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El líder cocalero es investigado por trata de personas. La audiencia debía instalarse el 14 de enero, pero la defensa de Morales alegó que estaba enfermo presentando un certificado médico. El juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 5to de Tarija prevé reinstalar la audiencia contra el líder cocalero Juan Evo Morales -por el caso ‘Trata de personas- a las 9:30 de este viernes, después de que las acciones se paralizaran el 14 de enero. Morales no se presentó el 14 de enero debido a que su defensa alegó problemas de salud y presentó un certificado médico justificando su ausencia, por lo que se tuvo que mover las acciones para este viernes, donde también se tendrá que justificar la enfermedad del líder cocalero. Entretanto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió que si el dirigente cocalero no se presenta a la audiencia de medidas cautelares o no justifica de manera legal su inasistencia, la comisión de fiscales que investiga el caso solicitará a la autoridad jurisdiccional su declaratoria en rebeldía. “La comisión de fiscales estará presente nuevamente a las 9:30 en audiencia. Si esta persona (Evo Morales) no argumenta de manera documental y legal su inasistencia a la misma, conforme se realizó con la otra coimputada, pediremos la rebeldía de conformidad al artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, pero no queremos adelantarnos, queremos esperar”, dijo el fiscal. Con relación al certificado médico que presentó la defensa técnica de Morales y que ocasionó la reprogramación de la audiencia, la autoridad manifestó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizará los estudios médicos solicitados. En este caso se investiga a Morales por trata pues supuestamente tuvo una hija con una menor de edad en el 2016. La madre de la supuesta víctima es acusada de conocer la relación sentimental y no denunciarla. Asimismo, Mariaca explicó que, en caso de que llegue a instalarse la audiencia de medidas cautelares con todos los sujetos procesales presentes, se presentarán los elementos de convicción que fueron colectados en etapa preliminar y que se encuentran en la imputación formal. Comparte y opina:

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha sorprendido al señalar que el asunto no está en manos del Órgano Ejecutivo. Argumentó que la modificación de la ley es tarea de los legisladores. Las instituciones de los empresarios y los sectores gremiales cierran filas por separado contra la disposición de decomiso de productos que se consigna en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Estos sectores, además de los transportistas y otros actores de la cadena de suministro exigen la anulación de la medida, que -consideran- genera incertidumbre y conflictos innecesarios. Por su lado, el Gobierno defiende la medida y argumenta que es vital para luchar contra el contrabando a la inversa en zonas fronterizas, por ejemplo. En medio del diálogo con los sectores que cuestionan la medida, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha sorprendido al señalar que el asunto no está en manos del Órgano Ejecutivo, sino del Legislativo. Es decir, que la modificación de la ley está en manos de los legisladores. “No se puede atender el pedido de anular, derogar, eliminar o de modificar, porque esa no es una competencia del Ejecutivo, esa es una competencia del Legislativo”, afirmó. “No es que no queramos atender; el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, explicó la autoridad a TVOFF. Disposición La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”. Plazo El Gobierno, a través del Comité de Seguridad Alimentaria, ha convocado a los sectores en conflicto a sumarse a la redacción del reglamento de la disposición, una propuesta que fue rechazada. En representación de los privados, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, se reunió con esa instancia este jueves y ratificó que la medida genera “inseguridad, discrecionalidad, arbitrariedad y, en algunos casos, puede ser extorsiva”. El ejecutivo argumentó que esa postura es respaldada por otras instituciones, entre ellas la Agropecuaria del Oriente (CAO), la de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro), entre otras. El pasado lunes representantes de los gremiales del país, de los agropecuario, empresarios y transportistas emplazó al Gobierno a derogar la disposición en 14 días, en caso contrario, anunciaron otras medidas de presión. Los sectores movilizados prevén reunirse este lunes 20 en La Paz para analizar las posibles protestas que prevén activar desde el 27 de enero. Comparte y opina:

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), de la facción evista, determinó ayer, entre otras medidas, dar plazo de 48 horas para que la Policía se retire de la sede de la calle Junín, caso contrario, “no se responsabilizan por el retiro de efectivos policiales en 16 provincias del departamento”, informó ayer Nelson Virreira, ejecutivo de la organización luego  del ampliado  realizado ayer en esta ciudad. El pasado lunes, las facciones de evistas y arcistas se enfrentaron cuando los primeros intentaron tomar la sede de campesina de la calle Junín y tuvo que intervenir la Policía para evitar peleas. Desde ese día un contingente policial resguarda el inmueble.   Otra de la medidas anunciadas por Virreira es la conformación de una delegación campesina para reforzar la vigilia que realizan sus compañeros en la ciudad de La Paz. Demandan atención del Gobierno ante la falta de dólares, combustibles y alza de precios de la canasta familiar. “Vamos a trasladarnos a La Paz hasta que este Gobierno hambreador cambie sus políticas que están matando de hambre al pueblo boliviano”, reclamó Virreira. La tercera medida que asumieron los campesinos afines a Evo Morales es reforzar la seguridad del expresidente “frente a la arremetida y persecución judicial de que es víctima el compañero Evo”, explicó el dirigente de la Fsutcc. Morales está atrincherado en la localidad de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. La cuarta determinación del ampliado evista es el desconocimiento del presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García,  porque no representa a las bases. “Él ha sido puesto a dedo por el Gobierno como si fuera un funcionario público”,  dijo Virreira. Ligado a este último punto, el ampliado campesino ratificó a Evo Morales como presidente del MAS , “además como candidato único de los movimientos sociales de Bolivia”, finalizó Virreira. Comparte y opina: