fuerza necesaria para ejercer presión sobre el Legislativo.  Además, sostuvo que es un brazo operativo del Ejecutivo. “La Central Obrera Boliviana no tiene fuerza por sí misma, pero en realidad responde a los intereses del Gobierno central”, señaló. Tratamiento En medio de la presión de la COB que exige la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, hoy la Cámara de Diputados sesionará y tratará dos proyectos de préstamos millonarios que están agendados en el orden del día; tanto opositores y evistas advirtieron que no aprobarán estas leyes hasta tener un informe económico del Ejecutivo. “El día de mañana (por hoy) no vamos a aprobar ningún crédito porque prácticamente esos créditos no solucionan la crisis económica y sólo hipotecan al país”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga. Ayer,  el Senado suspendió la sesión por la falta de garantías para el trabajo del Legislativo  decidió sesionar hoy en Uyuni, en Potosí.