Gabriel Argote

El Gobierno, a través de la estatal Insumos Bolivia, gestionará la importación de al menos 40.000 toneladas de arroz como medida preventiva para estabilizar el precio del grano en el mercado interno, informó este lunes el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. “Tenemos varias ofertas que estamos cerrando con Insumos Bolivia. Por lo menos unas 40.000 toneladas vamos a importar”, señaló la autoridad, al explicar que la medida responde a los problemas en la cosecha del grano ocasionados por factores climáticos, como sequías o lluvias intensas en zonas productoras. Siles aseguró que el Gobierno cuenta con el presupuesto necesario para realizar la operación, y que actualmente se están evaluando cotizaciones para concretar la compra más favorable para el país. “Estamos ya en cotizaciones. Insumos Bolivia tiene los recursos económicos, entonces se está evaluando qué opción conviene más”, indicó. Además, el viceministro destacó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) está desplazando ferias móviles en distintos puntos del país, llevando arroz a “precio y peso justo” para evitar la especulación en los mercados. El costo del producto, dependiendo la calidad, se puede encontrar en Bs 50,50 la arroba. Estas ferias iniciaron en las 20 provincias del departamento de La Paz y se extenderán a Cochabamba, Santa Cruz y otras regiones. La importación del grano también se realizó en 2024, con el objetivo de generar una mayor oferta que presione una tendencia a la baja de los precios en los centros de abasto. Pese a que la iniciativa busca beneficiar a los sectores más vulnerables, diversos actores políticos cuestionan que el Gobierno compre del mercado externo un producto que puede ser producido dentro del territorio nacional.

Un trágico accidente de tránsito se registró este domingo en la zona de Chinata, municipio de Sacaba, Cochabamba, donde dos personas perdieron la vida y una tercera resultó gravemente herida tras la colisión entre una camioneta y un camión de alto tonelaje. De acuerdo con el informe preliminar de la Dirección Departamental de Tránsito, el siniestro ocurrió cuando el conductor de la camioneta, que se desplazaba junto a dos acompañantes, intentó rebasar a varios vehículos en una pendiente. La maniobra no pudo concretarse a tiempo y, debido al exceso de velocidad, el vehículo terminó chocando violentamente contra la parte trasera de un camión que estaba estacionado al borde de la vía. El impacto fue de tal magnitud que la camioneta quedó incrustada en la carrocería del camión, provocando la muerte instantánea del conductor y de su copiloto. Una tercera persona, de aproximadamente 27 años, que iba en la parte trasera de la cabina, fue trasladada de emergencia a un centro médico debido a la gravedad de sus heridas. El conductor del camión fue conducido a dependencias policiales con fines investigativos, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Ambos vehículos fueron remolcados al depósito de Tránsito como parte de la investigación.

El Comité Cívico pro Santa Cruz se declaró en emergencia ante posibles amenazas que podrían poner en riesgo el desarrollo de las elecciones nacionales previstas para agosto. La dirigencia advirtió que no descarta la convocatoria a un paro cívico si se detectan intentos de bloquear o postergar el proceso electoral. Asimismo, instaron a las autoridades del Órgano Electoral y al Gobierno a garantizar la transparencia y legalidad de los comicios, actuando conforme a la ley ante cualquier intento de interferencia. La preocupación se centra en la aparición de grupos que podrían generar conflicto o desestabilización durante el proceso.

El Gobierno nacional puso en marcha una estrategia operativa sin precedentes. Las Fuerzas Armadas (FFAA) reforzaron su preparación logística, técnica y territorial para encarar los incendios forestales con mayor eficacia, y liderarán una campaña de reforestación. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que la institución castrense activó planes de patrullaje, centros de monitoreo descentralizados y unidades especializadas en el marco del plan gubernamental “En defensa de la vida y del medio ambiente”. Las FFAA instalaron talleres mecánicos propios para fabricar herramientas de combate contra incendios, lo que permite reducir costos y garantizar disponibilidad. Equipos que antes se importaban a precios de hasta Bs 1.500 ahora se producen por menos de Bs 400, aseguró Calvimontes. “La Armada Boliviana ha creado prototipos de carros bomberos y un robot bombero. El Ejército, por su parte, ha creado dos nuevas unidades. Esto marca una nueva etapa en la preparación de nuestras fuerzas”, destacó. Además, se prevé la instalación de puestos de control estratégicos en zonas con alta recurrencia de incendios, como Candelaria (San Matías), Bajo Paragua (San Ignacio de Velasco), la carretera entre Urubichá y Guarayos, y el eje de la vía Bioceánica entre San José de Chiquitos y Roboré. El Centro Nacional de Monitoreo comenzará a operar oficialmente el 15 de julio, aunque ya existen centros locales activados en unidades militares. Estas plataformas permitirán detectar focos de calor en tiempo real a través de drones y sistemas satelitales, lo que facilitará una intervención inmediata. “Los patrullajes terrestres, fluviales y aéreos estarán coordinados desde estos centros. En caso de detectar un foco de calor por chaqueo, se verificará si cuenta con autorización y se derivará el caso a la ABT (Autoridad de Bosques y Tierra) o al Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) para que actúen conforme a la normativa”, explicó el viceministro. Como parte del mismo plan, las Fuerzas Armadas participarán en una campaña de reforestación masiva, con un despliegue logístico inédito en el país.

En un esfuerzo por atender una de las problemáticas más críticas del sistema penitenciario, el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz inició un “operativo de descongestión carcelaria” en el Centro de Readaptación Productiva Montero (Cerprom), donde más de un centenar de privados de libertad esperan respuestas a sus procesos judiciales. El Decano del Tribunal, Julio Nelson Alba, enfatizó la necesidad de revisar a fondo los procesos judiciales y a examinar minuciosamente cada caso para encontrar soluciones. Este proceso se extenderá hasta el lunes 7 de julio, tiene como propósito escuchar directamente a las personas detenidas, revisar el estado de sus causas y acelerar los trámites judiciales, en muchos casos paralizados por años. La finalidad es aliviar el hacinamiento y garantizar el acceso efectivo a la justicia. En el operativo participan jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios del régimen penitenciario, quienes trabajan de forma coordinada para identificar retrasos procesales y acelerar decisiones judiciales.

Desde el lunes, estudiantes de unidades educativas de 8 departamentos del país ingresan en descanso pedagógico de invierno durante dos semanas. Autoridades del Ministerio de Educación estarán en constante evaluación climatológica y sanitaria para el retorno seguro a clases. “Si llegamos a extender o suspender clases presenciales, afectamos el cierre planificado de la gestión, que culmina el 2 de diciembre. Por eso, toda decisión se tomará oportunamente, priorizando siempre la salud y el derecho a la educación de los estudiantes La autoridad recordó que los escolares de Santa Cruz adelantaron el receso debido a la epidemia del sarampión. En esa región, el retorno a clases está previsto para el 11 de julio. Durante su intervención, Tejerina explicó que el descanso pedagógico está programado para coincidir con el periodo de bajas temperaturas y proteger la salud de los estudiantes. Esta pausa es parte del calendario escolar, distribuido en tres trimestres. Se planifica estratégicamente en la época más fría del año”, señaló el viceministro. Sobre la situación sanitaria, el viceministro informó que hasta el sábado se reportaron 86 casos confirmados de sarampión en el país, con un nuevo caso registrado en el municipio de Monteagudo, Chuquisaca. En este contexto, hizo un llamado urgente a los padres y madres de familia para completar los esquemas de vacunación de sus hijos, particularmente en edad escolar. Sin embargo, por la situación que atraviesa el país por los contagios de sarampión, las unidades educativas están instruidas a exigir el cumplimiento del esquema de vacunación.

El estado de salud de dos adultas mayores heridas en el ataque con arma blanca ocurrido el jueves en Cochabamba sigue siendo crítico. De las siete personas afectadas, Basilia (63 años) y Luisa (67 años) permanecen internadas en terapia intensiva, luego de ser sometidas a cirugías de emergencia. Ambas mujeres, conocidas por sus puestos de venta ambulante (una de salchipapas y la otra de fruta), fueron apuñaladas mientras trabajaban. Un médico de una clínica privada informó que una de las pacientes sufrió un trauma torácico con daño pulmonar y fue intervenida en una cirugía de cuatro horas. “La paciente más delicada está en terapia intensiva, fue operada de emergencia”, declaró ante medios locales. La otra víctima de gravedad fue trasladada al Hospital Viedma, ya que su familia no contaba con los recursos económicos para costear su atención médica en una clínica privada. “Los gastos médicos eran demasiados, nosotros tenemos bajos recursos, por eso le hemos trasladado al hospital Viedma”, explicó uno de sus hijos. Las familias de ambas víctimas pidieron ayuda pública y a los familiares del agresor, pues los gastos por medicamentos e intervenciones continúan aumentando. “Eran amigas, se compartían comida. Ahora mi mamá se ha enterado que su amiga está en el Viedma y está muy afectada”, relató la hija de Basilia. El atacante fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de El Abra, tras su audiencia cautelar realizada este viernes.