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Considera también que el caso es la “muestra clara del linchamiento mediático de una madre (…) llegando a criminalizar la pobreza de las mujeres que son cabezas de familia” Con el caso de la joven madre que fue reportada como desaparecida, pero luego encontrada en un alojamiento con sus dos hijos, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación y advirtió que las autoridades bolivianas convirtieron una “práctica común” la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. A través de un pronunciamiento, la entidad dirigida por Pedro Callisaya afirmó que “de manera abusiva” se abrió un proceso penal por supuestos delitos de abandono de menor, violencia familiar o doméstica y simulación de delito contra Reyna, la madre que fue encontrada luego de varias semanas reportada como desaparecida. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo no solo advierte que se afectaron los derechos de Reyna, sino también de sus hijos, quienes “fueron sometidos a un proceso investigativo traumático, tal como lo evidenciarían las evaluaciones psicológicas”. “En dichas evaluaciones, además, se constataría que los menores no se encontrarían en situación de abandono, a pesar de las afirmaciones de las autoridades responsables de la investigación”, apunta. Agrega que, en este caso, también se cometieron vulneraciones contra la pareja de Reyna, quien fue calificado como principal sospechoso de su desaparición y detenido injustamente. Además, señala que se cometieron abusos de autoridad y violencia institucional durante su detención, “al punto de incurrir en hechos de tortura so pretexto de realizar un proceso de investigación”. “Asimismo, se está volviendo una práctica común y preocupante que algunas autoridades bolivianas vulneren el derecho a la presunción de inocencia, al hacer presentaciones mediáticas por parte del Ministerio de Gobierno, en clara contravención de lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado boliviano en la sentencia del caso Valencia Campos”, reclama la Defensoría. Recuerda que, en el caso Valencia Campos, la Corte IDH estableció que “estas conferencias de prensa tienen un impacto mediático que afecta negativamente a la honra de las personas presentadas como culpables, aun antes de que se haya realizado cualquier imputación formal en su contra”. Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que, hasta agosto de 2024, atendió 17 denuncias contra el Ministerio de Gobierno y la Policía por la exhibición de personas aprehendidas ante los medios de comunicación, lo cual se considera como una vulneración a la presunción de inocencia. “Linchamiento mediático de una madre” La Defensoría considera también que el caso Reyna es la “muestra clara de la criminalización de una mujer, del linchamiento mediático de una madre (…) de la ausencia de políticas que promuevan y garanticen a las mujeres el desarrollo pleno de sus proyectos de vida, llegando a criminalizar la pobreza de las mujeres que son cabezas de familia”. “Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten acciones de no repetición, pero principalmente para que garanticen la libertad, el debido proceso, la no revictimización y la reparación de los derechos vulnerados tanto de la señora R.R.H.H. como del señor J.L.M”, versa el pronunciamiento. Finalmente, anuncia que iniciará acciones procesales a nivel nacional para evitar que se repitan estos casos de vulneración de derechos y, de ser necesario, llevará el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Comparte y opina:

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)  abrió ayer una investigación para identificar las causas del incidente que sufrió un avión de Boliviana de Aviación (BoA) en el aeropuerto Jorge Wilstermann. “En el marco de la Ley Aeronáutica Civil N° 2902 y la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 830, la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes (AIG) inició el proceso de investigación para identificar las causas probables del evento”, informó la DGAC a través de un comunicado. Entre tanto, el gerente de Operaciones de BoA, Luis de Ugarte, informó que el incidente obligó a abortar el despegue del vuelo OB 648 con destino Viru Viru, Santa Cruz, operado por la aeronave CP-2923.  En la aeronave se encontraban 137 pasajeros y  siete tripulantes, quienes salieron ilesos, de acuerdo a informe oficial. Comentó que durante la evacuación de los pasajeros se cumplió todos los procedimientos establecidos  y se reprogramó el vuelo para  que todos los usuarios, tras una evaluación médica. La empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) definió el incidente como “un evento de seguridad operacional” que obstruyó la pista 14/32 del aeropuerto. Comparte y opina:

Pese a la aclaración de las autoridades argentinas de que la construcción de un cerco de 200 metros en la ciudad fronteriza de Aguas Blancas no afectará las relaciones comerciales, la Cancillería de Bolivia hizo conocer su preocupación por esta medida. Adrían Zigarán, interventor en la ciudad argentina de Aguas Blancas, negó en declaraciones a los medios que la intención sea similar a la de Donald Trump con México,  explicó que actualmente existe un muro de 30 a 40 centímetros, “sobre el cual saltan las personas. Entonces, con el alambrado se pretende evitar ese paso ilegal principalmente a narcotraficantes”, detalló. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en un comunicado expresó “su preocupación ante el anuncio argentino de construir el cerco”. Según la Cancillería, “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas”. El comunicado de la Cancillería agrega que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. El ministro de Justicia, César Siles, dijo que esa decisión va contra los tratados internacionales y los principios de la convivencia pacífica. “Consideramos que el mandato del presidente de Argentina es vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional”, dijo la autoridad a los medios. No  perjudica Desde Argentina aseguran que el cerco no busca perjudicar el comercio entre ambos países, sino controlar actividades ilícitas “Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara”, aseguró Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras de Argentina. El interventor Zigarán señaló que además de la mercadería habitual que se mueve en la frontera, de manera permanente se arresta a personas que transportan cocaína de día y noche rumbo a territorio argentino, por eso la medida tiene como objetivo central la lucha contra el narcotráfico. La construcción ya es un hecho El Gobierno de Salta lanzó la licitación para instalar un alambrado de 200 metros de extensión en la frontera con Bolivia, con el objetivo de frenar el paso ilegal de personas y el contrabando. Esta mañana se publicó el llamado a licitación de la obra, a través de una publicación del municipio de Aguas Blancas en el Boletín Oficial de Salta. Según autoridades argentinas  se desplegarán 310 efectivos policiales de distintas fuerzas federales que serán asignados para custodiar toda el área del cerco. Comparte y opina: