Entre los muros fríos de las cárceles bolivianas, 190 niños crecen sin haber cometido delito alguno. Llegaron con sus madres o nacieron allí, en un mundo donde el encierro no distingue entre culpa e inocencia, donde no hay alimento pensado para ellos ni médicos que entiendan de infancia. Más de la mitad de estas mujeres siguen sin sentencia, mientras el sistema judicial y penitenciario mantiene un enfoque pensado para varones. “De 33.181 privados de libertad que tenemos, entre varones y mujeres, más o menos el 6% representa la población femenina”, explicó el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI). Esa minoría —2.271 mujeres— vive una realidad profundamente desigual: el 56% aún espera sentencia y solo el 44% cumple condena. Pese a representar una fracción de la población penitenciaria, su situación refleja las grietas más profundas del sistema penal boliviano. “Solo tienen sentencia 987 mujeres, que representan el 44% de la población total (…). El Código Niña, Niño y Adolescente establece que los niños pueden vivir con las progenitoras de 0 a 6 años. Es así que estamos hablando de mujeres viviendo con niños de 0 a 6 años en una cantidad de 190 niños”, precisó Limpias. El Código Niña, Niño y Adolescente permite que los hijos de mujeres privadas de libertad vivan con sus madres hasta los seis años. Actualmente, 190 niños crecen dentro de las cárceles del país. “Los niños no son culpables de las decisiones de sus padres, pero las circunstancias los obligan a vivir en estos entornos. Nuestra labor es garantizar sus derechos y evitar su vulneración”, aseguró Limpias. Los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran más de la mitad de esta población infantil. En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, por ejemplo, pequeños de tres a cuatro años juegan entre pasillos, patios y espacios convertidos en improvisadas guarderías. “Les hemos hecho espacios para prepararlos para la escolaridad”, dice Limpias. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron que las condiciones siguen siendo precarias. El informe anual 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura revela que la alimentación diferenciada para los niños “no está garantizada” y que las madres “asumen solas la responsabilidad del cuidado y la nutrición de sus hijos” en las cárceles. De los 21 centros femeninos, solo algunos cuentan con espacios mínimos para la infancia. En Obrajes se habilitó una pequeña guardería, pero las condiciones son precarias y la alimentación diferenciada sigue siendo un lujo. La atención médica especializada para embarazadas y madres lactantes es limitada. “No en todas las cárceles de mujeres hay espacios para (guarderías); solo en los centros penitenciarios más importantes, como Palmasola (Santa Cruz), Obrajes (La Paz) y San Sebastián (Cochabamba), sí tenemos espacios para que los niños puedan desarrollarse de diferente manera al interior, preparándose tal vez incluso para la salida después de los 6 años”, explicó Limpias. Tejido en silencio Julia teje en silencio en una banca de cemento del penal de Obrajes. El hilo se desliza entre sus dedos con un ritmo mecánico, como si en cada punto buscara domar el paso del tiempo. A veces levanta la vista y observa, de reojo, la puerta de visitas. Nadie entrará hoy; nadie ha entrado en dos años para visitarla. El eco de los pasos resuena en el pasillo y se pierde entre los muros. Afuera, el sol apenas toca los patios interiores, donde el aire parece detenido. Cuando fue detenida, durante dos años y algo más logró vivir con sus pequeños, pero cuando cumplieron más de seis años, la ley no les permitió quedarse con ella. “Se los llevaron a una pariente lejana”, murmuró, sin soltar el tejido. La mitad de su condena no es la cárcel, sino estar lejos de sus hijos y del olvido. La historia de Julia refleja la de cientos de mujeres que, empujadas por la necesidad, terminan presas por delitos menores relacionados con sustancias controladas. “Para los pobres no hay justicia, pero para los ricos sí”, dice Julia, interna en el penal de Obrajes, que lleva tres años presa por microtráfico. El informe defensorial indica que el 41% de las mujeres privadas de libertad está encarcelada por ese tipo de delitos. A pocos metros, un niño de cuatro años arrastra un juguete improvisado con tapas de plástico y una soga. Su risa se mezcla con el ruido metálico de las puertas. Su madre lo mira desde la celda abierta, tratando de sonreír.Él no lo sabe aún, pero es considerado “residente penitenciario”. No está preso legalmente, pero vive entre barrotes. “Las mujeres privadas de libertad enfrentan vulneraciones sistemáticas a sus derechos humanos, derivadas de un sistema penitenciario pensado para hombres y sin enfoque de género”, señala el informe anual 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Solo cuatro de los 21 centros que albergan mujeres son exclusivamente femeninos y ninguno cuenta con áreas adecuadas para madres e hijos. Tras dar a luz, las internas vuelven a celdas reducidas con sus bebés, enfrentando instalaciones sanitarias insuficientes y una alimentación no diferenciada, que recae enteramente en la responsabilidad de las madres. Voces que rompen el silencio Las internas hablan de depresión, ansiedad y pérdida de contacto con sus familias. Algunas, como Rosa, fueron separadas de sus hijos tras su detención. “Lloré como nunca cuando me lo quitaron. Sentí que me arrancaban el corazón”, recuerda, y su voz se quiebra como si todavía cargara el eco de ese momento. Rosa, de 25 años, y María, de más de 50, cuentan historias similares de abandono, violencia y errores que las llevaron a prisión. Rosa perdió a su hijo pequeño debido a las circunstancias de su detención en Riberalta. “Lloré como nunca cuando me lo quitaron. Sentí que me arrancaban el corazón”, repite, como si decirlo dos veces pudiera aliviar el peso. María sufrió la separación de sus hijas y enfrentó la cárcel tras un operativo que encontró drogas en manos de su exmarido, pero ella fue enviada
