ECONOMÍA

 Una auditoría jurídica ordenada por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A. intervenida, respecto a 89 procesos laborales, incluido el bono de antigüedad, demandado por 401 trabajadores, determinó que hubo negligencia de los abogados que patrocinaron los mismos, extremo que lleva a la firma a perder más de Bs 150 millones. El exinterventor de Epsas, Marcel Humberto Claure Quezada y otras exautoridades, realizaron despidos “injustificados” de varios trabajadores que a lo largo de los años fueron reincorporados, después de ganar procesos laborales, a quienes se le pagó y a otros se les tiene que cancelar los sueldos devengados, que suma otra pérdida para Epsas. Una auditoría de 2022, ejecutada por la consultora Cidsaf S.R.L. (Contable, Tributaria y Auditoría) que revisó procesos judiciales de las gestiones 2019, 2020 y 2021, concluyó que hubo una “deficiente gestión documental en el manejo de expedientes de los procesos judiciales laborales”. El documento apunta a una demora excesiva en los plazos procesales de los procesos judiciales laborales adversos, llegando a pasar más de una gestión creando multas y actualizaciones a favor del demandante y en consecuencia Epsas asume pagos muy elevados, que podrían presumirse como daño económico. “Hemos revisado 10 casos reportados de demandas de reincorporaciones, sueldos devengados y bono de antigüedad, los cuales no están cerrados, por lo que no se pueden determinar importes finales o costos que la empresa tendrá que asumir (…) en consecuencia, existe inconsistencia de criterios técnico legales, o falta de conocimiento del ordenamiento jurídico administrativo”, se lee en el documento. Asimismo, advirtió “serias deficiencias de personal en el área de Administración de Personal de la Epsas S.A. en las gestiones 2019 y anteriores, con la que llevaron adelante el proceso de fiscalización y auditoría realizadas por la Caja Petrolera de Salud (CPS); al no entregar documentación requerida en los plazos establecidos, conllevó a un proceso coactivo sujeta a fiscalización de Aportes Patronales al Seguro Social de Corto Plazo, que comprendió las gestiones 2013 a 2017, cuyo “auto de solvendo” dispuso el pago inmediato fue de Bs 4.552.914,64. BONO ANTIGÜEDAD En diciembre de 2016, el exinterventor Marcel Humberto Claure Quezada determinó “eliminar el bono de antigüedad” de los trabajadores de Epsas, calculado sobre nueve salarios mínimos, argumentando que se requería esos recursos para inversión en proyectos de agua. En mayo de 2017, el Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas) inició una demanda laboral de devolución del cálculo de bono de antigüedad, ya que se lo habría ejecutado sin ninguna comunicación previa. Uno de los hallazgos más relevantes de la auditoría fue la inobservancia al Convenio Laboral Colectivo y reducción unilateral de base para el cálculo de bono de antigüedad, “extremo que se constituye en una negligencia sustantiva de alta relevancia, plenamente atribuible a Marcel Humberto Claure Quezada”. Otro hallazgo de la auditoría jurídica fue la argumentación insuficiente en contestación a la demanda.“La defensa debía haber invocado el Art. 123 del Código Procesal del Trabajo, por el que no se dio un adecuado uso al argumento de una pretensión poco clara o precisa, por lo que se identifica algún tipo de deficiente argumento”, sostiene el escrito. “Corresponde concluir que este hallazgo se constituye en una negligencia adjetiva de alta relevancia atribuible a la abogada patrocinante Lourdes Frida Terán Iquiadez, quien planteó una errada estrategia de defensa con argumentación insuficiente, la cual influyó en desarrollo del proceso”, añade el documento. Se puntualiza que la abogada no realizó las observaciones, oportunamente, a los puntos de hecho a probar, negligencia que en menor grado puede ser atribuible también al exjefe del departamento legal José Luis Rosas Salazar. PROCESOS DE REPETICIÓN Una de las recomendaciones de la auditoría es considerar el inicio de procesos de repetición o resarcimiento de “daño patrimonial” en contra de los responsables de las acciones y omisiones relevantes que derivaron en el proceso laboral sobre reducción del bono de antigüedad. Al respecto, el investigador y consultor en agua y saneamiento, José María Herbas Postigo, manifestó a EL DIARIO que un hecho unilateral como este puede dejar a la población en riesgo de suspender la continuidad del servicio a cargo del operador, por lo que exigió que las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, tomen cartas en el asunto. Además, respecto de la actitud de los interventores de Epsas, los abogados anteriores y actuales, manifestó que son designados al calor del favoritismo político y no por los méritos o experiencia en el sector. “Los abogados sin criterio proceden a diseñar procesos laborales sin considerar los factores adversos, en casi todos los procesos laborales ha perdido la empresa, provocando serios problemas económicos, llevando al extremo los juicios laborales. En una cantidad de 15 a 20 abogados se ocupan de mantener este desorden legal y provocar una deficiente representación, es lo que también refleja en la presente auditoria”, señaló Herbas.

Según datos emitidos este 1 de diciembre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 10.10 (BOB) y un precio de compra de 10.18 BOB. La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta de 10.08 (BOB) y hoy registra 10.10 (BOB). En tanto, el precio para la compra se registró la pasada jornada en 10.14 (BOB), y en este sábado registra la cifra de 10.18 (BOB). La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación con las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB) por cada dólar. Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado una variación, ya que a la compra se registra en 10.15 (BOB) y 10.12 (BOB) para la venta. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana.

 Con 115.204 participantes en fondos de inversión registrados hasta septiembre, la Bolsa de Valores de Bolivia se consolida como un motor de crédito alternativo y al administrar un volumen de recursos similar al de la banca, el mercado bursátil disputa un rol central en el financiamiento de empresas y entidades públicas a través de bonos y otros instrumentos. “La tendencia es la misma, se mantiene creciente desde 2014 hasta septiembre de 2025. Ahora contamos con 115.000 participantes en los fondos de inversión, en una tendencia que viene creciendo ya hace bastante tiempo atrás”, explicó Mario Patiño, capacitador y gerente general de Credibolsa Agencia de Bolsa S.A. Según datos de la Asociación Boliviana de Valores (ABAV), en 2014 se registraron 62.425 participantes en los fondos de inversión, de los cuales 62.332 correspondían a fondos abiertos y 93 a fondos cerrados. Cinco años después, en 2019, esta cifra aumentó a 94.293 partícipes, con 94.189 en fondos abiertos y 104 en fondos cerrados. Hasta 2024, el crecimiento continuó y el número de participantes alcanzó 110.897, de los cuales 110.817 se concentraban en fondos abiertos y 80 en fondos cerrados. Hasta septiembre de este año, los fondos abiertos cuentan con 115.121 participantes y los fondos cerrados con 83, sumando un total de 115.204 partícipes, lo que representa aproximadamente el 1,5 % de la población mayor de 18 años en Bolivia, y el 1,92% de la población económicamente activa, que según el último censo asciende a 5.985.494 personas. Cartera administrada Aunque la cifra de participes parece aún mínima en comparación con otros países, el mercado de valores administró a marzo de este año una cartera total de $us 32.580 millones, un volumen prácticamente equivalente a la cartera de créditos del sistema financiero, que alcanzó los $us 32.574 millones. Para Gustavo Quintanilla, director de la ABAV y gerente general de Panamerican Securities, la similitud entre la cartera administrada por el mercado de valores y la cartera de créditos del sistema financiero evidencia que la Bolsa y los fondos de inversión se consolidaron como un motor de financiamiento alternativo, comparable a la banca tradicional. Explica que la diferencia es que este financiamiento no se canaliza a través de préstamos, sino mediante la emisión de bonos, pagarés y otros títulos. “El Mercado de Valores es muy importante en cualquier economía a nivel mundial es una concentración del sector privado con potenciales inversionistas. Como en cualquier sistema financiero tenemos inversionistas institucionales y el público en general, realmente se convierte en una alternativa que se complementa con el sistema tradicional que conocemos todos que son los bancos, son oportunidades de generar estructuras nuevas, instrumentos con características muy especiales, atendiendo los requisitos que pueden darse en una coyuntura o mercado en particular”, destacó Quintanilla. Gestora un actor clave En la cartera administrada del mercado de valores, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se consolidó como el actor más importante, con $us 28.224 millones de recursos invertidos en bonos, pagarés y otros instrumentos financieros a marzo de 2025, formando la base más grande de la cartera del mercado. “La Gestora tiene un equipo por detrás, un equipo de inversiones y un equipo de riesgos, que analizan las emisiones. Las empresas van donde la Gestora y le proponen estos bonos y pagarés. La Gestora, por norma, puede invertir máximo hasta el 60% del valor de la emisión ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa saca una emisión, por ejemplo, por 50 millones de bolivianos, la gestora solamente puede invertir el 60% de esos 50 millones de bolivianos, es decir, 30 millones como máximo, generalmente invierte un poco menos”, explicó Patiño. Además de la Gestora Pública, otros actores que participan en la cartera administrada por el mercado de valores boliviano son los fondos de inversión que gestionan $us 3.754 millones, las compañías de seguros que aportan $us 484 millones, y la cartera propia de las agencias de bolsa que suma $us 118 millones. Agentes de Valores El mercado de valores en Bolivia cuenta con agencias como Bisa Bolsa, Credibolsa, BNB Valores, Ganavalores, CAISA Agencia de Bolsa del Grupo Fortaleza, Agencia de Bolsa Mercantil Santa Cruz, Valores Unión, Multivalores, Panamerican Securities, y Sudaval, todas agrupadas en el gremio de la ABAV, también operan bajo la regulación de la ASFI Santa Cruz Securities e i-Bolsa. Estas agencias de Bolsa brindan servicios de: asesoría financiera, financiamiento a través del Mercado de Valores, compra – venta de valores, valoración de Empresas y, análisis de fusiones y adquisiciones, entre otros.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que la protección social será el eje central de la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis económica en Bolivia. Se estima que hasta el 50% de la población podría vivir en condiciones de pobreza debido a una inflación acumulada del 19,22% hasta octubre de 2025. Lupo advirtió que ninguna política económica será efectiva si no incluye una perspectiva social que atienda a los sectores más afectados por la crisis y la inflación. Según el ministro, la estabilidad económica debe ser integral: “No solo es de precios, financiera o cambiaria; también es social. Y eso implica proteger a los sectores más vulnerables”. Cifras alarmantes de pobreza El Censo de Población y Vivienda 2024 reveló que el 30% de la población boliviana vivía en condiciones de pobreza. Sin embargo, Lupo señaló que la inflación acumulada ha ampliado este sector. Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que alcanzó el 19,22% hasta octubre, se estima que la pobreza podría haberse expandido “hasta alrededor del 50%” de los bolivianos. Los datos del censo indican que 3.251.613 personas tienen necesidades básicas insatisfechas. Al desglosar la precariedad, se observa que el 40,1% de la población está en el umbral de la pobreza, el 26,1% vive en pobreza moderada, el 3,6% se encuentra en situación de indigencia y un 0,1% vive en marginalidad. Estas cifras son fundamentales para el desarrollo de nuevas políticas sociales. Estabilización económica y sus desafíos Lupo afirmó que la primera etapa del gobierno se ha centrado en estabilizar la economía. Apuntó como señales iniciales de recuperación la normalización del suministro de combustibles y la reducción del dólar paralelo. Sin embargo, enfatizó que “estos avances son importantes, pero no suficientes si no llegan a quienes más lo necesitan”. El desafío radica en evitar que la estabilización macroeconómica deje atrás a los hogares que enfrentan precariedad en vivienda, salud, servicios básicos y educación. La autoridad aseguró que el Gobierno está trabajando en un conjunto de medidas que buscan combinar la estabilidad económica con la protección social. Objetivos de la estrategia social El objetivo es frenar el deterioro del ingreso real de los hogares y prevenir que más bolivianos caigan en situación de pobreza. La estrategia se enfoca en que la mejora en los indicadores macroeconómicos se traduzca en alivio directo para las familias más vulnerables.

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 6,85 bolivianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0% frente al dato de la jornada previa, cuando finalizó con 6,85 bolivianos, reporta Dow Jones. En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 1,7%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 1,89%. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, suma dos sesiones consecutivas sin una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado. Pronósticos económicos para 2025 Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra. Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial. En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales. Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación. Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%. Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025. De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

 El Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo por $us 550 millones para fortalecer la estabilidad macroeconómica y respaldar el programa de reformas estructurales propuestas por el Gobierno para impulsar la reactivación del país. “El Directorio de CAF aprobó en Reunión Extraordinaria un préstamo de liquidez por hasta 550 millones de dólares a favor del Estado Plurinacional de Bolivia, materializando así la primera operación concreta del Programa de Apoyo para la Recuperación Económica (Parec) que el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, presentó recientemente al presidente Rodrigo Paz Pereira”, indica un reporte del organismo internacional. El titular de CAF resaltó que Bolivia es un socio estratégico de primer orden, además de ser un país miembro fundador con el cual esta entidad mantiene una estrecha relación. “El país cuenta con un gran potencial de desarrollo basado en su riqueza natural y su diversidad cultural. Con el Programa de Apoyo para Bolivia queremos acompañar al nuevo gobierno en la transformación de los desafíos estructurales en oportunidades concretas de crecimiento sostenible, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica, mejorando la conectividad regional y priorizando el bienestar de millones de bolivianos”, manifestó. Explicó que este préstamo de liquidez que CAF pone a disposición de Bolivia en el corto plazo, consolida a la institución como el primer organismo multilateral en presentar una propuesta concreta de apoyo a Bolivia en su nuevo período de gobierno. El crédito aprobado forma parte de un programa que contempla canalizar recursos por hasta $us 3.100 millones en los próximos cinco años, mediante iniciativas y proyectos que deberán ser aprobados por el directorio de la institución, y se inscribe dentro de uno de los cuatro pilares con los que se proyecta acompañar las prioridades del crecimiento económico boliviano, que justamente es la estabilización macroeconómica. Los otros tres pilares del programa se encuentran enfocados en integración nacional y regional, bienestar e inclusión social con perspectiva de género, y sostenibilidad ambiental y acción climática. “La operación aprobada fortalece la capacidad del Estado boliviano para cumplir con sus compromisos financieros inmediatos, al tiempo que genera certidumbre y predictibilidad para el desarrollo del programa de reformas económicas que impulsará la reactivación productiva y el bienestar social”, agregó Díaz-Granados.

El Órgano Ejecutivo promulgó este miércoles la Ley 1670, más conocida como “Ley de Diferimiento de Créditos”, norma sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que permitirá a 1,4 millones de prestatarios optar por un diferimiento de hasta seis meses en el pago de sus créditos y suspender temporalmente embargos y ejecuciones judiciales vinculadas a esos créditos. La medida que cerró oficialmente la gestión de los órganos Legislativo y Ejecutivo 2020–2025, fue celebrada por movimientos de prestatarios y sectores que piden alivios para microempresas, transportistas y hogares golpeados por la contracción económica. El nombre completo de la nueva normativa publicada este miércoles en la Gaceta Oficial de Bolivia es: Ley 1670 excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña. Sin embargo, la norma había sido rechazada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural). En un comunicado conjunto, el 31 de octubre, dichas entidades advirtieron que un diferimiento generalizado y automático alterará el flujo de recursos del sistema financiero y provocará una reducción significativa de la liquidez, con el consiguiente riesgo de que las entidades reduzcan la otorgación de créditos a familias, emprendedores y empresas. Las asociaciones pidieron que cualquier alivio sea focalizado y acompañado de mecanismos compensatorios. Los bancos deberán establecer los mecanismos para habilitar a los prestatarios (siempre que cumplan condiciones que determine la ley) y la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) deberá publicar el respectivo reglamento. La cifra que más pesa en el debate es la de 1.400.000 prestatarios potencialmente incluidos en la medida, dato que explica por qué la norma genera preocupación en la banca y expectativa entre amplios sectores de la población.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este miércoles que, al 31 de octubre de 2025, las Reservas Internacionales Netas (RIN) registraron un saldo positivo de $us 3.227 millones que supera en $us 1.250 millones al dato de diciembre de 2024, lo que “consolida la tendencia favorable y su fortalecimiento en el transcurso de la presente gestión”. Según un reporte institucional, el incremento de las RIN refleja los esfuerzos realizados por el BCB por fortalecer las Reservas a través de políticas como la compra de oro y la realización de operaciones financieras con oro y otros activos externos y la emisión del Bono BCB en dólares, entre otros. Gracias a la aplicación de estas medidas, el país logró cumplir con la totalidad del pago del servicio de la deuda externa pública en los 10 primeros meses de 2025, que alcanzó a $us 1.341 millones, lo que representa el 86% del total programado para el año. Asimismo, y a pesar de la no aprobación de créditos por parte de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se continuó con los pagos por importación de combustibles que sumaron un total de $us 1.380 millones entre enero y octubre de 2025. Por componentes, el saldo de RIN está conformado por 23,8 toneladas (t) de oro, equivalentes a $us 3.076 millones, volumen que supera con holgura al mínimo establecido en la Ley 1503 de 22 toneladas. Por su parte, las divisas llegan a un saldo de $us 73 millones, los Derechos Especiales de Giro (DEG) a $us 43 millones y Tramo de Reservas a $us 36 millones. “Cabe resaltar que el nivel alcanzado por las Reservas Internacionales se logra pese a la reducción del precio internacional del oro observado en las últimas semanas”, enfatizó el Banco Central. El BCB remarcó que “aplicó las políticas y acciones que permitieron consolidar el fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas, posibilitando el normal funcionamiento de los pagos internacionales de Bolivia con el exterior, y concretando una tendencia positiva en los últimos meses