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«Estos señores ya han entrado en una locura desenfrenada». Así el ministro de Obras, Édgar Montaño, se refirió a los bloqueadores del ala «evista», a quienes acusó de perjudicar al país solamente para garantizar impunidad a su «comandante» Evo Morales en casos de vulneración contra niñas. «Ustedes definitivamente han llegado una locura por defender a una persona que ya no se puede sostener, ni defenderlo en ningún ámbito, ni en lo político, ni en lo jurídico, menos aún en lo humano», sostuvo el Ministro. Los bloqueos llevan dos semanas en el departamento de Cochabamba. Si bien los manifestantes sostienen que defienden la economía, el ministro Montaño insiste en que la medida de presión sólo busca la impunidad de Morales y recordó que los mismos «evistas» exigieron levantar los procesos contra el expresidente. El Ministro aseguró que el Órgano Ejecutivo no puede meterse en temas de la justicia ni en las decisiones del tribunal electoral, debido a la independencia de poderes, por lo cual el Gobierno rechaza las condiciones que pone el «evismo» para levantar los bloqueos. Aseveró que las medidas de presión de Morales ya no tienen apoyo y pierden fuerza. «Entonces lo que le queda a Evo Morales es ir y declarar ante la justicia, porque cada familia no vamos a estar pues entregándolo a nuestros hijos, a nuestras hijas a un ciudadano que no sabe qué es el matrimonio, a un ciudadano que no sabe qué es cuidar de un hijo, de una hija», agregó.

Los dos policías que fueron rescatados y heridos durante un operativo de desbloqueo en la ruta a Capinota se encuentran estables, según el informe oficial de la Caja Nacional de Salud (CNS). El administrador de la CNS de Cochabamba, Marcelo Toco, confirmó este martes que los efectivos recibieron atención médica oportuna y que se desplazó ambulancias a las zonas donde policías y militares resguardan las vías para atender cualquier emergencia. El personal médico del seguro de salud informó que anoche tres efectivos heridos fueron atendidos y esta jornada se atendió a un policía más.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, acusó a los alcaldes de Tiraque, Aiquile y Totora de incitar a los bloqueos que ya cumplen 23 días. Dijo que las autoridades deberán responder a la justicia. «El alcalde de Tiraque, Adolfo Mérida Durán, a través de Erick Lino, responsable de Deportes y Cultura, y Luis Fernando Espinoza, responsable de maquinaria, han estado incitando y bloqueando, por lo tanto, el alcalde también es responsable», sostuvo Montaño. De acuerdo a la autoridad, el provincial de Tiraque tiene comunicación con el expresidente Evo Morales y buscaría salir del país. La autoridad también acusó al alcalde de Aiquile, René Ortuño Mamani, quien, a través de Gregorio Gonzales y Saúl Cabrera, funcionarios de la alcaldía, habría incitado a los bloqueos. Asimismo, dijo que el alcalde de Totora también está inmiscuido en los bloqueos. «Estos tres alcaldes tendrán que rendir cuentas a la justicia por las pérdidas millonarias», aseveró Montaño. Detalló que solamente en Vías Bolivia hay 23 millones de bolivianos en pérdidas, dinero que estaba destinado al mantenimiento de las carreteras.

El gobernador cruceño recibió medidas cautelares como arraigo, detención domiciliaria una fianza de Bs 300.000; sin embargo, aún debe cumplir detención preventiva por otros casos, según el reporte La justicia determinó la tarde de este lunes dictar la cese a la detención preventiva del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por el denominado caso ‘Carro Bombero’, según confirmó Martín Camacho, abogado de la autoridad. De acuerdo con el reporte, el juez de sentencia sustituyó la detención preventiva por medidas cautelares, entre ellas un arresto domiciliario, un arraigo y una fianza por Bs 300.000, lo que implica que el gobernador logra su libertad en torno a este caso y queda a la espera de juicio. “Pese a la demora que existió en la apelación de la audiencia de medidas cautelares, en esta oportunidad el juez de sentencia ha obrado de manera correcta, ya nos encontramos en etapa de juicio, en ese caso las medidas cautelares ya han vencido su carácter instrumental dentro de la etapa de investigación”, sostuvo el jurista. Y es que a principios de junio de 2023, Camacho recibió detención preventiva por un lapso de 90 días debido a este caso, donde se lo sindica por presuntos delitos como incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. De acuerdo con los antecedentes, fue el diputado arcista Rolando Cuellar (MAS-IPSP) quien denunció este caso en la Fiscalía y reveló que la Gobernación firmó un contrato para la compra de un carro bombero el 28 de enero de 2022 y que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, alegando que esto no se concretó. Martín Camacho sostuvo que ahora queda esperar a que pueda iniciar el juicio y está vigente una solicitud para que se pueda llevar delante de manera presencial, tal y como se determinó para otros casos como el denominado ‘Decretazo’ y Golpe de Estado I’. “Estamos a la espera de nuevos señalamientos también dentro del caso Golpe I para poder continuar con el proceso en la ciudad de La Paz”, precisó el abogado al referir que aún se mantiene la detención preventiva para los otros procesos que pesan sobre la máxima autoridad cruceña, quien permanece recluida de manera preventiva en el penal de Chonchocoro.