ECONOMÍA

EL GOBIERNO RESPONSBILIZA A PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN SI LA GAFI EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL DECIDE INGRESAR A BOLIVIA A LA LISTA GRIS.

La ciudad de Santa Cruz se paralizó ayer por el paro del transporte público que exige al gobierno municipal el incremento del pasaje a Bs 2,50. En tanto, las juntas vecinales advirtieron con salir en una marcha de protesta por el perjuicio que la medida ha ocasionado, debido a que ni los niños pueden acudir a las escuelas.  El representante de los micreros de Santa Cruz, Segundo Ricaldi, calificó como “tranquila” la primera jornada de movilizaciones. Anunció que esta vez no levantarán la medida de presión hasta que no haya un documento firmado que permita la nivelación de la tarifa, según El Deber. Las bases han sobrepasado a la dirigencia y esta vez aseguraron que no están dispuestos a dar su brazo torcer, es más, “están dispuestos a dormir en los puntos de bloqueos”, dijo Ricaldi.  Vecinos  La Federación de Juntas Vecinales anunció ayer que saldrá a las calles en una marcha de protesta en caso que las autoridades municipales no solucionen el paro del transporte público en la capital cruceña lo antes posible.   Desde la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) anunciaron una gran marcha de protesta para los próximos días si es que las autoridades de Santa Cruz de la Sierra no le dan solución al paro del transporte público, que este lunes cumple su primera jornada exigiendo una nivelación al pasaje, según Unitel.  Orlando Peña, representante de la Fejuve, apuntó contra la dirigencia del transporte público, contra el Ejecutivo y el Legislativo del municipio cruceño, indicando que no se le dio solución a la tarifa del pasaje y ahora la población es la más afectada.  “Es lamentable ver el accionar del sector transporte con el paro. Nadie busca solución, ni el Concejo ni el alcalde. Este problema lo arrastramos del anterior año, sigue la problemática y no hay solución, no se le da tranquilidad al vecino. Vamos a tomar cartas en el asunto”, aseguró Peña a TVOFF.  Agregó que si hasta el miércoles no hay una solución a este problema, donde esperan se solucione el paro de transporte y los micros retornen a las calles para dar servicio a la población, saldrán en una marcha por varias zonas de la ciudad. Las tarifas en la ciudad de La Paz  El secretario departamental de Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, informó ayer que las autoridades municipales presentarán el próximo 13 de febrero el estudio de costos de operación para definir la nueva tarifa del transporte público, según ABI.  Indicó que, dentro de los tres días posteriores, la base del transporte y las juntas vecinales, se reunirán para entablar el diálogo sobre el tema. Comparte y opina:

Entre las principales preocupaciones destacan que las cláusulas técnicas y financieras favorecen a las empresas extranjeras, reduciendo sus riesgos y maximizando sus ganancias, lo que afectaría la rentabilidad de YLB. Diversas entidades de investigación han emitido un comunicado conjunto en el que plantean 13 observaciones sobre los contratos firmados para la explotación del litio con empresas de Rusia y China. En el pronunciamiento, piden que la Asamblea Legislativa no apruebe dichos contratos hasta que se resuelvan las inquietudes planteadas. Según el pronunciamiento de organizaciones como la Fundación Jubileo, Fundación Milenio, Fundación Solón, Club de Ginebra y Cedib, los documentos presentados a la Asamblea Legislativa son incompletos y confusos, lo que dificulta su comprensión y crea incertidumbre sobre su transparencia. Los contratos analizados fueron los firmados por Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) con Uranium One (Rusia) y el consorcio CBC (China). Entre las principales preocupaciones destacan que las cláusulas técnicas y financieras favorecen a las empresas extranjeras, reduciendo sus riesgos y maximizando sus ganancias, lo que afectaría la rentabilidad de YLB. También advierten que los contratos implican riesgos financieros para el Estado, pues YLB se compromete a reembolsar a las empresas extranjeras sin una certeza clara de su capacidad para controlar y fiscalizar la producción de litio. Además, se señala que las empresas contratadas no tienen experiencia industrial en la tecnología de Extracción Directa de Litio, a pesar de que se les asigna el área más rica del Salar de Uyuni. Otro aspecto cuestionado es la diferencia en los costos de inversión entre las empresas: la planta de Uranium One presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2,4 veces mayor que la del contrato con CBC, sin una justificación clara. Por último, las entidades también expresan dudas sobre la viabilidad económica del proyecto, ya que las proyecciones financieras de YLB parecen sobreestimadas y no se ajustan a los precios actuales del mercado. En el contrato con CBC, se imponen penalidades elevadas para YLB si no se cumple con la provisión de salmuera residual. Además, se cuestiona la falta de una adecuada consideración de aspectos ambientales y la consulta a los pueblos indígenas. Comparte y opina:

Varios sectores sociales y empresariales piden la anulación de la disposición séptima que establece el decomiso de productos y alimentos. La disposición séptima sobre el decomiso de productos, que está incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, está movilizando a diferentes sectores. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, pidió este domingo a los empresarios privados presentar argumentos sobre su pedido de anular esta norma. “A los empresarios les decimos que vengan al diálogo, que traigan los argumentos técnicos y legales que tienen para sustentar su posición que han asumido para contrastar ideas y buscar soluciones. La disposición séptima nunca fue concebida para afectar al sector gremial o productivo”, dijo Silva a los medios de comunicación. Sin embargo, en pasados días, el viceministro dijo que desde el Ejecutivo no tienen competencia para anular la norma que es observada por gremiales y empresarios. La autoridad reiteró que los sectores empresariales y gremiales que piden la anulación de la norma tienen dos aparentes objetivos. “No entendemos si los empresario industriales o están defendiendo a los delincuentes o están haciendo política con este tema. Esta disposición no es para fiscalizar al sector industrial ya que hay normas para ello”, dijo. Sin embargo, Silva dijo que en los próximos días van a convocar a los sectores empresariales y gremiales para sostener un encuentro y tratar el reglamento de la norma. “Se han cursado invitaciones al sector privado entre ellas a la confederación de empresarios privados de Bolivia, Anapo, Acapo, y otras instituciones. Entre el martes y miércoles se va a esperar al sector empresarial y entre miércoles y jueves al sector gremial”, dijo. Sectores No obstante, los sectores productivos y de la cadena de suministros han ratificado que si el Gobierno y el Legislativo no anulan la citada medida acatarán un paro de actividades el 10 de febrero. En la reciente reunión multisectorial consideraron que no hay motivos para el diálogo si la disposición esta vigente. “Todas las medidas de intervención y amedrentamiento aplicadas con un discurso engañoso de combatir el agio y la especulación, no resuelven la falta de algunos alimentos ni la escasez de divisas e hidrocarburos”, señaló este jueves el máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, César González. En el encuentro, que se llevó adelante en Sucre, surgieron siete determinaciones que apuntan a los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como también se planteó la propuesta de gestar un anteproyecto de ley para abrogar esta disposición considerada como confiscatoria y atentatoria a la seguridad jurídica del aparato productivo nacional. Además, los sectores –agropecuarios, gremiales, cuentapropistas, transportistas, industriales y exportadores- demandan la abrogación de dicha disposición, la cual contempla que las instancias competentes podrán confiscar o decomisar productos a los actores de comercialización de alimentos, si se considera que un producto tiene un precio elevado. Comparte y opina:

Una vez ensamblados y en operaciones, los aerogeneradores que arribaron para el Parque Eólico Warnes II de Santa Cruz aportarán una producción adicional de 45 megavatios de potencia al Sistema Interconectado Nacional (SIN), según la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación. “El lote recibido incluye componentes clave de los aerogeneradores Windey WD156-4500, cada uno con una potencia de 4,5 megavatios (MW). Una vez ensamblados y operativizados, permitirán una producción adicional de 45 MW de potencia en total para aportar al Sistema Interconectado Nacional”, según un boletín. Las estructuras de los aerogeneradores que serán instalados en el Parque Eólico Warnes II llegaron a Bolivia desde China. Este proyecto es ejecutado por ENDE Corporación y aportará al cambio de la matriz energética que impulsa el Gobierno para fortalecer la generación de energía renovable. Los aerogeneradores o turbinas eólicas son dispositivos que convierten la energía cinética del viento (una fuente natural y renovable) en electricidad. Estas estructuras de gran tamaño llegaron el fin de semana al Puerto Jennefer en Santa Cruz, y representan un hito en el avance del proyecto, que fortalecerá la generación de energía limpia. Cada aerogenerador (una vez concluida su instalación) tiene una altura de 120 metros y un peso de aproximadamente de 200 toneladas (t). Tras la llegada de estas turbinas, mediante un operativo logístico especializado, se procederá en los siguientes días con el traslado de los equipos desde Puerto Jennefer hasta el municipio de Warnes, donde se encuentra el proyecto eólico. Para el proceso de transporte, se emplearán modulares de carga pesada y camiones de plataforma extendida, adecuados para movilizar componentes de gran tamaño. La estatal eléctrica cuenta con un plan para garantizar un transporte seguro y eficiente.  Comparte y opina:

Los transportistas continúan instalados en calles de este municipio, además de cortar el paso en la ruta que une Cochabamba con el occidente. Este jueves se cumple el segundo día de bloqueo de parte de representantes del transporte de Quillacollo, quienes exigen el incremento en el monto del pasaje del área urbana de este municipio de Cochabamba. La medida que se instaló desde la madrugada del miércoles continúa durante esta jornada la cual no solo ha cortado el paso dentro de esta región, sino también en la carretera que une el departamento con el occidente del país. Los choferes han cerrado las vías haciendo uso de sus propios vehículos lo que no ha permitido que ningún motorizado tanto del transporte pesado como liviano pueda transitar por estos sectores. Además de los conductores, la población en general se ha visto obligada a tener que caminar por largas distancias para poder encontrar transporte y así llegar a sus destinos. Asimismo, la medida de presión ha provocado que las salidas hacia departamentos como La Paz, Oruro y Potosí sean suspendidas en su totalidad ya que los buses estaban buscando rutas alternas para poder circular; sin embargo, esto ocasiona un peligro para los pasajeros, ya que no son rutas autorizadas por lo que no están en buenas condiciones. Por su parte, los choferes que cumplen los bloqueos afirmaron que la determinación es indefinida hasta que las autoridades autoricen la subida del pasaje de Bs 1,20 a 1,50. Se tiene previsto que esta jornada el Concejo Municipal de Quillacollo sesione para tratar este tema, por lo que se aguarda conocer que sucederá en las próximas horas. Comparte y opina:

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, consideró que ya no hay nada más que dialogar con las autoridades del Órgano Ejecutivo y anunció una movilización para el 10 de febrero. Con el rechazo del Gobierno al pedido de anulación de la disposición del decomiso en mesa, los representantes de la cadena productiva y de suministro del país instalaron una reunión en Sucre, la capital de Bolivia, para asumir determinaciones. El denominado tercer encuentro multisectorial se desarrolla en el auditorio de la Cámara de Industrias luego de que el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señalara que “no es posible la abrogación” de la citada disposición “porque no es una competencia del presidente” Luis Arce. Los representantes de sectores del sector agropecuario, exportadores, gremiales, transportistas y otros que se declararon afectados por la medida han ratificado su postura de que no habrá diálogo con el Gobierno hasta que se anule la cuestionada disposición. Es más, ya hay advertencias de movilizaciones que ya tienen fecha en el caso de los gremiales. El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, consideró que ya no hay nada más que dialogar con las autoridades del Órgano Ejecutivo. “El gobierno tuvo 60 días para dialogar, para poner en conocimiento de la población de todos los sectores. Estuvieron todo noviembre, todo diciembre. No lo hicieron. Lo hicieron aprobar de manera amañada”, afirmo. “En ese sentido, aquí no hay nada que discutir con el Gobierno, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, ellos son el Gobierno, ellos tienen la obligación de retirar esta disposición adicional séptima”, reclamó. En ese contexto, indicó que “si el Gobierno no resuelve este tema”, tomarán las calles el lunes 10 de febrero. “El 10 de febrero estaremos saliendo a las calles todos los sectores de la cadena productiva, productores, transportistas, comerciantes medianos y grandes, todos saldremos a las calles”, anticipó. En la cita, los sectores prevén tratar temas vinculados con créditos, impuestos, facturación electrónica, la falta de dólares y los problemas en el abastecimiento de combustibles. Gobierno Aunque anunció que volverán a convocar a los sectores que rechazan la medida, el viceministro Silva ha descartar su anulación y, por el contrario, reveló que el Gobierno ya tiene un anteproyecto de la reglamentación y alista un decreto. “No es posible la abrogación porque esta no es una competencia del presidente, no se puede derogar, no se puede abrogar, no puede modificar el presidente una ley. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente cumplir con el mandato de la ley”, sostuvo. El viceministro dijo que “la ley se ha hecho no para interpretar ni para considerarlo, sino la ley se ha hecho para cumplir”. “En ese sentido, tenemos que cumplir el mandato de la disposición séptima que nos habla de una reglamentación que debe ser aprobada por una resolución biministerial y también estamos trabajando esta propuesta a través de un decreto supremo que aclare, que clarifique el alcance si el objeto de la disposición séptima va a excluir al sector gremial del comercio minorista como también al sector productivo legalmente establecido”, argumentó. El Gobierno reiteró el martes su llamado al diálogo con el sector productivo empresarial, luego de que sus representantes no asistieran a la mesa de negociación convocada para esa jornada a fin de discutir la aplicación y posible reglamentación de la Disposición Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Comparte y opina: