Gabriel Argote

De enero a agosto de 2025, la recaudación tributaria del mercado interno (MI) del país se incrementó a Bs 28.230 millones, lo que representa un crecimiento del 18,7% (Bs 4.442 millones más) con respecto al mismo período de 2024, informó este lunes el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón. “La administración tributaria, al mes de agosto, ha logrado una recaudación de 28.230 millones de bolivianos. Comparándonos con el año 2024, por el mismo período de enero a agosto, logramos 23.788 millones. Esto significa un crecimiento de la recaudación del 18,7%, lo que en términos de recursos ha generado 4.442 millones (de bolivianos) más que el año 2024”, explicó Cazón en una rueda de prensa. El presidente del SIN afirmó que esta recaudación es resultado del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), que genera recursos y excedentes para beneficio de la población boliviana. Además, destacó que la coparticipación tributaria ha permitido que estos recursos lleguen a las alcaldías, gobiernos municipales y universidades. En cuanto a los tipos de impuestos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) creció un 19,6%, pasando de Bs 7.261 millones en 2024 a Bs 8.682 millones en 2025. “Esto es gracias al compromiso del emprendedor, del empresario, de las pequeñas y medianas empresas, que ya conocen que la obligación de pagar impuestos también es retribuida por el Gobierno nacional con diferentes obras en el territorio”, resaltó Cazón. Asimismo, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) aumentó un 42,6%, subiendo de Bs 6.027 millones en 2024 a Bs 8.596 millones en el mismo periodo de 2025.

Con el fin de garantizar los insumos y la producción de alimentos, el Gobierno nacional priorizará la entrega de diésel al sector agropecuario, aseguró el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. Para ello, el Ministerio de Desarrollo Productivo realiza la coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “Se está hablando con YPFB y con (el Ministerio de) Hidrocarburos para que todo lo que se tenga en los surtidores, todos los cupos, todo el diésel que exista, se priorice para el alimento de todos los bolivianos”, afirmó en declaraciones a Unitel. Debido a la falta de divisas, agudizada por el bloqueo de la oposición y del evismo a la aprobación de créditos, el país no cuenta con volúmenes adicionales de diésel para cubrir la demanda del mercado interno. La anterior semana, el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, reconoció que hay un retraso en la entrega de diésel, aunque aseguró que se cumplirá con los compromisos asumidos. “Nos falta entregar alrededor de 20 millones de litros de los 70 millones planificados. Les pedimos paciencia a los productores. Vamos a coordinar, recabar información y garantizar los volúmenes necesarios porque la instrucción del presidente (Luis Arce) es cumplir con el sector productivo, que garantiza la alimentación del pueblo boliviano”, afirmó el viernes. Siles aseguró que se tomaron las acciones para que no falte el combustible, “no solamente para el sector arrocero, sino para todo el sector agropecuario en realidad” y evitar problemas futuros con el aceite, el arroz, entre otros alimentos. “En realidad estamos haciendo coordinaciones para que se priorice el transporte tanto de materia prima como de producto terminado a nivel agropecuario”, recalcó. Al igual que la gasolina, el diésel es subvencionado en Bolivia.

 El sector financiero no va a perder nada y seguirá ganando con la ley que suspenderá de forma temporal embargos y ejecuciones judiciales para créditos de vivienda de interés social y el diferimiento de cuotas de préstamos para vivienda social y a micro y pequeños prestatarios, afirmó el presidente del Servicio de Impuestos Nacional (SIN), Mario Cazón. “Se les va a dar ese alivio, en este caso, de seis meses, en los cuales, en esos seis meses, igual van a generar intereses, es decir, el sector financiero no va a perder nada, va a seguir ganando”, aseguró Cazón en una entrevista con radio Panamericana. Impulsada por el Gobierno nacional, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada del 12 de septiembre y remitida al Senado para su revisión y sanción. Plantea que, por el plazo de seis meses computables a partir de la publicación de la ley se suspenden los “embargos, remates, desapoderamientos, ejecuciones de sentencias y otras medidas judiciales” vinculadas a estos créditos, y establece que cualquier actuación contraria “es nula de pleno derecho”. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, estas medidas beneficiarían a más de 1,4 millones de prestatarios, con créditos destinados a micro y pequeñas unidades económicas, así como a vivienda de interés social. Cazón argumentó que la propuesta se la hizo “pensando en aquellas personas y, particularmente, en los pequeños negocios o empresas pequeñas que no están pudiendo cumplir con el pago de la cuota del interés y de la cuota de capital que de manera mensual tienen que realizarlo”. Además, desvirtuó la posibilidad de que el sistema financiero sea afectado, como lo advirtieron la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y los industriales. “Esperamos que esta ley pueda ser tratada en la Cámara de Senadores, porque esto facilita y beneficia, en este caso, a los negocios pequeños, a las pequeñas empresas y también a los créditos de vivienda”, dijo el presidente del SIN.