SEGURIDAD

La resolución, con fecha del 21 de agosto de 2025, instruye a la Dirección Departamental de Migración restringir la salida del país del Alcalde de Santa Cruz El Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social N° 10 de Santa Cruz ordenó el arraigo del alcalde cruceño, Jhonny Fernández, en el marco de un proceso por el pago de beneficios sociales, iniciado por el Sindicato de Trabajadores Municipales. La resolución, con fecha del 21 de agosto de 2025, instruye a la Dirección Departamental de Migración restringir la salida del país de la autoridad. “Se ha ordenado por la sección correspondiente a su cargo de la misma institución y se proceda al arraigo”, indica el documento. El proceso, con expediente No. 90/24, fue interpuesto por el sindicato, representado legalmente por Patricia Casanova, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. La medida busca garantizar la comparecencia del alcalde ante el juzgado y el cumplimiento de las obligaciones que puedan derivarse del proceso.

Un sujeto de 33 años fue arrestado este lunes en proximidades a la cancha La Bombonera por agredir a personas con las que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y cuando era ingresado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (FELCC) también atacó y causó lesiones al jefe de seguridad. Se trata de una persona con más de una decena de antecedentes penales por hechos similares. El director de la fuerza anticrimen, coronel Wilson Miranda, este martes hizo conocer a la prensa el hecho ocurrido la noche anterior en el barrio IV Centenario. Allí el sospechoso se encontraba bebiendo en compañía de un grupo de personas hasta que inició una riña, hirió a tres personas y las víctimas tuvieron que convocar a la Policía. Intervino el personal de la Estación Policial Integral (EPI) Los Chapacos para aprehenderlo y trasladarlo a la FELCC. Sin embargo, el sindicado al ingresar atacó al jefe de seguridad y le provocó lesiones en el rostro. Otros efectivos tuvieron que reducirlo y llevarlo a una celda. Miranda dijo que el caso ya fue derivado al Ministerio Público y se abrieron dos causas paralelas: una por lesiones graves y leves, otra por tentativa de homicidio y lesiones. Al verificar los antecedentes del sujeto, los investigadores constataron que tiene más de diez procesos penales previos. La mayoría de sus denuncias previas fueron por hechos similares de riñas y peleas, pero también por otros cargos como violencia familiar. Mientras se instala su audiencia de medidas cautelares, los denunciantes ya se presentaron para dar su declaración informativa y para que se les realice las evaluaciones médicas correspondientes.

Solamente se conoce 92 muertes en las galerías, pero existirían otros casos más. Los reportes sobre muertes en mina hacen referencia a 92 casos en yacimientos de la capital y provincias, pero esa no sería la cantidad real debido a que en algunas minas los contratistas negocian con los familiares de la víctima para evitar que el caso entre a las estadísticas y no se inicien procesos por las responsabilidades que emergen de la falta de seguridad industrial. La delegada distrital de Potosí de la Defensoría del Pueblo, Jackeline Alarcón, lamentó que cada tres días se tenga el reporte de tres muertes en mina y advirtió que esos 92 hechos a los que hacen referencia las autoridades policiales no son todos. “Personas jóvenes menores de 30 años prácticamente están falleciendo casi a diario en Potosí por trabajo minero y no sabemos de las cifras negras porque también sabemos que hay algunas cifras negras, entonces la cantidad que nos dan no es esa”, indicó Alarcón en contacto con El Potosí. Consultada sobre cuáles son esas cifras negras, indicó que conocen que hay muchos casos de muerte en mina que no se denuncian y que involucran a personas del área rural a cuyas familias les dan un monto de dinero por el fallecido y los cuerpos son llevados a sus comunidades donde los entierran sin especificar que perdieron la vida en la mina.

En el penal de Morros Blancos, en Tarija, privados de libertad iniciaron una manifestación pacífica y declararon huelga de hambre como medida de presión para exigir el cumplimiento de los plazos procesales y la aplicación de instructivas nacionales referidas al descongestionamiento carcelario. Un representante de los internos explicó que están “cansados de vivir en el centro penitenciario sin avances en sus procesos”, pese a que a nivel nacional se emitieron disposiciones para revisar la situación de los detenidos preventivos. “En Tarija no se ha visto ningún beneficio para los privados de libertad. Ya deberíamos tener mesas de trabajo para revisar caso por caso, carpeta por carpeta, tanto de preventivos como de sentenciados”, reclamó el vocero de los reclusos. Los internos también cuestionaron la reciente visita carcelaria que, según ellos, no trajo beneficios concretos. “Ellos tienen un bono, un viático de alrededor de 40 personas, dinero que podría usarse para atender a reos con enfermedades terminales”, añadieron. Asimismo, solicitaron una auditoría a nivel nacional que permita revisar el estado de todos los centros penitenciarios, señalando que “la ley está bien, pero los operadores de justicia no la aplican correctamente”. Los privados de libertad advirtieron que mantendrán la medida hasta recibir una respuesta de las autoridades competentes.

  Al menos siete presuntos delincuentes de distintas “especialidades” fueron arrestados en las últimas horas por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en el marco de los patrullajes de seguridad ciudadana que se realizan en Potosí. Según informó el director de la fuerza anticrimen, coronel Marco Antonio Dávalos, entre los arrestados se encontraban sujetos dedicados al robo de vehículos (“auteros”), al hurto al descuido (“descuidistas”), a los robos al paso (“lanceros”) y a los robos en domicilios (“monrreros”). Estos individuos merodeaban diferentes arterias de la ciudad, especialmente mercados y centros de abasto, donde suele concentrarse gran cantidad de personas. “Los patrullajes se efectúan de forma permanente para brindar seguridad a la población. Convocamos a las personas que hayan sido víctimas de algún ilícito a presentar sus denuncias y reconocer a los posibles autores”, señaló Dávalos.

 la verificación del cumplimiento de la detención preventiva será hasta el sábado. Como parte del plan de descongestionamiento del sistema penal que ejecuta el Órgano Judicial de Bolivia, el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ha programado la verificación del cumplimiento de la medida cautelar de detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca para los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre Se prevé que hasta el mediodía de este miércoles, los internos hagan llegar sus listas de personas privadas de libertad que consideren que los plazos de detención preventiva se han vencido. Esta acción forma parte del plan nacional que ya se ha estado implementando en el Departamento de Potosí. En pasados días visitaron el centro penitenciario “San Miguel” de Uncía (Potosí), en el que cerca de medio centenar de internos recibieron información del proceso de descongestionamiento del sistema penal

Los privados de libertad de la cárcel de San Pedro, en La Paz, denunciaron que llevan seis meses sin recibir recursos para su alimentación y anunciaron que iniciarán un proceso legal contra el gobernador paceño, Santos Quispe, por incumplimiento de deberes. “No es refrigerio, es comida”, afirmó el delegado de los internos César Mamani, luego de precisar que el monto asignado de Bs 8 por persona al día cubre desayuno, almuerzo y cena, y no constituye un simple refrigerio. “Desde marzo no se deposita ni un peso. Sobrevivimos con ollas comunes y ayuda externa. El señor Quispe dice que es refrigerio, pero es nuestra comida. Y una vez sentenciados, devolvemos al Estado lo que se nos otorga. No es gratis”, aclaró. Gobernación bajo cuestionamiento Según los internos, la Gobernación paceña habría recibido más de Bs 20 millones para los centros penitenciarios, pero los fondos no fueron transferidos. “Si esos recursos existen, ¿por qué no los deposita?”, cuestionó Mamani. Propuesta de fondo canasta Ante la crisis, el experto en temas carcelarios Ramiro Llanos propuso crear un “fondo canasta” con aportes del Gobierno, gobernaciones y alcaldías, para garantizar el pago de prediarios en todas las cárceles del país. “Son 35 mil internos en Bolivia. A cada uno se le asignan 8 bolivianos por día; al año se necesitan cerca de 1,4 millones de dólares. Si no se estructura este fondo, el problema seguirá creciendo”, advirtió. Llanos también sugirió definir beneficiarios: los sentenciados deberían recibir el prediario, mientras que los reincidentes tendrían que trabajar para costear su alimentación, y los detenidos preventivos quedarían bajo responsabilidad del Órgano Judicial.

Tras la toma violenta de parte de cooperativistas a la mina Reserva – Tres Amigos, en Potosí, el ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, prometió “mano dura” contra avasalladores de concesiones mineras. “Es un delito que está penado por la ley, está penado por las normativas vigentes del pueblo boliviano. Si no vamos a colocar mano dura, cualquier otro momento va a haber algún avasallamiento”, dijo en contacto con los periodistas. Según reportes de medios locales, el pasado mes, un centenar de cooperativistas ingresó de manera violenta a la mina Reserva – Tres Amigos, ubicada en el distrito minero de Reserva, comunidad de Jayaquila, en el departamento de Potosí. Los avasalladores llegaron en vehículos último modelo con destino directo al yacimiento ubicado a una hora de la ciudad de Potosí. Una vez instalados, comenzaron la toma de la operación minera. “Cada compañero de cada sector debe trabajar en su área de trabajo, así como tal cual les dio la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) bajo un contrato, es así. Cada quién debe respetar su fuente de trabajo, aquí es prohibido avasallar”, manifestó el ministro.

Las mujeres denuncian discriminación frente a políticos liberados de las cárceles. Con pancartas, gritos de angustia y lágrimas de impotencia, decenas de mujeres —identificadas como esposas de internos del penal de Cantumarca— tomaron ayer el ingreso principal del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Su clamor fue unánime de exigir que la justicia no mida con distinta vara a los presos políticos y a los olvidados internos tras los barrotes. Las manifestantes demandan la aplicación de los instructivos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitidos el 25 de agosto, y del Consejo de la Magistratura, del 9 de julio, tal como se hizo en favor de políticos recientemente excarcelados. La medida de presión será indefinida hasta obtener una respuesta clara. “¡Justicia, justicia!”, coreaban enérgicas, mientras mostraban carteles pidiendo la liberación de sus esposos. Su protesta se suma a la huelga de hambre que iniciaron más de 400 reclusos en Cantumarca, quienes acusan a las autoridades judiciales de discriminación. Carlos, portavoz de los internos, denunció que el 80% de la población penitenciaria vive en detención preventiva, muchos de ellos desde hace más de dos años y medio sin acusación formal. “Estamos hacinados en condiciones infrahumanas; en un cuarto de 4×4 sobreviven hasta 15 internos, uno sobre otro. Es un sufrimiento atroz”, declaró.

El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, coronel Juan Román Peña, informó este lunes que la entidad del orden atendió 70 casos y aprehendió a tres personas durante la Festividad de la Virgen de Guadalupe en la ciudad de Sucre. En comparación con la fiesta del año pasado, Peña indicó que hubo un incremento del 40% en los hechos donde intervino la Policía. En 2024, se atendieron 39 casos. Este año, los hechos de tránsito subieron de 2 a 27 y de conciliación ciudadana, de 6 a 20; en contrapartida, los casos atendidos por la fuerza anticrimen bajaron de 12 a 8 y por la unidad antiviolencia, de 7 a 3. Tras exponer estos números, el jefe policial aseguró que “hubo mayor consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que deriva en estas faltas y hechos atendidos por la Policía”. No obstante, destacó que no se registraron “hechos violentos” y que efectivos de la Policía despejaron las vías al final de la Entrada Folclórica para evitar estos acontecimientos. “Hemos logrado el objetivo de tener esta actividad bajo control de la Policía Boliviana”, indicó.