El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, consideró que ya no hay nada más que dialogar con las autoridades del Órgano Ejecutivo y anunció una movilización para el 10 de febrero. Con el rechazo del Gobierno al pedido de anulación de la disposición del decomiso en mesa, los representantes de la cadena productiva y de suministro del país instalaron una reunión en Sucre, la capital de Bolivia, para asumir determinaciones. El denominado tercer encuentro multisectorial se desarrolla en el auditorio de la Cámara de Industrias luego de que el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señalara que “no es posible la abrogación” de la citada disposición “porque no es una competencia del presidente” Luis Arce. Los representantes de sectores del sector agropecuario, exportadores, gremiales, transportistas y otros que se declararon afectados por la medida han ratificado su postura de que no habrá diálogo con el Gobierno hasta que se anule la cuestionada disposición. Es más, ya hay advertencias de movilizaciones que ya tienen fecha en el caso de los gremiales. El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, consideró que ya no hay nada más que dialogar con las autoridades del Órgano Ejecutivo. “El gobierno tuvo 60 días para dialogar, para poner en conocimiento de la población de todos los sectores. Estuvieron todo noviembre, todo diciembre. No lo hicieron. Lo hicieron aprobar de manera amañada”, afirmo. “En ese sentido, aquí no hay nada que discutir con el Gobierno, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, ellos son el Gobierno, ellos tienen la obligación de retirar esta disposición adicional séptima”, reclamó. En ese contexto, indicó que “si el Gobierno no resuelve este tema”, tomarán las calles el lunes 10 de febrero. “El 10 de febrero estaremos saliendo a las calles todos los sectores de la cadena productiva, productores, transportistas, comerciantes medianos y grandes, todos saldremos a las calles”, anticipó. En la cita, los sectores prevén tratar temas vinculados con créditos, impuestos, facturación electrónica, la falta de dólares y los problemas en el abastecimiento de combustibles. Gobierno Aunque anunció que volverán a convocar a los sectores que rechazan la medida, el viceministro Silva ha descartar su anulación y, por el contrario, reveló que el Gobierno ya tiene un anteproyecto de la reglamentación y alista un decreto. “No es posible la abrogación porque esta no es una competencia del presidente, no se puede derogar, no se puede abrogar, no puede modificar el presidente una ley. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente cumplir con el mandato de la ley”, sostuvo. El viceministro dijo que “la ley se ha hecho no para interpretar ni para considerarlo, sino la ley se ha hecho para cumplir”. “En ese sentido, tenemos que cumplir el mandato de la disposición séptima que nos habla de una reglamentación que debe ser aprobada por una resolución biministerial y también estamos trabajando esta propuesta a través de un decreto supremo que aclare, que clarifique el alcance si el objeto de la disposición séptima va a excluir al sector gremial del comercio minorista como también al sector productivo legalmente establecido”, argumentó. El Gobierno reiteró el martes su llamado al diálogo con el sector productivo empresarial, luego de que sus representantes no asistieran a la mesa de negociación convocada para esa jornada a fin de discutir la aplicación y posible reglamentación de la Disposición Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Comparte y opina:
