Con más de dos tercios de votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves el Decreto Presidencial 5460, que concede un indulto a personas privadas de libertad con el fin de reducir el hacinamiento carcelario en el país, donde el 67% de los internos se encuentra con detención preventiva.
La medida beneficiará a quienes tengan sentencia ejecutoriada y penas menores o iguales a diez años, sin necesidad de cumplir parte de la condena, y también a quienes tengan penas de hasta doce o quince años, si ya cumplieron un tercio o la mitad, respectivamente.
Sin embargo, el decreto excluye a sentenciados por delitos graves como feminicidio, asesinato, corrupción, trata y tráfico de personas, narcotráfico con penas mayores a diez años, violencia contra las mujeres, delitos sexuales y otros tipificados en leyes especiales.
Durante el debate, el diputado Carlos Alarcón (CC) cuestionó que el decreto beneficie a condenados por narcotráfico, afirmación que fue desmentida por su colega Walter Arizaga, quien aseguró que el texto no contempla tal posibilidad. Desde el MAS, la diputada Betty Yañíquez defendió la medida y recordó que solo el 33% de la población penitenciaria cuenta con sentencia ejecutoriada, mientras el resto permanece en detención preventiva en condiciones precarias.
