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Comunidades del departamento colombiano del Cauca (suroeste) secuestraron este domingo (07.09.2025) a 45 militares que participan en una operación contra el grupo Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC. “El campesinado de (la zona del cañón del) Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen (a) los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de dialogo está lista”, expresó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en X. El Ejército colombiano detalló en un comunicado que los uniformados fueron secuestrados por comunidades, supuestamente instrumentalizadas por las disidencias, en la vereda (aldea) El Tigre, del municipio de El Tambo. Las tropas “fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de integrantes” del grupo Carlos Patiño, “impidieron el desarrollo normal de las labores constitucionales en la zona”, agregó la información. Operación militar con más de 300 soldadosEl pasado 19 de agosto, el Ejército lanzó una operación militar con más de 300 soldados contra las disidencias de las FARC en una zona rural de El Tambo, donde hoy fueron secuestrados los uniformados. El grupo Carlos Patiño hace parte del EMC y tiene como principal bastión la zona del cañón del Micay, donde el Ejército ejecutó en octubre del año pasado otra operación similar para recuperar el control de El Plateado, un pueblo que hace parte del municipio de Argelia. El cañón del Micay es clave para el narcotráfico porque, además de tener cultivos de coca, es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico. El Ministerio de Defensa recordó que desde 2021 se han registrado más de un centenar de asonadas contra tropas militares en distintas regiones, lo que ha obstaculizado operaciones de seguridad y debilitado la presencia estatal en zonas afectadas por el narcotráfico y la violencia armada.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, que llegó al país este jueves tras ser deportado desde Estados Unidos, enfrenta 15 procesos penales, la mayoría relacionados con su gestión durante el gobierno de Jeanine Áñez. De esos casos, dos ya cuentan con sentencia. Al respecto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó “que esta persona debe ser trasladada a una cárcel pública en La Paz”. De acuerdo con los datos de Mariaca, Murillo tiene 15 procesos penales abiertos en el país, de los que diez están en fase de juicio oral, es decir que ya existe una acusación formal “por diferentes hechos” y otros dos están en “etapa preparatoria”, en la que ya “se encuentra con imputación formal para que resuelva el juez cautelar”. Los tres restantes están “en etapa preliminar, en la cual los fiscales determinarán el imputar o rechazar el caso cuando amerite y conforme a procedimiento”, indicó. DOS SENTENCIAS El Fiscal General recordó que dentro de estos procesos, ya hay dos sentencias condenatorias, una por ocho años de cárcel dentro del caso denominado ‘gases lacrimógenos’, por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares. Dentro de ese proceso se emitió también el mandamiento de aprehensión por el que Murillo fue detenido tan pronto llegó al país y tras cumplir con los registros correspondientes ante Migración e Interpol. La otra sentencia es por cinco años y cuatro meses, dentro del caso ‘gases Ecuador’, por gestionar de forma irregular ante Ecuador la dotación de equipos antidisturbios en la crisis social y política de 2019. “Lo que sí se tiene claro es que esta persona tiene que pasar a una cárcel pública en el departamento de La Paz para cumplir, bien sea las condenas que ya tiene en dos casos que he mencionado, o en su defecto la detención preventiva que tendría que darse fruto de la rebeldía que en su momento se dictó a través de una autoridad jurisdiccional, llámese juez, para que entienda la población”, explicó Mariaca. Agregó que la decisión judicial ya fue tomada en su momento, tanto respecto a las diferentes declaraciones de rebeldía como a las sentencias condenatorias emitidas en su contra. “Lo que sí está claro, y que debe cumplirse según procedimiento, es que esta persona tiene que ser trasladada a una cárcel pública, tal como lo determine la autoridad jurisdiccional”, sostuvo.

El presidente Donald Trump informó desde la Casa Blanca que fue hundido un barco que salía de Venezuela con un supuesto cargamento de drogas hacia Estados Unidos. El mandatario indicó que varios barcos estarían saliendo de territorio venezolano con sustancias ilícitas, justificando así la intervención en aguas internacionales.

En Tarija, el municipio de Cercado lidera los casos de violencia intrafamiliar, lo que genera preocupación entre las autoridades. Aunque muchos casos son denunciados, se estima que otra cifra similar queda sin registro debido a la coacción de los agresores.

Luego de ser deportado de Estados Unidos, Arturo Murillo llegará a Bolivia para ser aprehendido y procesado por la justicia. El exministro de Gobierno enfrenta tres sentencias de entre 5 y 8 años de cárcel, además de otros procesos vigentes. Se espera que la justicia actúe con imparcialidad en su caso.

 El joven de 22 años reportado como desaparecido hace tres días fue encontrado sin signos vitales en el río Ichoa. Fue arrastrado por un turbión mientras nadaba. El hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto de autoridades departamentales, comunarios, bomberos voluntarios y el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana (SBRAB).

Desde El Alto, la Policía Boliviana informó sobre la incautación de 8.000 litros de combustible que eran almacenados y camuflados en dos domicilios. Según las autoridades, estos operativos se han intensificado ante el aumento del contrabando de combustible hacia Perú.

La justicia condenó a un año de cárcel a los exprovinciales jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons por haber encubierto los abusos sexuales cometidos por el padre Alfonso Pedrajas al interior de la Compañía de Jesús en Bolivia. La sentencia fue calificada de histórica por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos. En el Juzgado Cuarto de Sentencia Anticorrupción los sentenció a los exprovinciales tras escuchar los alegatos finales de las partes y la última palabra de las víctimas y los imputados. “Celebramos porque para nosotros es el inicio. Se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada. En su momento hubo muchas denuncias, éramos niños, nos hicieron creer que la justicia la impartía el Provincial de los Jesuitas, así nos manipularon”, afirmó el presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), Wilder Flores. El caso de Alfonso Pedrajas -conocido también como “Padre Pica”- generó indignación nacional tras revelarse, a través de su diario personal, que en vida cometió múltiples abusos sexuales contra niños y adolescentes indígenas de comunidades aymaras, quechuas y guaraníes, así como a estudiantes del internado Juan XXIII en Cochabamba, donde trabajó durante años como educador. El falló fue considerado un “primer paso” hacia una justicia postergada. Flores también criticó la postura institucional asumida por la Compañía de Jesús durante el proceso. “Ahora alardean su predisposición de colaboración a la justicia, pero durante todo el proceso vimos a sus abogados tratando de obstruir la justicia y negar la verdad. Pedimos a la población ser vigilante. Esto apenas empieza”, señaló. Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de la CBS, Edwin Alvarado, resaltó el valor de las víctimas que declararon en el proceso judicial. “Apenas es la punta del iceberg. La verdad se ha revelado en una mínima parte. Aún hay sobrevivientes de otros depredadores jesuitas y de otras órdenes religiosas. Aún hay miles de documentos internos que prueban el encubrimiento institucional y sistemático a sus pederastas”, aseguró Alvarado. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes anunció que continuará haciendo seguimiento al proceso penal contra tres exprovinciales jesuitas con imputación formal por el caso del sacerdote Alejandro Mestre: Osvaldo Chirveches, Ignacio Suñol y Bernardo Mercado. “Existen elementos de convicción para visibilizar más encubridores, con abundante prueba documental y víctimas dispuestas a acudir a la justicia boliviana. Los cimientos de la verdad y la justicia apenas han comenzado a construirse”, enfatizó Alvarado.