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Mediante un comunicado, esa cartera de gobierno rechaza las amenazas de movilizaciones. El rector Vicente Cuéllar pide una reunión directamente con el ministro Marcelo Montenegro. Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que se acordó entregar a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz Bs 334,1 millones de presupuesto adicional para este año. Sin embargo, las autoridades de esa casa de estudios superiores rechazaron la propuesta gubernamental y anunciaron medidas de presión. Esta semana el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, y autoridades de Economía se reunieron para evaluar la situación financiera de esa institución; y acordar la entrega de un presupuesto adicional para encarar la recta final del año. “Se planteó de manera responsable, velando por la sostenibilidad financiera y disponibilidad real del Estado, un presupuesto adicional por subvención extraordinaria y ordinaria del Tesoro General de la Nación (TGN) de Bs 68,1 millones; superior a la gestión 2023”, señala la nota. Y agrega: “Se aclaró que la UAGRM aún percibirá un estimado de Bs 266 millones entre septiembre y diciembre de este año; recursos correspondientes a la coparticipación tributaria, subvención del TGN e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); este monto puede ser superado de acuerdo a la recaudación efectiva”. Cifras Según la explicación de esa cartera, esos Bs 266 millones más de los Bs 68,1 millones propuestos suman Bs 334,1 millones adicionales que ofrecen a la UAGRM. Sin embargo, explica la nota, el rector de la UAGRM rechazó la propuesta y posteriormente advirtió con asumir medidas de presión en demanda de mayor presupuesto. “El MEFP rechaza las amenazas vertidas por el rector de la UAGRM y lo exhorta a reflexionar su posición. La propuesta se realizó en función a la evaluación integral de la situación económica; y de desempeño institucional financiero de dicha universidad; así como la asignación del soporte extraordinario para la presente gestión”, sostuvo esa cartera de Estado. Pedido de la UAGRM La versión de Cuéllar es diferente. El rector explicó a los medios de comunicación que existe una diferencia entre lo que demanda esa universidad y lo que ofrece el Ministerio de Economía. Explicó que enviaron una nota al ministro Marcelo Montenegro para solicitarle una reunión directamente con él; no con viceministros como ocurrió el lunes. En caso de que no se dé ese encuentro o no haya un acuerdo, advirtió con movilizaciones. Indicó que la universidad enfrenta una grave situación financiera que pone el peligro de la continuidad de sus actividades y lamentó que las autoridades de Gobierno no respondan a sus necesidades.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) autorizó, hasta el momento, a nueve empresas para importar combustible destinado a su propio consumo, según un boletín oficial. Estas medidas se enmarcan en un contexto de dificultades para el aprovisionamiento de diésel debido a la escasez de dólares. El gerente de Comercialización de YPFB, Joel Callaú, informó que “a la fecha, la ANH ha emitido resoluciones administrativas que permiten la importación a nueve empresas, las cuales podrán adquirir combustibles para su propio uso”.  El anuncio se realizó durante un taller de capacitación sobre importación directa de combustibles, que se llevó a cabo en La Paz y contó con la participación de empresas y cooperativas. Durante la reunión, se explicó también sobre las facilidades otorgadas por el reciente Decreto Supremo 5218, que agiliza la emisión de autorizaciones para la importación de hidrocarburos y productos refinados, al modificar el Decreto Supremo 28419, vigente desde el 21 de octubre de 2005. Este nuevo procedimiento permite obtener el permiso en un máximo de cinco días, en contraste con los trámites anteriores. El boletín destaca que la agilización del proceso beneficia tanto a grandes empresas como a personas naturales o cooperativas que requieren combustible para sus actividades productivas. “No hay restricciones en los volúmenes de importación, siempre que el uso sea para consumo propio”, señala.

El sector privado teme que el reinicio de bloqueos y protestas sociales impida alcanzar la meta de $us 10 mil millones en exportaciones este año, una cifra casi $us mil millones inferior a la obtenida en 2023 y unos $us 4 mil millones menor que en 2022.  “Las exportaciones se han contraído. Esperamos llegar a los $us 10 mil millones, pero, lamentablemente, este tipo de situaciones en el país nos preocupa”, manifestó Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb). “Ojalá logremos alcanzar esa cifra, pese a que hasta junio de este año la caída fue del 21%. Estos tres meses que restan son clave, y necesitamos condiciones para llegar a esos niveles de exportación”, añadió Velasco. A junio de 2024, las exportaciones registraron una caída del 21% en comparación con el mismo período de 2023, mientras que las importaciones también disminuyeron en un 16%. Entre las causas de esta contracción se destacan la reducción en la producción de gas y productos agropecuarios, la variación de precios internacionales y, en algunos casos, la falta de dólares. “La escasez de divisas ha complicado la importación de insumos que muchos exportadores también requieren”, indicó Velasco. Otro factor constante en los últimos años ha sido la persistencia de bloqueos y marchas, lo que genera preocupación en el sector. En este contexto, Evo Morales impulsa una marcha “para salvar a Bolivia”, desde Oruro hacia La Paz, mientras que el Gobierno de Luis Arce sostiene que la movilización busca desestabilizar al país y habilitar al expresidente como candidato. Velasco advirtió que por cada día de bloqueos se pierden hasta $us 9 millones en exportaciones. “Lo más crítico es que podemos perder mercados. Esperamos que en el último trimestre logremos revertir esta caída con mayores volúmenes de exportación y mejores precios”, agregó. La preocupación es compartida por otros gremios del sector privado. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), señaló que los bloqueos “siempre son perjudiciales” y llamó al diálogo entre las partes en conflicto. Asimismo, recordó que se presentó al Legislativo un proyecto de ley para penalizar los bloqueos, el cual —en su opinión— debería trabajarse junto a otras normativas. Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), también se refirió a los conflictos sociales, que se suman a los problemas económicos que enfrenta el país.  “No podemos acostumbrarnos a bloquear el país, porque esto ha dañado nuestra imagen. Bolivia debía conectar el Pacífico con el Atlántico a través de sus carreteras, pero los países vecinos han buscado rutas alternas debido a nuestra conflictividad”, comentó Ascarrunz a la prensa. Concretar acuerdos El representante de los exportadores, Danilo Velasco, informó ayer que aún se espera la consolidación de la Agencia de Promoción a las Exportaciones mediante una alianza “público-privada”, así como la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que “aún no está operativa”. Explicó que para la implementación de la VUCE se requiere un presupuesto de alrededor de $us 19 millones, que serían financiados por un organismo multilateral. “Eso es lo que Bolivia necesita. Todos los países cuentan con VUCE, y esperamos que con esto las exportaciones se multipliquen”, destacó. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones cayeron en $us 1.161 millones durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023 Se mantiene el déficit comercial Aunque las exportaciones mejoraron en los últimos meses, hasta junio de este año se mantuvo un déficit comercial de $us 272 millones, según datos del INE. La Caneb espera que este año se alcance un superávit comercial, aunque esto sería principalmente resultado de la caída registrada en las importaciones. En 2023, el déficit fue de $us 570 millones, mientras que en 2022 se alcanzó un superávit de $us 1.801 millones.

Las amenazas de marchas y bloqueos de grupos afines a Evo Morales causaron un alza en los precios de los productos básicos de la canasta familiar, según el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Especuladores habrían aprovechado la situación para limitar la oferta y aumentar los precios. Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, destacó que estos anuncios generan incertidumbre y alientan a los comerciantes a especular con los precios, afectando a las familias más vulnerables. “No vamos a permitir que se afecte el derecho a la alimentación”, afirmó.  El viceministro Silva también resaltó que el Gobierno respalda su respuesta en la legislación vigente para evitar que la economía de las familias bolivianas sufra mayores consecuencias. Por su parte, Gabriela Pareja, gerente de Comercialización de Emapa, citada por ABI, señaló que, aunque se formaron filas en supermercados y tiendas estatales debido a la preocupación generada por los anuncios de bloqueos, la empresa tiene suficientes reservas. Actualmente, Emapa distribuye 11 mil toneladas de arroz a nivel nacional a precios más accesibles, muy por debajo de los costos del mercado. La empresa estatal asegura contar con una reserva estratégica de 76 mil toneladas de arroz, suficiente para cubrir la demanda hasta finales de año, según Franklin Flores, gerente general de Emapa.