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El director de Recaudaciones de la Alcaldía de Cochabamba, Andrés Cuevas, informó ayer que se incrementó la cantidad de contribuyentes con mora tributaria en el pago de impuestos de vehículos, motivo por el se aplican medidas coactivas como la retención de cuentas para reducir las deudas.  Comentó que el problema surge porque los dueños de motorizados los venden con minutas y facturas, pero sin hacer la transferencia. Explicó que se detectó que varias personas sancionadas vendieron sus vehículos con impuestos al día, pero los compradores incumplieron con el pago de tributos.  “Por esa mala práctica de vender vehículos con documentos privados, con facturas, con poderes se ha provocado que ahora la mora a nivel nacional se haya incrementado, no es un tema sólo de Cochabamba”, explicó.  Cuevas mencionó que la situación obligó a las alcaldías a implementar medidas porque se identificó la mora tributaria en el pago de impuestos es superior en comparación con los bienes inmuebles y patentes que se cobran anualmente. Precisó que para mejorar disminuir la mora se procede con la retención judicial, el embargo o a un congelamiento de cuentas en los plazos que establece el Código Tributario. Esta medida suele concretarse después de dos años o más. La aclaración fue consultada al director de Recaudaciones tras conocer denuncias de contribuyentes de la retención de cuentas bancarias sólo por un año de deuda. Algunos dueños de motorizados reaccionaron sorprendidos ante la medida debido a que no fueron notificados si quiera del inicio del proceso coactivo y directamente recibieron una nota de su entidad bancaria con el anuncio de la retención.

A escasos 10 días de realizarse las elecciones judiciales y cuando varios sondeos revelan que muchos ciudadanos no conocen por quiénes votarán ni detalles de la logística de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED) intensifican la campañas de difusión de méritos y las formas de votación, cumpliendo además con su calendario establecido. El 15 de diciembre se celebrará la tercera elección judicial, y la primera que no será completa, por una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En tanto, aún no está claro de cuándo ni cómo se completará las listas de los magistrados que no serán elegidos en estos comicios. Por ejemplo, en el TCP solamente se elegirá a cuatro de los nueve magistrados que componen esta instancia colegiada.  Según el vocal del TSE  Tahuichi Tahuichi Quispe, recién a partir de abril de 2026 se podría hablar de un nuevo proceso electoral para elegir al resto de los magistrados.  En tanto, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es el órgano del Estado que debe asumir una postura para emitir una nueva convocatoria a las elecciones judiciales restantes. Vargas sugirió también que la ALP puede asumir una decisión para regular el funcionamiento del TCP, según un reporte de La Razón. “Le daría la palabra a la ALP para que asuma una postura como órgano del Estado”, señaló la autoridad electoral. Defensa Y sobre los magistrados prorrogados, ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, los defendió. Consideró que los problemas de la realización de las elecciones judiciales fueron por la “desatención” de la ALP. El hipotético cese de funciones hubiera generado la paralización del TSJ y, con ello, una “afectación directa” a la población que acude a los estados judiciales en busca de atención a sus causas. Rodríguez Veltzé reprocha fallo El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé calificó de “insólita” la última sentencia constitucional de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que advirtió con procesos a jueces, tribunal y salas constitucionales se incumplen el fallo 0770/2024 que determina la realización de las elecciones judiciales de manera parcial.

Un juez determinó ayer la detención preventiva para el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, en el penal de Patacamaya por tres meses por la mazamorra que dejó un muerto y varias viviendas afectadas en la zona Bajo Llojeta, en la sede de gobierno. Mientras tanto, comunarios de Achocalla se movilizaron frente al tribunal en respaldo al alcalde y, tras conocer el fallo, amenazaron con bloquear el relleno sanitario de Alpacoma y la carretera que conecta La Paz con el resto del país. Los dirigentes justificaron su postura argumentando que la decisión judicial es injusta y perjudica a su municipio. En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Franklin Alborta informó que se presentó 51 elementos, entre documentos, indicios y testimonios, que establecen la probabilidad de participación del burgomaestre en el hecho ocurrido la noche del 23 de noviembre durante una torrencial lluvia. Autorización “Respecto a una posible autorización en el movimiento de tierras, todavía no tenemos esa información corroborada, tenemos otro tipo de documentación, entre ellas, informes, notificaciones, actas de reunión, fichas técnicas que hacen advertir que, efectivamente, que las instancias técnicas de ambos municipios tenían conocimiento de este movimiento de tierras”, añadió el juez, según reporte de Erbol. El 2 de diciembre, la autoridad edil fue aprehendida y desde entonces funcionarios ediles y pobladores de Achocalla instalaron vigilias en la Felcc y en juzgados para exigir la liberación del burgomaestre bajo la advertencia de movilizaciones e incluso el cierre del relleno sanitario. Negativa En varias ocasiones, Condori negó tener alguna responsabilidad en la tragedia y apuntó a la empresa inmobiliaria Kantutani de haber realizado movimientos de tierra, sin autorización de su despacho, con el objetivo de ampliar el cementerio Los Andes. Por su parte, la inmobiliaria Kantutani solicitó la realización de una auditoría técnica e independiente para determinar las responsabilidades que corresponden, públicas y privadas. La gerente de la empresa, Milenka Dávalos, afirmó que, por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se audite. El alcalde Arias declarará el lunes El alcalde de La Paz, Iván Arias, también fue citado como acusado en la investigación por la mazamorra en Bajo Llojeta, aunque su declaración fue postergada para este lunes por problemas de salud.  Tanto Arias como su colega de Achocalla, Manuel Condori, han señalado a la empresa Kantutani como responsable del incidente, aunque los documentos sugieren que Condori autorizó las labores de remoción en un área considerada de alto riesgo. 

El Gobierno nacional anunció anoche la suspensión temporal de las exportaciones de aceite comestible, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el mercado interno y estabilizar los precios para la población. La medida fue comunicada por el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, quien destacó que la decisión busca preservar la seguridad alimentaria y proteger la economía familiar. En conferencia de prensa, Huanca explicó que, aunque los productores e industriales aseguran que hay suficiente producción para el consumo interno, en los puntos de venta se reporta escasez y alzas en los precios. Datos oficiales indican que la demanda nacional de aceite para este año es de 88.900 toneladas, pero hasta ahora sólo se han destinado 75.900 toneladas al mercado interno, mientras que 328.609 toneladas han sido exportadas. Aunque las industrias cuentan con un stock disponible de más de 39.000 toneladas, el Gobierno identificó fallas en la distribución hacia los centros de abasto, lo que ha generado una oferta insuficiente y un aumento en los precios al consumidor. Reforzarán controles La suspensión de exportaciones se complementa con un incremento en los controles de comercialización. El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor intensificará los operativos en mercados para combatir el agio y la especulación. Asimismo, se aplicarán medidas estrictas para frenar el contrabando hacia países vecinos, un factor que también afecta el abastecimiento interno. “En muchos puntos de venta no hay aceite disponible o este se ofrece a precios altos, cuando debería comercializarse entre 11 y 13 bolivianos por litro”, señaló el ministro Huanca. Cae distribución Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) asegura que la producción es suficiente para satisfacer la demanda interna. Sin embargo, comerciantes mayoristas afirman que los volúmenes de distribución desde las plantas industriales han disminuido, lo que perjudica la llegada del producto a los consumidores finales. El Gobierno reiteró su compromiso de dialogar con la industria y los intermediarios para encontrar soluciones conjuntas que normalicen el abastecimiento en el mercado. La suspensión de exportaciones estará vigente hasta que se garantice el suministro suficiente y los precios se estabilicen. Según el ministro Huanca, esta decisión busca equilibrar la distribución del producto y proteger a los consumidores bolivianos de abusos en los precios. No obstante, surgen inquietudes sobre el impacto de esta medida en el sector exportador y en la economía de la industria oleaginosa, que depende en buena parte del comercio exterior. Pese a ello, el Gobierno subraya que su prioridad es garantizar la disponibilidad del aceite en el mercado interno.

El comercio transfronterizo entre Bolivia y Argentina atraviesa una etapa de auge gracias a la llegada masiva de compradores argentinos que, motivados por un tipo de cambio favorable y el uso de dólares en las transacciones, están reconfigurando la dinámica económica en las regiones fronterizas. Si bien este fenómeno ha dinamizado las ventas locales, también está generando presiones significativas sobre el mercado interno boliviano, derivando en desabastecimiento y aumento de precios. Desde finales de noviembre, la afluencia de ciudadanos argentinos hacia Bolivia, especialmente a través del paso fronterizo entre Bermejo (Bolivia) y Aguas Blancas (Argentina), ha aumentado de forma sostenida. Según estimaciones, entre 1.500 y 3 mil argentinos cruzan diariamente, cifra que se eleva en días feriados o de menor control aduanero. Este fenómeno se atribuye a la apreciación del peso argentino frente al boliviano, lo que ha incrementado el poder adquisitivo de los compradores extranjeros en territorio boliviano. Actualmente, el tipo de cambio es de mil pesos argentinos por 9,50 bolivianos. La mayor afluencia de argentinos se concentra en Bermejo, donde adquieren productos como ropa, electrodomésticos, neumáticos, alimentos perecederos y artículos de uso doméstico, con precios que llegan a ser hasta un 50 por ciento más baratos que en Argentina. Javier Acosta, residente argentino de Aguas Blancas, afirma que las ventajas económicas para sus compatriotas son claras, mencionando que los costos en Bolivia están muy por debajo de los valores que encuentran en su país. Impacto positivo Los comerciantes locales han reportado un aumento significativo en las ventas, con incrementos del 20 al 30 por ciento, según Rubén Borja, secretario ejecutivo de la Federación Regional de Trabajadores Gremiales de Bermejo. Este auge representa un alivio para el comercio, que enfrentaba meses de bajo desempeño debido a la reducción de la actividad económica en la región. “Es una oportunidad para recuperarnos, aunque debemos admitir que las ganancias vienen principalmente de los compradores extranjeros”, expresó Borja. Además, los ingresos derivados del comercio con argentinos han permitido a muchos comerciantes y trabajadores fronterizos paliar los efectos de la desaceleración económica en Bolivia. Sin embargo, este auge tiene un lado oscuro. Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, advierte que la creciente preferencia de los mayoristas bolivianos por vender a compradores extranjeros ha desviado productos esenciales destinados al mercado interno hacia el comercio transfronterizo. Aceite, arroz y otros bienes básicos escasean en varias regiones de Bolivia, lo que ha contribuido a un aumento generalizado de los precios, afectando a los consumidores locales. Además, los comerciantes argentinos que llegan con dólares han incentivado a los mayoristas a operar de manera informal, vendiendo grandes volúmenes sin pasar por los canales minoristas tradicionales. Este fenómeno está desplazando a los pequeños comerciantes bolivianos, debilitando la economía formal y fomentando el contrabando. El tipo de cambio entre las monedas de la región también está jugando un rol crucial. El peso boliviano, relativamente estable frente al dólar, tiene un valor mucho menor frente a otras monedas regionales como el sol peruano, lo que fomenta el comercio y contrabando hacia Perú. Según Romero, las ganancias para los mayoristas que venden a extranjeros son entre un 10 y un 15 por ciento mayores que en el mercado interno, lo que explica su inclinación por priorizar estos negocios. La alta inflación en Argentina, una de las más elevadas de América Latina, ha sido otro catalizador. Esto ha llevado a que productos básicos y bienes manufacturados en Bolivia se perciban como un refugio económico para los argentinos que buscan maximizar sus ingresos en un contexto de devaluación constante de su moneda. Consecuencias Aunque el comercio transfronterizo genera beneficios inmediatos, también plantea riesgos a mediano y largo plazo. Romero advierte que esta dinámica podría erosionar la estabilidad del mercado interno boliviano, aumentar la inflación y fomentar la informalidad. La falta de ingresos fiscales por el contrabando y las transacciones informales también supone un desafío para las finanzas públicas del país. Otro problema es la falta de regulación y fiscalización en la frontera, lo que permite que estos intercambios se realicen en un entorno que Romero describe como una “tierra sin ley”. Esto pone en evidencia la necesidad de un control más estricto para equilibrar los beneficios económicos del comercio con la protección del mercado interno. Desafíos En 2025, un año marcado por el inicio del ciclo electoral en Bolivia, el problema podría quedar relegado en la agenda gubernamental. La prioridad de los políticos estará enfocada en las elecciones, mientras que problemas estructurales como el contrabando y la regulación del comercio fronterizo podrían quedar sin atención adecuada. El impacto de esta falta de acción podría ser significativo, no sólo para el mercado interno, sino también para la percepción de estabilidad económica del país en el contexto regional. “Si no se toman medidas pronto, las zonas fronterizas y el comercio nacional podrían enfrentar un deterioro irreversible”, concluyó Fernando Romero.