La Sala Constitucional Segunda de La Paz otorgó ayer en parte las medidas cautelares que solicitó la Defensoría del Pueblo a través de una acción popular contra más de una decena de autoridades, por no haber atendido oportunamente los incendios forestales que han causado una catástrofe ambiental.
De las 13 peticiones que hizo la Defensoría del Pueblo, sólo se resolvieron tres por su carácter de urgencia entre ellas, verificar el desplazamiento de las comunidades indígenas, ubicar a través de terceros a la población indígena ayorea, que decidió aislarse, y garantizar la protección de la fauna silvestre afectada por el fuego.
La Defensoría del Pueblo presentó una acción popular contra 21 autoridades del nivel central, departamental y municipal porque, en su criterio, no actuaron de forma oportuna para frenar los incendios forestales. Una semana después, el recurso legal fue admitido y la audiencia fue programada para esta jornada.
Al no estar presentes las autoridades municipales de San José de Chiquitos, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez y Puerto Quijarro, el presidente de la sala decidió postergar la audiencia de resolución del recurso legal para el martes 1 de octubre, a las 8:30, con el fin de que no exista ninguna observación cuando la resolución del dictamen sea remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Sin embargo, el abogado de la Defensoría solicitó en la audiencia que se emita una medida cautelar sobre cuatro puntos específicos, tomando en cuenta que se trata de un tema urgente debido al riesgo que corren las comunidades indígenas.
