2025

“La fecha inamovible para la elección será definida por el pleno, por la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó, el vicepresidente del TSE, el vocal Francisco Vargas, quien estima que sea en la primera quincena de agosto. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, el vocal Francisco Vargas, señaló que las elecciones presidenciales se desarrollarán en agosto y lo único que está en análisis es la fecha de las votación. Así lo ha manifestado en una entrevista con La Revista de la red UNITEL este viernes, en la cual precisó que la fecha del 10 agosto es parte de los “anuncios” que realizó el presidente de la instancia, Oscar Hassenteufel “en virtud también de informes preliminares que han hecho algunas de las direcciones del TSE”. “Sin embargo, la fecha definitiva, la fecha inamovible para la elección será definida por el pleno, por la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó. “Para ello hemos encomendado a nuestras direcciones nacionales que nos haga un análisis técnico y jurídico, a objeto de determinar ya la fecha definitiva e inamovible, que podría ser entre la primera y la segunda semana del mes de agosto”, añadió. Argumentó que “esto se va a realizar en base a los tiempos constitucionales, a los tiempos técnicos que se requieren para garantizar el derecho al sufragio”. En ese contexto, ratificó que la votación “debe ser en el mes de agosto, la posible segunda vuelta, la Constitución determina que debe ser realizada 60 días después de la elección, por lo tanto, la segunda vuelta debe realizarse en el mes de octubre, y partimos de la fecha hito, que es la más importante que vendría a ser el 8 de noviembre”. Según Vargas, “esta fecha marca todos los plazos hacia atrás, toda vez que el 8 de noviembre es la fecha en la que se debería estar entregando los credenciales a las nuevas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo este 2025. Reunión con el TCP Vargas también se refirió a la reunión que sostuvieron algunos vocales del TSE con los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el objetivo de garantizar las elecciones presidenciales en su integridad y no afronte problemas como los comicios judiciales, que se desarrollaron de manera parcial. Según su versión, los vocales presentes explicaron a los magistrados “los riesgos que conllevarían el poder modificar o conocer decisiones que puedan afectar el normal desarrollo del proceso electoral”. “Hemos pedido también respeto a las funciones y atribuciones propias del TSE y ante todo hemos pedido que exista un pronunciamiento en el que se ratifique el principio de preclusión”, subrayó. Argumentó que “este principio se constituye en la seguridad, en la garantía para la ejecución de los procesos electorales, y viene a ser un patrimonio de nuestro sistema electoral”. “Entonces hemos podido decir lo que pensamos cada uno de los que hemos participado en esta reunión y hemos recibido el compromiso del Tribunal Constitucional de no interferir, de garantizar ante todo el cumplimiento de la Constitución y de que este proceso electoral debe llevarse adelante en los plazos, en los tiempos y de acuerdo al calendario electoral que va a ser definido por el TSE en el marco de sus competencias constitucionales”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que “la elección debe realizarse en los plazos y tiempos definidos por el órgano electoral: Una elección en agosto, una segunda vuelta en octubre, y la entrega de credenciales en noviembre”. Comparte y opina:

Tras la denuncia del Viceministerio de Transparencia en contra del exministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer, la Fiscalía Anticorrupción de La Paz investigará a las personas que depositaron dinero en las cuentas de la destituida exautoridad. En tanto, la titular del ministerio de la Presidencia, María Nela Prada, asumió ayer como interina en el despacho de Medio Ambiente. Según el decreto firmado por el presidente Luis Arce, Prada asumirá como ministra interina de Medio Ambiente hasta que se designe una nueva autoridad en el cargo. El fiscal anticorrupción, Miguel Cardozo, dijo que se tiene el detalle de los nombres y montos que terceros realizaron en favor de Lisperguer y que se hacían en dos cuentas bancarias activas. “Existen depósitos de terceras personas que se están identificando, las mismas que serán citadas en calidad de testigos para ver de dónde generan estos montos económicos para hacer estos depósitos”, dijo el fiscal Cardozo, según reporte de TVOFF. Consta en el informe del Viceministerio de Transparencia que el denunciado, a través de depósitos y/o transferencias realizados por terceras personas percibió a su favor un total de 778.277 bolivianos, una “suma se encuentra fuera del perfil económico”, esto debido a que de la información recopilada durante la gestión de denuncia no se llegó a evidenciar que el exministro realice una segunda actividad lícita la cual le pudiese generar estos recursos extras. En el detalle del informe se especifica que hay otro reporte de ingresos que devela que Lisperguer percibió, en otra cuenta de una entidad bancaria distinta, depósitos y/o transferencias a su favor “en la suma total de 331.993 bolivianos, los cuales son considerados como fuera del perfil económico del denunciado”, porque, sumados ambos montos, se tiene un total de 1.110.270 bolivianos. Niega fuga El exministro Lisperguer negó ayer que haya fugado del país y reiteró su intención de someterse a la justicia y presentar los descargos respectivos. Negó haber cometido actos de corrupción y afirmó que sus ingresos están justificados. “No puedo fugarme del país, porque no he robado un centavo de nadie. Todo lo que tengo ha sido gracias a mi esfuerzo”, aseveró Lisperguer y  pidió también que se respete la presunción de inocencia. Destituyen al director del Sernap Johnson Jiménez Cobo fue destituido ayer como Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) tras ser denunciado por diferentes irregularidades, entre ellas, uso indebido de bienes del Estado. La decisión de alejarlo de su cargo la tomó la ministra interina de Medio Ambiente, María Nela Prada. Las denuncias en contra del exdirector señalan que utilizaba bienes y personal del Estado para fines privados e incluso, habría obligado al personal a su cargo para organizar una fiesta patronal en la comunidad Alcoche. Comparte y opina:

El líder cocalero es investigado por trata de personas. La audiencia debía instalarse el 14 de enero, pero la defensa de Morales alegó que estaba enfermo presentando un certificado médico. El juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 5to de Tarija prevé reinstalar la audiencia contra el líder cocalero Juan Evo Morales -por el caso ‘Trata de personas- a las 9:30 de este viernes, después de que las acciones se paralizaran el 14 de enero. Morales no se presentó el 14 de enero debido a que su defensa alegó problemas de salud y presentó un certificado médico justificando su ausencia, por lo que se tuvo que mover las acciones para este viernes, donde también se tendrá que justificar la enfermedad del líder cocalero. Entretanto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió que si el dirigente cocalero no se presenta a la audiencia de medidas cautelares o no justifica de manera legal su inasistencia, la comisión de fiscales que investiga el caso solicitará a la autoridad jurisdiccional su declaratoria en rebeldía. “La comisión de fiscales estará presente nuevamente a las 9:30 en audiencia. Si esta persona (Evo Morales) no argumenta de manera documental y legal su inasistencia a la misma, conforme se realizó con la otra coimputada, pediremos la rebeldía de conformidad al artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, pero no queremos adelantarnos, queremos esperar”, dijo el fiscal. Con relación al certificado médico que presentó la defensa técnica de Morales y que ocasionó la reprogramación de la audiencia, la autoridad manifestó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizará los estudios médicos solicitados. En este caso se investiga a Morales por trata pues supuestamente tuvo una hija con una menor de edad en el 2016. La madre de la supuesta víctima es acusada de conocer la relación sentimental y no denunciarla. Asimismo, Mariaca explicó que, en caso de que llegue a instalarse la audiencia de medidas cautelares con todos los sujetos procesales presentes, se presentarán los elementos de convicción que fueron colectados en etapa preliminar y que se encuentran en la imputación formal. Comparte y opina:

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha sorprendido al señalar que el asunto no está en manos del Órgano Ejecutivo. Argumentó que la modificación de la ley es tarea de los legisladores. Las instituciones de los empresarios y los sectores gremiales cierran filas por separado contra la disposición de decomiso de productos que se consigna en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Estos sectores, además de los transportistas y otros actores de la cadena de suministro exigen la anulación de la medida, que -consideran- genera incertidumbre y conflictos innecesarios. Por su lado, el Gobierno defiende la medida y argumenta que es vital para luchar contra el contrabando a la inversa en zonas fronterizas, por ejemplo. En medio del diálogo con los sectores que cuestionan la medida, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha sorprendido al señalar que el asunto no está en manos del Órgano Ejecutivo, sino del Legislativo. Es decir, que la modificación de la ley está en manos de los legisladores. “No se puede atender el pedido de anular, derogar, eliminar o de modificar, porque esa no es una competencia del Ejecutivo, esa es una competencia del Legislativo”, afirmó. “No es que no queramos atender; el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, explicó la autoridad a TVOFF. Disposición La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”. Plazo El Gobierno, a través del Comité de Seguridad Alimentaria, ha convocado a los sectores en conflicto a sumarse a la redacción del reglamento de la disposición, una propuesta que fue rechazada. En representación de los privados, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, se reunió con esa instancia este jueves y ratificó que la medida genera “inseguridad, discrecionalidad, arbitrariedad y, en algunos casos, puede ser extorsiva”. El ejecutivo argumentó que esa postura es respaldada por otras instituciones, entre ellas la Agropecuaria del Oriente (CAO), la de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro), entre otras. El pasado lunes representantes de los gremiales del país, de los agropecuario, empresarios y transportistas emplazó al Gobierno a derogar la disposición en 14 días, en caso contrario, anunciaron otras medidas de presión. Los sectores movilizados prevén reunirse este lunes 20 en La Paz para analizar las posibles protestas que prevén activar desde el 27 de enero. Comparte y opina: