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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha recibido un nuevo cargamento de diésel en la terminal portuaria de Arica, Chile, asegurando el abastecimiento de combustibles líquidos en todo el territorio boliviano. Germán Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), informó que este nuevo suministro permitirá atender la creciente demanda en el país, que ha registrado un aumento significativo en los últimos meses. Al mismo tiempo, se han reforzado los controles de distribución con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) para evitar el desvío y contrabando de combustible subvencionado por el Estado. Detalló que la ANH ha desplegado más de mil militares en un esfuerzo conjunto con YPFB para garantizar que los combustibles lleguen de manera segura a las estaciones de servicio. Este despliegue incluye la custodia de cisternas desde las plantas de almacenamiento hasta los puntos de venta, complementado por el uso de tecnología GPS para monitorear los desplazamientos. Jiménez destacó que, en septiembre, se alcanzó un 99 por ciento de cumplimiento en la programación de despachos, y con el inicio de octubre, se ha intensificado la vigilancia en los puntos clave de distribución. Este operativo militar —recordó— es parte del “Plan Soberanía”, implementado meses atrás, que busca frenar el contrabando en las zonas fronterizas, donde se ha detectado el desvío de diésel hacia países vecinos. Según Jiménez, los controles se están ejecutando no sólo en las estaciones de servicio, sino también en las rutas que recorren las cisternas, lo que garantiza que el combustible llegue íntegramente a su destino. “Hemos tomado medidas para asegurar que la población tenga acceso a combustible, sin interrupciones en el suministro”, afirmó el director de la ANH. El reciente arribo del buque cisterna Hellas Avatar al puerto de Arica ha sido importante para mantener estable el abastecimiento de diésel en Bolivia. Procedente de Beaumont, Estados Unidos, este cargamento representa una pieza clave en la estrategia de YPFB para mantener el flujo continuo de combustibles, que en meses anteriores enfrentó dificultades por restricciones operativas en la terminal portuaria debido a las marejadas. La descarga del combustible se realiza a través del oleoducto Sica Sica-Arica, lo que permite que el diésel llegue directamente a las instalaciones de YPFB Transporte para su distribución en territorio boliviano. Desde julio, varios buques cisterna han enfrentado dificultades para descargar en Arica debido a condiciones climáticas adversas y oleajes intensos, lo que generó preocupación por posibles interrupciones en el suministro. Sin embargo, las autoridades portuarias chilenas han levantado las restricciones, lo que ha permitido retomar el flujo normal de operaciones. YPFB también ha trabajado en conjunto con la Armada de Chile para aumentar la frecuencia de descargas y reducir los tiempos de espera en puerto, lo que garantiza que el suministro de combustible no se vea afectado nuevamente por estos factores externos.

El desastre ambiental en Bolivia no terminará cuando se apague el fuego, por lo que trabajar en la etapa posincendio es indispensable para recuperar las áreas boscosas, recomiendan los expertos. Entre las acciones a tomar están restituir a las comunidades indígenas a sus territorios, rehabilitar las fuentes de agua, recuperar las áreas productivas y garantizar el retorno a clases de los niños. Recomiendan que estos aspectos sean considerados en un plan gubernamental de recuperación posdesastre, contemplado en la declaratoria de desastre emitida el 30 de septiembre. Los incendios forestales se prolongan en el país por cuatro meses. A la fecha, ya se consumieron 6,9 millones de hectáreas, según datos oficiales. Para el director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis), Miguel Vargas, es fundamental que en la etapa posincendio se incluya en el plan la restitución a sus hogares de los pobladores expulsados de sus comunidades por el fuego. Los más perjudicados son los pueblos indígenas de las tierras bajas porque los incendios ocasionaron su desplazamiento forzado para preservar sus vidas. “Las comunidades indígenas de Santa Cruz, Beni y Pando pasan por una situación crítica porque están amenazadas y presionadas por la presencia del fuego”, señaló Miguel Vargas. Lamentó que durante los cuatro meses de incendios los niños no asistieron a clases de manera regular debido a la humareda y a la situación que vivían; por lo tanto, el acceso a la educación debe estar en el plan. “Muchos fueron evacuados porque perdieron su casa, sus cosas y se quedaron sin nada”, sostuvo. Sobre el tema, el secretario ejecutivo de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (Pbfcc), Juan Carlos Alarcón, dijo que el plan gubernamental de recuperación posdesastre debe contemplar una pausa ecológica indefinida para lograr recuperar los bosques porque la formación de estos ecosistemas demora varias décadas. Mencionó la urgencia de un debate entre los actores sociales sobre el modelo extractivista vigente en Bolivia que prioriza la agroindustria y el monocultivo sobre los intereses de los pequeños productores que son los que abastecen las mesas de los ciudadanos, y además amenaza la seguridad alimentaria. “No podemos vivir sólo de soya”, señaló Alarcón. La senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que la revisión de la normativa vigente es fundamental en la etapa posincendio y la restitución de todo el daño ocasionado. Consideró que los incendios no son casualidad y que, en gran medida, es deliberado con el fin de habilitar tierras de “forma criminal”. Los tres entrevistados coincidieron en que la pérdida del bosque agravará los periodos de sequía por la falta de agua por menos lluvias. “Sin bosque no hay lluvia, sin lluvia no hay agua”, alertó Miguel Vargas Ayuda del exterior Llegaron 49 bomberos forestales y especialistas en análisis del fuego de España, cuatro expertos de Chile, 58 bomberos forestales de Venezuela y 63 bomberos forestales de Brasil. Chile entregó 70 cascos amarillos, 70 cubrefaz, 120 guantes cortos, 70 botas de combate, 72 antiparras y 400 raciones de combate; España facilitó 50 equipos para bomberos forestales; Perú, 50 cajas de sistema guardián; Canadá, dos drones con cámaras termales para monitoreo de incendios forestales; entre otros. Calidad del aire sigue “muy mala” por humo El Índice de Calidad del Aire (ICA) en Santa Cruz se mantiene como “muy malo” para la salud de la población, principalmente en los grupos vulnerables. El secretario de Medio Ambiente de la alcaldía cruceña, Ariel Lino, la situación se debe a los vientos fuertes que provienen del norte, que están transportando la humareda de los incendios hacia la ciudad, elevando los niveles de contaminación atmosférica. Se prevé que esta contaminación persista hoy y se espera un cambio en la dirección de los vientos que podría ayudar a mejorar la calidad del aire, según reportó la Alcaldía. Lino recomendó el uso de barbijos en especialmente los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas. Además, se exhortó evitar la exposición prolongada al aire libre y mantener una permanente hidratación. Se instalaron puntos de atención médica en dos plazas de Santa Cruz para atender a afectados por la humareda.

Los beneficiarios de la Pensión Solidaria de Vejez recibirán un incremento en sus pagos mensuales de entre 80 y mil bolivianos, gracias a la promulgación de la Ley 035, realizada ayer por el presidente Luis Arce. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) tiene un plazo de 60 días para reglamentar la norma y ponerla en vigencia. La Ley 035 modifica varios artículos de la Ley 065 y sus posteriores reformas, estableciendo nuevos montos de pensión en función de los años de aportes y el monto acumulado. Por ejemplo, una persona con 10 años de aportes verá su jubilación aumentada en 80 bolivianos, pasando de 640 a 720 bolivianos mensuales. En el caso de aquellos que han aportado durante 35 años, el incremento será de mil bolivianos, elevando su pensión de 4.200 a 5.200 bolivianos (ver infografía). La norma establece que las modificaciones “se aplicarán a partir de la regulación emitida por la APS, tanto a las nuevas solicitudes de pensión como a aquellas en proceso de adquisición. Para las pensiones en curso de pago, su aplicación se ajustará al plazo y procedimiento que determine la regulación correspondiente”. En otro aspecto, el Gobierno decidió retroceder en su propuesta de establecer un límite de edad de 65 años para la jubilación obligatoria, lo que había sido criticado por varios sectores como una forma de “jubilación forzosa”. El presidente Arce explicó que es necesario abrir espacio para los jóvenes en el mercado laboral, y mencionó que “hay algunos profesionales de edad avanzada que se resisten a jubilarse”. Sin embargo, reconoció que este artículo fue retirado para facilitar la aprobación del incremento en la Pensión Solidaria. Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que aproximadamente 152 mil jubilados se beneficiarán con este ajuste. El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, detalló que las fuentes de financiamiento para el aumento incluyen un incremento en el aporte patronal, que pasará de 3 a 3,5 por ciento. En el sector minero, el aporte subirá de 2 a 2,3 por ciento. Además, quienes ganen más de 13 mil bolivianos mensuales deberán contribuir con porcentajes adicionales, que oscilarán entre el 0,15 y el 1,48 por ciento, dependiendo de sus ingresos: los salarios más altos aportarán más.

El Gobierno emitió este lunes la declaratoria nacional de desastre por los incendios forestales, que ya afectaron más de 5 millones de hectáreas. «Se declara la situación de desastre nacional por los incendios forestales que afectan diversas zonas del país», señala uno de los artículos leídos por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en la ciudad de Santa Cruz. El presidente Luis Arce se reunió previamente con autoridades cruceñas, como el gobernador Mario Aguilera, con quienes consultó la decisión de la declaratoria. «Esta declaratoria busca mayor cooperación, pero hemos advertido que no necesariamente va a ser así. Por eso, recordamos que enviamos a la Asamblea dos créditos que se pueden utilizar para atender esto», dijo Arce.