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La industria avícola en Cochabamba enfrenta dificultades en la producción de pollo debido a retrasos en el suministro de pollos bebé. Esta situación interrumpe el ciclo productivo en numerosas granjas del departamento. Iván Carreón, vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de Cochabamba, advierte que esta interrupción está afectando el abastecimiento y podría impactar la estabilidad del mercado a corto plazo. Explicó que, en condiciones normales, cada lote de pollos bebé ingresa a las granjas y completa su ciclo de crecimiento en un periodo de siete semanas, tras lo cual se requiere un intervalo de 21 días antes de recibir nuevos lotes. Sin embargo, los retrasos actuales en el suministro han llevado a periodos de inactividad en varias granjas, comprometiendo la oferta de pollo en el mercado. Alza de costos Se prevé que la escasez de pollos bebé provoque una reducción temporal en la disponibilidad de pollo en las próximas semanas. Actualmente, la producción promedio en Bolivia alcanza los 21 millones de pollos mensuales, cifra que podría disminuir hasta que se restablezca la normalidad en el suministro. No obstante, los avicultores aseguran que el abastecimiento de pollo para la temporada navideña está garantizado, ya que los lotes destinados a esta fecha se están gestionando con antelación. A los problemas de suministro se suma el aumento en los costos de producción, impulsado por el encarecimiento de insumos clave como la soya y el maíz. Durante recientes bloqueos de vías, los productores se vieron obligados a trasladar estos insumos por vía aérea, lo que incrementó los costos de transporte de 2.500 a más de 62.000 bolivianos por carga. Esta alza impactó directamente el precio del pollo, que ronda actualmente los 19 bolivianos por kilo, aunque se espera una ligera baja, una vez se restablezca el acceso terrestre. La ADA de Cochabamba prepara una exposición ante las autoridades para detallar los factores que han disparado los costos de producción. Carreón subrayó que el precio del pollo en Bolivia no cuenta con subsidios y cualquier variación refleja las condiciones del mercado y los altos costos que enfrentan los avicultores. Con esta presentación, la asociación busca sensibilizar a los reguladores sobre los desafíos económicos del sector y evitar sanciones que podrían agravar la situación. Retos y perspectivas El vicepresidente de ADA destacó que 2023 ha sido un año complejo para la industria avícola, con un incremento del 33% en los costos de producción y pérdidas significativas para los productores. A pesar de estos desafíos, los avicultores mantienen su compromiso de asegurar el abastecimiento de pollo, especialmente en fechas clave como la Navidad. “Es fundamental que las autoridades comprendan los factores que están afectando al sector y tomen decisiones informadas que favorezcan la estabilidad y sostenibilidad de la industria avícola”, añadió Carreón. La ADA enfatiza la necesidad de un sistema de abastecimiento eficiente y estable, junto con soluciones estructurales que fortalezcan el sector ante futuras contingencias.

Las elecciones generales del 2025 se encuentran en riesgo debido a la postura asumida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de acatar una resolución constitucional  que establece las elecciones judiciales parceladas, coincidieron analistas. El analista político Daniel Valverde indicó que puede haber un  riesgo en las elecciones generales por alguna “ocurrencia estrafalaria” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)  o porque algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) renuncien y no se cuente con cuórum para la sala plena. Esa situación podría perjudicar el proceso electoral.  “El TSE, en este momento, es el último Órgano que más o menos sobrevive, pero está asediado por los otros Órganos y partidos políticos, por los actores que no están acatando las imposiciones del Órgano Electoral, pero tampoco el Órgano Electoral esta siendo taxativo en sus funciones”, señaló.    Por su parte el también analista político, Paúl Coca, aseveró que las elecciones generales de 2025 están en riesgo “porque el TCP se ha convertido en un supra poder por encima de la Constitución Política del Estado. Señaló que el TCP está robándole atribuciones a los Órganos del Estado. “Y esa figura implica que si el TCP quiere, la elección parcial judicial la puede declarar para el 2025 y posponer las elecciones generales y las subnacionales, lo puede hacer porque el TCP ahora está con todas las atribuciones de los Órganos del Estado, lo cual no es la idea del principio de separación de poderes”, enfatizó. El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, admitió que no están de acuerdo con el fallo del TCP sobre las elecciones judiciales parceladas que favorecen la permanencia de las autoridades autoprorrogadas en cinco departamentos, pero “tenemos que cumplirlo”. Señaló que la única forma de no acatar la resolución constitucional es con una ley de la Asamblea Legislativa, que solo recibió el apoyo del Senado.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó ayer que la Policía está en busca del dirigente evista Ponciano Santos y del exministro Juan Ramón Quintana, sobre quienes pesa  órdenes de aprehensión por procesos relacionados con los el bloqueo de 24 días. Aguilera señaló que se desconoce el paradero de Quintana. En cambio, se presume que Santos estaría en el departamento de Santa Cruz. Detalló que se realizaron diferentes allanamientos, en La Paz, Potosí y Santa Cruz, para encontrar a ambas personas. La autoridad especificó que se desconoce si Quintana salió del país y se hace operativos en Santa Cruz para encontrar a Santos, uno de los máximos promotores del bloqueo de carreteras que dejó un daño económico de más de 2 mil millones de dólares al Estado. El Ministerio Público pide  que los dirigentes Humberto Claro y Ramiro Jorge Chucho sean recluidos en el penal de Chonchocoro (La Paz), mientras se llevan adelante las pesquisas que están relacionadas con su participación en los bloqueos.

Desde el 13 de noviembre, el Decreto Supremo 5271 autoriza la importación y comercialización de combustibles por parte de empresas privadas en Bolivia. Esta medida, aprobada por el Gobierno, marca un giro en el sector hidrocarburífero, al permitir que los combustibles importados ingresen sin el respaldo de subsidios estatales, una estrategia que busca aliviar el gasto público y mejorar el abastecimiento en sectores productivos que enfrentan dificultades para obtener gasolina y diésel. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, explicó que el Decreto 5271 facilita el ingreso de privados al mercado mediante normativas simplificadas y un proceso de autorización ágil. Esta disposición complementa al Decreto 5218 de 2024, que ya había reducido los requisitos y tiempos para la aprobación, acortando trámites que solían extenderse hasta un año. “Hoy, las autorizaciones pueden gestionarse en menos de cinco días, con la presentación de 21 documentos, lo cual representa un avance respecto a normativas anteriores”, destacó Jiménez en entrevista con Unitel. Precios y calidad En cuanto a precios y estándares de calidad, la ANH supervisará que los combustibles importados cumplan con las normas establecidas en el Decreto Supremo 4718. Además, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías emitirá, en los próximos días, una metodología específica para regular los precios de venta. Las estaciones de servicio, señaló Jiménez, deberán optar entre comercializar combustible subvencionado por el Estado o el importado, sin la posibilidad de ofrecer ambos productos de manera simultánea. Impacto económico El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señaló que esta medida permitirá liberar recursos en dólares que antes se destinaban a la subvención de combustibles. Sin embargo, el ahorro dependerá del capital que los empresarios decidan invertir en importaciones de gasolina y diésel. “El ahorro en subsidios estará en función de cuánto destine el sector privado a la importación”, indicó el ministro. Montenegro enfatizó que el objetivo del gobierno es redirigir estos recursos hacia proyectos de inversión pública, sin afectar la producción nacional de hidrocarburos, que continúa protegida constitucionalmente. Oportunidades y desafíos Para el sector empresarial, la medida representa una oportunidad para reducir las filas y los problemas de abastecimiento que afectan a distintos sectores. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), afirmó que el Decreto Supremo 5271 responde a una demanda de los sectores productivo, comercial y de servicios. No obstante, advirtió que el éxito de la medida depende de que se eliminen barreras burocráticas y fiscales que podrían frenar la importación privada. “Es fundamental que esta flexibilización sea operativa y que los trámites o impuestos no encarezcan el combustible importado”, comentó Rodríguez. También mencionó la coexistencia de tres mercados de combustibles: el regulado, el de libre importación y el mercado negro. “La especulación en el mercado negro sigue siendo un problema que impacta la economía y debe ser atendido para asegurar la estabilidad de precios”, añadió. Además, sugirió una colaboración estrecha entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y la ANH para minimizar el impacto del mercado informal en los consumidores y en la competitividad de los sectores productivos. Propuestas del IBCE Para potenciar el desarrollo energético en Bolivia, Rodríguez presentó varias propuestas: 1. Simplificación de la importación privada: Reducir trámites burocráticos y eliminar impuestos adicionales para disminuir el costo del combustible importado. 2. Impulso a los biocombustibles: Incentivar la producción de diésel y otros combustibles a partir de desechos plásticos y biocombustibles. 3. Promoción de la biotecnología: Apoyar la biotecnología en el sector agrícola y facilitar las exportaciones, especialmente ante el aumento en el costo de los combustibles. 4. Incentivos a la exploración energética: Crear políticas de incentivo para la exploración de nuevos yacimientos en el país, con el objetivo de alcanzar una mayor autosuficiencia energética. Estas iniciativas, según Rodríguez, fortalecerían la estabilidad económica y energética de Bolivia, reduciendo la dependencia de las importaciones de combustibles.

Esta tarde a las 16:00 el Gobierno sostendrá un diálogo con los sectores productivos de Santa Cruz y el país, con el propósito de resolver la problemática de los combustibles, la seguridad jurídica y biotecnología. El foco central será el reciente Decreto Supremo 5271 que libera la comercialización e importación de combustibles. “La expectativa no es otra que conocer por parte del gobierno nacional la respuesta al planteamiento, este que se ha realizado de alguna forma con el anuncio que hacía el ministro de Hidrocarburos y Energías Alejandro Gallardo” mencionó el gerente del  Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez. El decreto supremo 5271 que pretende velar la normalidad del abastecimiento de diésel al sector productivo, principalmente agropecuario. La norma fue recibida de buena forma por la mayoría de instituciones, pero hay una serie de cuestionamientos, preocupaciones y preguntas que pretenden ser resueltas esta tarde. El sector  agropecuario busca el desarrollo económico del país, afirmó. Son 17 puntos que se abordarán y lo que se debe priorizar es “gobernar escuchando a los empresarios, porque es sabio” señaló Rodríguez. El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, explicó algunos puntos de la agenda de esta tarde. “Tenemos tres temas para tocar ahora en la tarde. La solución de una vez por todas del combustible, tenemos la seguridad jurídica, porque es muy importante para el productor boliviano. Necesitamos seguridad jurídica para volver a creer en el campo y seguir invirtiendo. Y esto es transversal, es la biotecnología”, dijo a Unitel.