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Los efectivos lograron decomisar un camión con mercadería de contrabando en Sabaya, pero fueron atacados por pobladores cuando inspeccionaban otros vehículos Un nuevo ataque fue propiciado contra efectivos militares en un operativo contra el contrabando en el departamento de Oruro. Ocurrió la madrugada del pasado lunes, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta “Huachacalla”, en presencia del fiscal de aduanas, inspeccionó viviendas en la localidad de Sabaya (Oruro), logrando comisar un camión con mercadería de contrabando, según un informe oficial distribuido a los medios. Cuando se realizaba el comiso de otros camiones, la población se reunió en gran cantidad, lanzando cachorros de dinamita y piedras, logrando impactar en un vehículo del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC). En medio de la tensión el fiscal de aduanas abandonó el lugar y el camión fue trasladado a la aduana de Oruro con una afectación al contrabando aproximado de Bs 420.000, agrega el reporte. Los vehículos oficiales quedaron con severos daños. Otros casos Al margen de este suceso violento, efectivos militares del CEO-LCC comisaron otros vehículos que transportaban mercancía de contrabando. En la localidad de Boyuibe, provincia de Cordillera del departamento de Santa Cruz, los efectivos interceptaron un camión transportando harina, cereales y productos sin registro sanitario en cantidades a determinar en aforo físico. La mercancía fue llevada a instalaciones de Regimiento de Infantería-6 «Campos» para su custodia. En la tranca de Turkucala (Caranavi-La Paz), se detuvo un vehículo Ipsum, color azul, marca Toyota sin placa de control que transportaba 390 litros de diésel distribuido en nueve bidones. El conductor se dio a la fuga. Finalmente, el CEO-LCC comisó un camión que transportaba aproximadamente de 380 quintales de arroz y 140 paquetes de aceite, alimentos subvencionados. Los productos fueron ingresados al Regimiento de Caballería Mecanizada 4 “Ingavi” (RCM-4)  porque las instalaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se encontraban cerradas. La afectación al contrabando se acerca a los Bs 210.320.

Seis magistrados votaron por una sanción y tres pedían nulidad del proceso El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el voto dividido de sus nueve magistrados, emitió este lunes, sentencia condenatoria de seis años y tres meses de cárcel para el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y una pena de cinco años para sus tres exministros de Hidrocarburos que fueron acusados dentro del caso denominado Petrocontratos en 2015. La sentencia se conoce después de casi 20 años de proceso penal, y este lunes, los nueve magistrados, luego de cerrar la fase de alegatos en el juicio, ingresaron a deliberar y tras cinco horas de debate, salieron a leer su fallo con votos divididos. Los magistrados Olvis Egüez, Marco Ernesto Jaimes, Carlos Alberto Egüez y Juan Carlos Berrios votaron porque los acusados sean condenados a una pena de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en cambio sus colegas Ricardo Torres y Nuria Gonzáles votaron por la condena solo por el delito de incumplimiento de deberes. Los magistrados que fueron disidentes con la sentencia condenatoria, pero tampoco pedían la absolución, fueron María Cristina Díaz, José Antonio Revilla y Edwin Aguayo. LA SENTENCIA Luego de la argumentación de los votos disidentes de los tres magistrados, el presidente del Tribunal de Juicio, Olvis Egüez dio lectura a la sentencia condenatoria por voto mayoritario. “Se declara a los imputados Gonzalo Daniel Sánchez Bustamante, Jorge Eduardo Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga, autores de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica (…) estableciendo una pena de seis años y tres meses para el primero, y de cinco para los restantes imputados, los mismos que deberán ser cumplidos en el centro de rehabilitación San Pedro Chonchocoro”, manifestó Egüez. Además disponen la inhabilitación de los imputados para acceder a cargos públicos, mandatos y empleos por un tiempo de cinco años. Además del pago de costas. Al haber votos divididos de seis magistrados que optaron por la condena, cuatro de ellos por dos delitos y dos por un solo delito, los primeros hacían mayoría absoluta con lo que se dispuso la sentencia condenatoria. El fallo en su integridad será leído este martes a las 15:00. DISIDENTES Egüez dijo que su colega María Cristina Díaz votó por la nulidad del proceso al observar la vulneración de derechos en el juzgamiento en rebeldía y sin que exista una doble instancia, mientras que los magistrados José Antonio Revilla y Edwin Aguayo votaron por la nulidad del juicio, por la falta de doble instancia de impugnación, establecidos en la jurispridencia convencional. En este caso los demandantes fueron la Fiscalía General, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Ministerio de Hidrocarburos, Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia. Actualmente, el exlíder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tiene residencia en Estados Unidos desde su renuncia a la Presidencia de Bolivia el 17 de octubre del 2003. DENUNCIA En octubre de 2020, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga denunció que en el caso Petrocontratos intentaban “lincharlo” con fines políticos porque no existe materia justiciable, toda vez que no se produjo ningún daño al Estado y más bien los hallazgos de gas fueron “destacados y celebrados por el expresidente Evo Morales”. Recordó que estaba siendo juzgado por contratos que siguen vigentes en el actual Gobierno del MAS. ACUSADOS Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros fueron acusados por la firma de 107 contratos petroleros sin autorización del entonces Congreso Nacional.  La denuncia fue presentada en 2005 por el entonces diputado nacional Evo Morales, pero recién en 2011 se activaron las investigaciones y las audiencias. En mayo de 2015, la Fiscalía General presentó acusación formal en contra de cinco exdignatarios de Estado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Acusadores expresan su conformidad El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, calificó de “un juicio muy largo”el caso Petrocontratos. La autoridad del Ministerio Público dijo que esperan conocer la sentencia íntegra este martes para analizar la necesidad plnatear o no recursos legales de impugnación a las determinaciones. Por su parte el procurador general interino, Sydney Morales, indicó que la mayoría de los miembros del Tribunal de Juicio entendió la dimensión de esta controversia judicial que termina después de casi 20 años. Indicó que las instituciones del Estado pidieron la pena máxima para el principal imputado Gonzalo Sánchez de Lozada y eso es lo que dispuso el tribunal de juicio de responsabilidades.  “Es lo que habíamos solicitado desde un inicio”, remarcó.

Uno de los trenes de la línea verde sufrió ayer un descarrilamiento en el ingreso a la parada del aeropuerto Jorge Wilstermann. El incidente ocurrió a las 19:15, cuando el tren se trasladaba desde la parada de Suticollo en Sipe Sipe hasta la Estación Central en la ciudad de Cochabamba. Según el director de la operadora Mi Tren, Roger Uribe, dos piedras ocasionaron que uno de los vagones se saliera de las vías férreas y terminara impactado contra el alambrado de la parada. “Según los videos de las cámaras de seguridad, dos niños ponen piedras en ambas vías y eso provoca el descarrilamiento; además, en el lugar del incidente existe una curva”, explicó. Uribe dijo que el tren partió a las 18:30 de la estación Suticollo y no logró llegar a su destino. Los pasajeros fueron trasladados a la estación Central en otro vagón. Tras el accidente, a las 19:30 se suspendió el servicio en la línea verde para retirar el vagón afectado. “Se ha suspendido el servicio en la línea verde para realizar los trabajos en el lugar del descarrilamiento. El tren va a ser trasladado a talleres y cocheras. Este martes se va a normalizar los servicios”, añadió. El vagón fue movido con la ayudada de una grúa. Daños El tren sufrió la rotura del vidrio de la cabina donde se encuentra el conductor y daños en la chapería de la parte delantera. No hubo personas heridas, sólo daños materiales. Se prevé que este martes se tenga un informe más detallado del caso.

En las últimas semanas los desbordes y deslizamientos por las intensas lluvias cobraron la vida de nueve personas y afectaron a unas 300 familias en siete departamentos de Bolivia. Desde el Viceministerio de Defensa, se alertó que los siguientes meses serán críticos por el fenómeno de La Niña y los efectos del cambio climático. El viceministro de Defensa, Juan Carlos Calvimontes, informó que el fenómeno de La Niña está causando afectaciones en diversas regiones del país, lo que obligó al desplazamiento de personal con ayuda humanitaria para asistir a los afectados.  “Este periodo de lluvias va a ser muy crítico en el territorio nacional. La presencia del fenómeno de La Niña, y obviamente el cambio climático, están impactando mucho nuestro territorio”, señaló. Los departamentos afectados por inundaciones, deslizamientos y otros desastre son Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Además, las lluvias afectaron a 13 municipios y hay unas 20 comunidades golpeadas por inundaciones y granizadas. “No hay ningún municipio, ninguna gobernación que haya emitido declaración por desastre y lluvias; sin embargo, son 13 los municipios afectados”, dijo Calvimontes. Fallecidos Sobre los fallecidos, dijo que tres se reportaron en Chuquisaca, uno en La Paz, uno en Tarija y cuatro en Cochabamba; sin embargo, existe el reporte de dos decesos más a causa de un rayo, en el municipio chuquisaqueño de San Lucas.  “Son 117 las viviendas afectadas. Se está haciendo una evaluación de las mismas, para ver cuáles son las que corresponderían ser atendidas por el Plan de Reconstrucción del Viceministerio de Vivienda (y Urbanismo)”, dijo. Alerta naranja En las últimas horas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó la alerta naranja hasta el viernes por el posible desborde de ríos de La Paz, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando. En El Alto, la alcaldía volvió a notificar a los amautas para que desalojen sus casetas instaladas en la avenida Panorámica, ubicada en la Ceja, que se encuentran construidas al borde del precipicio, ante un inminente deslizamientos. “Ese lugar tiene 90 grados, entre 60 y 90 ya se considera riesgo alto, de acuerdo a la información de los especialistas que tenemos en nuestra dirección”, señaló el secretario municipal de Gestión de Riesgos de El Alto, Gabriel Pary. En Chuquisaca se dañaron 800 hectáreas por una granizada, en el municipio de San Lucas, en la región de los Cintis. Sobre los fallecidos, detallaron que estaban a campo abierto realizando actividades productivas y recibieron el impacto del rayo: se trata de un hombre y una mujer. Rigen dos alertas por las lluvias La primera alerta fue activada el domingo para La Paz por “ascensos de nivel con posibles desbordes en las cuencas de los ríos La Paz, Catari, Kekha Jahuira, Suches y Jahuiras. El sábado ya se encendieron las alarmas en la sede de gobierno, especialmente en la zona de Bajo Llojeta, por desbordes de ríos e inundaciones. La temporada de lluvias comenzó a finales de noviembre y se prolongará por lo menos hasta marzo.

El desborde del río Chijllawiri anegó barrios completos en el municipio de Colcapirhua ayer. En algunas zonas, el agua acumulada alcanzó el metro de altura, una situación que alarmó a los vecinos, que se movilizaron toda la noche para rescatar y proteger sus pertenencias. La lluvia torrencial que cayó por un par de horas provocó la riada que también afectó la circulación de vehículos en la avenida Blanco Galindo y en la Capitán Víctor Ustáriz, según datos preliminares.  Villa Tunari  Entre tanto, a dos días de la tragedia que cobró la vida de cuatro personas, los pobladores en coordinación con la Alcaldía de Villa Tunari trabajan para trasladar las casas de cuatro familias afectadas por el deslizamiento en el sindicato Avispas de la central Paractito.  El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Víctor Díaz, confirmó que la tierra sigue cediendo por la persistentes lluvias, por lo que se desplazó maquinaria pesada a la zona, que se encuentra ubicada a 18 kilómetros del área urbana de Villa Tunari.  Tras una inspección, mencionó que el riesgo es mayor donde se encuentran asentados los sindicatos Buena Vista, San Pedro y Huayru Rumi, que forman parte de la Federación Yungas Chapare. Díaz dijo que los deslizamientos en las vías y la falta de combustible obstaculizan los trabajos, por lo que se solicitará apoyo a la Gobernación. Entre tanto, el responsable interino de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación(UGR), Juvenal Torrico, adelantó que se enviará víveres, colchones y vituallas a las familias damnificadas, previa evaluación. Reveló que esta zona cuenta con antecedentes de deslizamientos por ser una región húmeda. Senamhi  Entre tanto, desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se pronosticó que habrá lluvias en todo el departamento hasta el jueves. El director departamental del Senamhi, Erick Sosa, puntualizó que en la zona andina se prevén lluvias dispersas y tormentas eléctricas, mientras en los valles habrá tormentas eléctricas y en el trópico lluvias. En ese contexto, desde la institución se emitió una alerta hidrológica naranja vigente hasta el 14 de diciembre para los ríos: Rocha, Corani, Paracti, Juntas de Corani, Ivirizu, Espíritu Santo, Titumayu, cuenca del río Caine, Pojo, Quebrada Arenal, Mizque, Ichilo, Chapare y otros. Ciudad Las lluvias y una granizada anegaron ayer varias calles del centro, razón por que la Alcaldía activó las cuadrillas de emergencia.

El equipo alteño se impuso por 3-0 en la final de vuelta a Totora Real Oruro, remontando el marcador global a su favor (3-2). El Alto tendrá dos equipos en la División Profesional en 2025. La Academia del Balompié Boliviano (ABB) cumplió su objetivo de salir campeón de la Copa Simón Bolívar 2024 tras vencer por goleada a Totora Real Oruro por 3-0 en la final de vuelta, remontando el marcador global (3-2) para convertirse en el nuevo equipo de la División Profesional. El representante de El Alto logró la victoria gracias a una ráfaga de goles en el primer tiempo, imponiéndose en condición de local gracias a los goles convertidos por Jean Carlo Riascos, Carlos Vedia y Alejandro Cervantes. ABB, dirigido por David Condori, logró por primera vez en su historia el ascenso a la División Profesional tras lograr el título de la Copa Simón Bolívar tras eliminar en su camino a ‘pesos pesados’ como Alianza Beni y Ciudad Nueva Santa Cruz. Con su victoria en la final, la Academia del Balompié Boliviano asegura una segunda plaza a la ciudad de El Alto en el profesionalismo, ya que, hasta ahora, solo Always Ready era el único representante de la ciudad joven en la máxima categoría del fútbol nacional. Totora Real Oruro, que terminó subcampeón, tendrá como premio consuelo los duelos de ida y vuelta por el indirecto con el penúltimo equipo de la tabla acumulada, que por ahora es Royal Pari.

La población denuncia con videos los excesos en medio del paro indefinido de micreros en Santa Cruz de la Sierra. En este sentido, cuestionan que el sector aseguró que su protesta sería pacífica. En las primeras horas del paro indefinido de micreros, la población denuncia que se están pinchando llantas a los transportistas que intentan trabajar en Santa Cruz de la Sierra. Hay denuncias en distintas zonas, como por ejemplo en el Plan Tres Mil, Doble Vía La Guardia, Villa Primero de Mayo y por la Refinería de Palmasola. Uno de las primeras denuncias de la jornada se registró poco antes de las 6:00 por la Refinería de Palmasola, donde la vecina Carmen Villagómez, evidenció que un hombre pinchó la llanta del micro en el que se transportaba. Agregó que en el lugar otras personas incluso golpearon a un chofer de trufi. Otra de las denuncias se registró por la parada de la línea 9, en la Villa Primero de Mayo. Un hombre grabó el momento en el que se observa a un grupo de sujetos pinchar las llantas de los trufis que intentaban circular por la zona. “Dicen paro pacífico, pero pinchan llantas”, cuestionó la persona que grabó el video a tiempo de culpar a los micreros por estos hechos de violencia. En el lugar también se observa que dos personas llegaron a los golpes. Otra de las denuncias de excesos en las que se culpa a los transportistas se registró en el 8vo anillo y Doble Vía La Guardia. En el lugar uno de los pasajeros captó que un hombre está pinchando llanta a los trufis que circulan por la zona. Otra de las denuncias de excesos se registró en la zona de Arroyito y octavo anillo. “Los de las líneas 4 y 53 están bloqueando, sus micros son unos cacharros y son los primeros que están protestando”, denunció un vecino. Este lunes, arrancó un paro indefinido de micreros urbanos para exigir que el monto del pasaje suba “de forma provisional” a Bs 2,50 para mayores en el día y a Bs 3 en la noche. No obstante, el tema aún es analizado en el Concejo de Santa Cruz de la Sierra.

En menos de un mes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía incautaron más de 55 vehículos y aprehendieron a los conductores por acopiar diésel y gasolina ilegalmente, según los reportes difundidos.  Se conoce que el combustible era desviado al mercado negro para el tráfico y presuntamente para el narcotráfico. Una importante cantidad de combustible líquido acopiado es llevado a los municipios del trópico de Cochabamba, donde es comercializado a un precio elevado. Según algunos piscicultores y bananeros el costo de la gasolina llegó a los 17 bolivianos el litro, mientras el diésel, superó los 20 bolivianos. “Durante la escasez de combustible líquido, en las llamadas bolsas negras, se comercializaba el diésel y la gasolina, pero a un precio excesivamente elevado. Por la necesidad, uno tenía que comprar, mi persona compró gasolina con ese precio, en tres oportunidades”, señaló uno de los piscicultores. “Pero ahora, como ya es habitual, los revendedores sacan el combustible para venta, en mayor cantidad, a partir de las 18:00, cuando los surtidores se cierran. El costo varía, algunas veces está con dos a tres bolivianos por encima del precio subvencionado”, añadió. Un productor bananero indicó que todavía compran el diésel a 10 bolivianos el litro. “Seguimos comprando el litro de diésel, entre 10 a 15 bolivianos. Algunas veces compramos de la bolsa negra y otras de los camioneros. Todo es en función a la oferta y a la demanda, hay gente que incluso nos trae el diésel a la oficina”, contó. Aprehensiones La ANH en Cochabamba informó que en las primeras tres semanas de noviembre aprehendieron en flagrancia a más de 55 personas. “Se ha podido evidenciar que continúa el tema del desvío del combustible por parte de personas malintencionadas. Estamos haciendo seguimiento incluso a la venta ilegal en redes sociales”, indicó en una anterior oportunidad la directora regional de la ANH, Wendy Villarroel. Operativos En cuatro días, del 13 al 16 de noviembre, cuando la población hacia  filas en los surtidores para comprar gasolina y el diésel, un grupo de personas acopió 30 mil litros de combustible. El director nacional de la ANH, Germán Jiménez, explicó que se usaron vehículos con placas cambiadas, con tanques y con bombas adaptados y escondiendo bidones en el interior de los motorizados. “Fue el sistema B-Sisa la que detectó que varios vehículos estaban realizando el acopio de carburantes. Por ese motivo, la ANH con ayuda de la Policía ha incautado 40 vehículos”, dijo. Asimismo, el 21 de noviembre, 10 autos fueron incautados en el municipio de Sacaba porque cargaban combustible de forma repetitiva en las estaciones de servicio. Además, los motorizados tenían bidones y turriles. También, el 25 de noviembre, la ANH secuestró en el municipio de Quillacollo varios bidones que contenían carburantes. Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) señalaron que en los laboratorios que llegaron a intervenir siempre encontraron carburantes. Se incautan 1,2 millones de litros En los primeros cinco meses de este año, los operativos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en coordinación con la Policía Boliviana y otras entidades públicas comprometidas en la lucha contra el desvío de combustibles, incautaron 1,2 millones de litros. Se efectuaron más de 5.700 operativos, luego de las medidas adoptadas en abril de 2023 con la promulgación de los decretos 4910 y 4911, destinados a la lucha contra el contrabando y el desvío de combustibles líquidos.