SEGURIDAD

 El exejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, se presentó ante la Fiscalía por un caso de presunta corrupción que involucra al menos 40 mil bolivianos. Tras declarar por tres horas, fue trasladado a la Felcc en calidad de aprehendido a la espera de su audiencia cautelar.

Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la carretera Cochabamba–Santa Cruz, a la altura del municipio de Entre Ríos, dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y dos heridas. El siniestro se registró alrededor de las 9:00 en la zona conocida como La Chancadora, en el Trópico cochabambino, cuando una volqueta de alto tonelaje colisionó violentamente con una camioneta, según reportes locales. Testigos relataron que el pesado vehículo habría pasado por encima de la camioneta tras un intento de cruce, provocando la tragedia. Equipos de emergencia y efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a los heridos y realizar el levantamiento legal de los cuerpos. Las autoridades de Tránsito iniciaron las investigaciones y se espera un informe oficial con los resultados de las pericias correspondientes.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen detuvo a dos personas acusadas de ofrecer ingresos a la carrera de Medicina de la UMSA por hasta 25 mil bolivianos. Ambos fueron sorprendidos en flagrancia y ahora enfrentan detención domiciliaria.

Una mujer falleció trágicamente y cinco resultaron heridas a causa de un hecho de tránsito ocurrido cerca de la explanada de la Basílica del Socavón. Un vehículo se subió a una acera e impactó contra varias personas y puesto de venta. De acuerdo al reporte preliminar de la Policía, el auto, conducido por un joven, perdió el control y chocó contra puestos instalados cerca de la Basílica del Socavón y luego se estrelló contra una vivienda. César Ortega, subcomandante de la Policía de Oruro, informó que cinco personas resultaron heridas y fueron llevadas a centros de salud con distintos diagnósticos, mientras la fallecida pasó al centro forense para la autopsia correspondiente. Se trata de una mujer de 55 años. Tras el accidente, el conductor fue golpeado por personas alteradas por la situación. Este domingo se realizó el Primer Convite rumbo al Carnaval de Oruro 2026, con la participación de 52 fraternidades y más de 50.000 bailarines.

 El hallazgo fue posible durante una inspección en depósitos de encomiendas de distintas empresas de transporte Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) encontraron tres paquetes de marihuana que estaban camuflados dentro de cajas de cartón con pasankalla (tostado de maíz) en Cochabamba. El hallazgo fue posible durante una inspección en depósitos de encomiendas de distintas empresas de transporte. Durante la requisa, el ejemplar canino “Micke” dio una alerta positiva ante la posible presencia de sustancias controladas en una caja de cartón. Al proceder con su apertura, los efectivos antidrogas encontraron pasankalla junto con una sustancia verduzca en su interior que estaba camuflaba. La prueba de campo dio como resultado positivo para marihuana, motivo por el cual se procedió al secuestro de la sustancia controlada.

Según las investigaciones preliminares, el accidente ocurrió cuando, por exceso de velocidad, la flota se salió de la vía por donde transitaba, cerca a Patacamaya. La madrugada de este miércoles una flota de la empresa Buses El Alto dio un vuelco de campaña a la altura de Patacamaya, en la carretera La Paz –Oruro. El accidente se cobró la vida de una adolescente de 13 años, además de 45 personas heridas. “Producto del hecho resultaron heridas 45 personas y una persona fallecida, se trata de una menor de edad de 13 años (de) sexo femenino”, informó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Javier Salgueiro. Según datos preliminares de los investogadores, el accidente se produjo cuando el vehículo se sallió de la vía. En el reporte de la Policía se presisa que la causa del accidente fue resultado del exceso de velocidad.  Medios locales informaron que los pasajeros ayudaron a salir a sus compañeros de viaje que quedaron atrapados en la flota.   Familiares de la adolescente que perdió la vida, revelaron que la menor estaba desaparecida. Cuando los equipos de rescate remolcaron el bus, encontraron el cuerpo de la menor entre los fierros del vehículo. Los heridos fueron trasladados a centros de salud de Patacamaya y La Paz.

El exsecretario ejecutivo de la COB reafirmó su disposición a colaborar con la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito y negó cualquier implicación en el caso Coimas. Además, anunció su reincorporación a la empresa minera Huanuni.

Veinticinco de los veintinueve policías que fueron procesados en la vía penal y disciplinaria por el presunto motín que derivó en la caída de Evo Morales en 2019 exigen ser restituidos a sus funciones, después de que la justicia constitucional les otorgara la tutela declarara nulos la mayoría de los procesos en su contra. La sargento Cecilia Calani pidió la mediación del presidente del TSJ, Romer Saucedo, y del nuevo gobierno para acelerar su retorno a las filas de la institución verde olivo. Esperan que el Comando Nacional de la Policía les devuelva su uniforme. En Sucre, Calani hizo énfasis en la coincidencia de que la posesión del nuevo Ejecutivo, a la cabeza de Rodrigo Paz, sea este sábado 8 de noviembre y que el enjuiciamiento a un grupo de policías del país empezó esa misma fecha, pero de 2019. Ella fue dada de baja en enero de 2022 por un tribunal policial y enfrentó un proceso penal al igual que 29 camaradas suyos, cuatro de los cuales fallecieron. “Hago un llamado a las autoridades electas y al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que haga un seguimiento en los procesos disciplinarios y ordinarios contra los 29 policías afectados en 2019 por la crisis social en nuestro país. Solicito al Comando General que haga cumplimiento de las normas; lo que en ley corresponde, no estamos pidiendo transgredir la ley, simplemente solicitamos nuestro memorándum de retorno”, dijo a CORREO DEL SUR. La exdirigente de los policías explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en revisión de acciones de amparo, otorgó la tutela a la mayoría de los uniformados procesados, por lo que ahora solo resta que el Comando General y el Tribunal Disciplinario Superior den cumplimiento a esos fallos disponiendo la restitución de los efectivos policiales. “Solicito al Presidente del TSJ ayudarnos, porque la justicia en Bolivia no es creíble, porque todo es por órdenes políticas. Ahora que estamos con la esperanza de otro nuevo gobierno y la esperanza de que se haga cumplir las normas, solicito a nombre de mis camaradas”, remarcó. Sobre los procesos disciplinario y ordinario en su contra, Calani dijo que una autoridad “prorrogada” del TCP se pronunció después de dos años otorgándole la tutela de manera parcial.

 El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro para el alcalde de La Paz, Iván Arias, tras ser imputado formalmente. Sus incidentes y excepciones fueron rechazados, y la audiencia de medidas cautelares podría realizarse en las próximas horas. La Fiscalía argumenta que el burgomaestre enfrenta varios procesos y habría incumplido resoluciones judiciales previas.

Entre los muros fríos de las cárceles bolivianas, 190 niños crecen sin haber cometido delito alguno. Llegaron con sus madres o nacieron allí, en un mundo donde el encierro no distingue entre culpa e inocencia, donde no hay alimento pensado para ellos ni médicos que entiendan de infancia. Más de la mitad de estas mujeres siguen sin sentencia, mientras el sistema judicial y penitenciario mantiene un enfoque pensado para varones. “De 33.181 privados de libertad que tenemos, entre varones y mujeres, más o menos el 6% representa la población femenina”, explicó el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI). Esa minoría —2.271 mujeres— vive una realidad profundamente desigual: el 56% aún espera sentencia y solo el 44% cumple condena. Pese a representar una fracción de la población penitenciaria, su situación refleja las grietas más profundas del sistema penal boliviano. “Solo tienen sentencia 987 mujeres, que representan el 44% de la población total (…). El Código Niña, Niño y Adolescente establece que los niños pueden vivir con las progenitoras de 0 a 6 años. Es así que estamos hablando de mujeres viviendo con niños de 0 a 6 años en una cantidad de 190 niños”, precisó Limpias. El Código Niña, Niño y Adolescente permite que los hijos de mujeres privadas de libertad vivan con sus madres hasta los seis años. Actualmente, 190 niños crecen dentro de las cárceles del país. “Los niños no son culpables de las decisiones de sus padres, pero las circunstancias los obligan a vivir en estos entornos. Nuestra labor es garantizar sus derechos y evitar su vulneración”, aseguró Limpias. Los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran más de la mitad de esta población infantil. En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, por ejemplo, pequeños de tres a cuatro años juegan entre pasillos, patios y espacios convertidos en improvisadas guarderías. “Les hemos hecho espacios para prepararlos para la escolaridad”, dice Limpias. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron que las condiciones siguen siendo precarias. El informe anual 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura revela que la alimentación diferenciada para los niños “no está garantizada” y que las madres “asumen solas la responsabilidad del cuidado y la nutrición de sus hijos” en las cárceles. De los 21 centros femeninos, solo algunos cuentan con espacios mínimos para la infancia. En Obrajes se habilitó una pequeña guardería, pero las condiciones son precarias y la alimentación diferenciada sigue siendo un lujo. La atención médica especializada para embarazadas y madres lactantes es limitada. “No en todas las cárceles de mujeres hay espacios para (guarderías); solo en los centros penitenciarios más importantes, como Palmasola (Santa Cruz), Obrajes (La Paz) y San Sebastián (Cochabamba), sí tenemos espacios para que los niños puedan desarrollarse de diferente manera al interior, preparándose tal vez incluso para la salida después de los 6 años”, explicó Limpias. Tejido en silencio Julia teje en silencio en una banca de cemento del penal de Obrajes. El hilo se desliza entre sus dedos con un ritmo mecánico, como si en cada punto buscara domar el paso del tiempo. A veces levanta la vista y observa, de reojo, la puerta de visitas. Nadie entrará hoy; nadie ha entrado en dos años para visitarla. El eco de los pasos resuena en el pasillo y se pierde entre los muros. Afuera, el sol apenas toca los patios interiores, donde el aire parece detenido. Cuando fue detenida, durante dos años y algo más logró vivir con sus pequeños, pero cuando cumplieron más de seis años, la ley no les permitió quedarse con ella. “Se los llevaron a una pariente lejana”, murmuró, sin soltar el tejido. La mitad de su condena no es la cárcel, sino estar lejos de sus hijos y del olvido. La historia de Julia refleja la de cientos de mujeres que, empujadas por la necesidad, terminan presas por delitos menores relacionados con sustancias controladas. “Para los pobres no hay justicia, pero para los ricos sí”, dice Julia, interna en el penal de Obrajes, que lleva tres años presa por microtráfico. El informe defensorial indica que el 41% de las mujeres privadas de libertad está encarcelada por ese tipo de delitos. A pocos metros, un niño de cuatro años arrastra un juguete improvisado con tapas de plástico y una soga. Su risa se mezcla con el ruido metálico de las puertas. Su madre lo mira desde la celda abierta, tratando de sonreír.Él no lo sabe aún, pero es considerado “residente penitenciario”. No está preso legalmente, pero vive entre barrotes. “Las mujeres privadas de libertad enfrentan vulneraciones sistemáticas a sus derechos humanos, derivadas de un sistema penitenciario pensado para hombres y sin enfoque de género”, señala el informe anual 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Solo cuatro de los 21 centros que albergan mujeres son exclusivamente femeninos y ninguno cuenta con áreas adecuadas para madres e hijos. Tras dar a luz, las internas vuelven a celdas reducidas con sus bebés, enfrentando instalaciones sanitarias insuficientes y una alimentación no diferenciada, que recae enteramente en la responsabilidad de las madres. Voces que rompen el silencio Las internas hablan de depresión, ansiedad y pérdida de contacto con sus familias. Algunas, como Rosa, fueron separadas de sus hijos tras su detención. “Lloré como nunca cuando me lo quitaron. Sentí que me arrancaban el corazón”, recuerda, y su voz se quiebra como si todavía cargara el eco de ese momento. Rosa, de 25 años, y María, de más de 50, cuentan historias similares de abandono, violencia y errores que las llevaron a prisión. Rosa perdió a su hijo pequeño debido a las circunstancias de su detención en Riberalta. “Lloré como nunca cuando me lo quitaron. Sentí que me arrancaban el corazón”, repite, como si decirlo dos veces pudiera aliviar el peso. María sufrió la separación de sus hijas y enfrentó la cárcel tras un operativo que encontró drogas en manos de su exmarido, pero ella fue enviada