ECONOMÍA

La situación se ve marcada por el incremento de precios de insumos y materias primas debido a la falta de disponibilidad de dólares, lo que incide en el precio final para el consumidor El secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Juan Carlos Vargas, señaló que el sector enfrenta una caída del 30% con relación al año anterior, situación que se da debido a la falta de compradores para sus productos que tienen el sello ‘Hecho en Bolivia’. Según el ejecutivo, la situación se ve marcada por el incremento de precios de insumos y materias primas debido a la falta de disponibilidad de dólares, lo que incide en el precio final para el consumidor. “Las materias primas e insumos han subido, ahora ya no han bajado prácticamente, se está manteniendo en ese precio y nuestros costos de producción son muy altos y de hecho nuestra manufactura también tiene un precio ya de subida. Lamentablemente, la población no tiene preferencia para adquirir los productos”, sostuvo el dirigente. Otra de las consecuencias que advierten los actores del sector se refleja en las dificultades que tienen para pagar no solo a los proveedores de materias primas e insumos, sino también al personal de trabajo que elabora los productos. En esta línea, Vargas expresó hay microempresas que han tenido que rescindir contratos con su personal de trabajo debido también a la baja producción derivada de las bajas ventas. Para acceder a los dólares, el ejecutivo señaló que “la única forma es poder recurrir al mercado negro o mercado paralelo”, ya sea en el mercado interno o en los lugares fronterizos con los países vecinos. “En este momento se paga alrededor de Bs 10 por cada dólar más o menos, eso es lo que estamos intentando encontrar”, sostuvo el ejecutivo al referir que la situación es insostenible para los emprendimientos que buscan mantenerse a flote, por lo que piden soluciones a las autoridades correspondientes.

Desde la ANH señalaron que los despachos se hacen de manera normal, pero que al haber una sobredemanda se originan las filas en algunas estaciones de servicio Las filas de vehículos en busca de combustible continúan en las primeras horas de este miércoles en algunos surtidores de la capital cruceña. Los transportistas reclaman que deben esperar por horas para poder cargar diésel y, en algunos casos, deben dormir en sus motorizados para asegurarse un espacio que les permita acceder al carburante. Sobre esta situación, la directora distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Lesly Lanza, apuntó a que existe una sobredemanda y que esto deriva en las filas, aunque hizo énfasis en que esto no significa que hay una escasez, puesto que asegura que YPFB cumple con los despachos de carburante que fueron programados con anterioridad para satisfacer la demanda. “Tenemos una programación que se da en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y ANH en la cual se contempla la demanda del mercado. Sin embargo, al generar un tema de psicosis y susceptibilidad que actualmente atraviesa el ciudadano en Santa Cruz, generamos esta especulación y en consecuencia se manifiestan las filas en las estaciones de servicio”, señaló Lanza el martes en una entrevista con UNITEL. Mientras, este miércoles por la mañana, en el surtidor que está en el 5º anillo de la doble Vía a La Guardia se registra una extensa fila de camiones en busca de diésel. En este lugar se comercializa sin inconvenientes gasolina especial. En otro lugar de la ciudad, en la avenida Tres Pasos al Frente y sexto anillo, también se observó camiones a la espera de realizar el carguío en una estación de servicio que hay en el lugar. En el 4º anillo, radial 19 y avenida Piraí, se evidenció que se colocaron conos en el ingreso a las bombas de un surtidor para hacer denotar a los transportistas que no se contaba con el carburante, pese a ello, habían camiones haciendo fila a la espera de que llegue el diésel a este punto y así realizar la carga.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, señaló que uno de los factores que generan el alza de precios son las amenazas de bloqueos de caminos y la “especulación política” de la oposición que hablan de escasez e incremento general de productos El Comité Interministerial de Seguridad Alimentaria evaluará este lunes el comportamiento de precios de productos de la canasta familiar y definirá acciones inmediatas para contrarrestar el agio y la especulación; en tanto, se activan los Comités Interinstitucionales de Seguridad Alimentaria en ciudades del territorio nacional, informó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. Explicó que se reportaron denuncias de incrementos de precios de algunos productos como la carne de res y de pollo, la cebolla, y del arroz; y también de artículos importados que se estarían encareciendo de manera arbitraria. “Los miembros del Comité Interministerial de Seguridad Alimentaria tenemos una reunión para tomar las medidas y las acciones urgentes que se van a asumir con el propósito de realizar los controles nuevamente los diferentes mercados”, señaló Silva, según informa la agencia estatal ABI. Además, la autoridad apuntó también como factores que generan el alza de precios de los artículos a los anuncios y amenazas de bloqueos de caminos de grupos políticos y la “especulación política” de la oposición que hablan de escasez e incremento general de productos. ¿Qué se tratará? En la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria se hará una evaluación sobre el comportamiento de precios de los 25 principales productos de la canasta familiar. Señaló que también es importante la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) en este tema. Asimismo, para garantizar el abastecimiento de productos de la canasta familiar a precio justo se activan los Comités Interinstitucionales de Seguridad Alimentaria con los municipios, gobernaciones, vecinos e instituciones regionales, en diferentes ciudades del territorio nacional. Señaló que en Oruro se conformó el Comité de Seguridad Alimentaria Oruro con la alcaldía, la gobernación, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y otras instituciones y se acordó elaborar un plan para el control de precios, peso y calidad de los productos y, además, organizar ferias “Del Campo a la Olla”. En la ciudad de El Alto también se coordinan acciones y se requiere de la participación de todas las autoridades regionales. Además, se recibieron denuncias de comerciantes y vecinos sobre galpones en el Distrito 8 donde se acopiarían azúcar, harina y arroz para el contrabando hacia Perú. “Hemos pedido a los gremialistas y vecinos ayuda para identificar estos galpones, y también se sumarán el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para enfrentar el comercio ilegal y también el agio y la especulación”, dijo Silva. Explicó que se coordinó la conformación de los comités interinstitucionales en Cochabamba, Tarija y Sucre; en La Paz y Oruro están en proceso. Se organizarán también en Potosí, Beni y Pando donde la población solicitó la presencia de Estado porque no se realizan controles por parte de los gobiernos subnacionales.

El oro boliviano sale por vías ilegales dejando millonarias pérdidas a las arcas del Estado y a las regiones, que no perciben regalías a causa del contrabando a la inversa La cotización internacional del oro registra cifras históricas. Al 26 de septiembre llegó a 2,653,80 dólares la onza troy originando el auge del metal. Pese a ese escenario, en el país las exportaciones desde inicios de gestión descendieron significativamente debido a factores como la salida ilegal del mineral hacia otros países, según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta. “La incertidumbre económica que tenemos en este momento ha derivado en que mucho del oro que se esté produciendo en el país busque una salida incluso por la vía del contrabando no declarándose (…) y esto porque la ausencia de dólares está marcada en el país”, señaló Zaconeta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de oro, al primer semestre de la gestión 2023, alcanzaron a 1.438, 7 millones de dólares y en similar periodo de este año llegaron a 425, 9 millones dólares, marcando una diferencia de 1.012, 8 millones dólares menos en lo que va del año. En relación al volumen exportado entre enero y junio del año pasado en comparación a similar periodo de este, descendió de 29,8 a 7,2 toneladas, marcando una diferencia de 76% menos. El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), manifestó que el nivel de exportaciones disminuyó en 70%, lo que implica que el Estado en ese tiempo dejó de percibir más de 1.000 millones de dólares, a causa del “contrabando a la inversa” del producto. En años pasados el metal precioso ingresaba por esa vía desde otros países, hoy sale a otros mercados. “Es un impacto negativo, estamos hablando de 1.000 millones de dólares menos que estarían ingresando al país. Definitivamente se tiene que trabajar ya en mecanismos para tener un control, porque al final el tema del oro involucra mayores regalías, mejores condiciones para nuestro país”, indicó el presidente de la Caneb, Danilo Velasco. La Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro (Epcoro) señala que el contrabando del metal se equipara, según estimaciones, a la cantidad de exportación con un promedio de 50 toneladas durante los últimos años. “Las estadísticas que maneja el Viceministerio de Política Minera nos habla la gestión 2022 de alrededor de 54 toneladas de exportación de oro, en 2023 unas 46 o 48 toneladas, pero eso estamos hablando de lo legal. Lo ilegal no está cuantificado porque no hay manera de poder hacer ese trabajo, y bueno, pero muchos rumores corren de que puede ser algo similar”, señaló el gerente ejecutivo Epcoro, Edwin Condori. El expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y analista en temas del sector, Héctor Córdova, manifestó que por el desvió ilegal de oro salen del país cifras cuantiosas en desmedro del estado ante la ausencia de controles. “Por la falta de dólares en nuestro país, entonces la gente está prefiriendo sacar el oro de Bolivia y venderlo en otros países donde sí reciben el valor en dólares. Perdemos patrimonio de acuerdo a lo oficialmente registrado de unos 3.000 millones de dólares por año”, afirmó Córdova. Para el secretario de Comercialización y Exportación de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, Juan Enrique Orozco, el contrabando ocasiona que regiones productoras dejen de percibir regalías. Pero además observa que “el Banco Central de Bolivia pone trabas y creo que por eso (el oro) lo han vendido al mercado negro algunos”. Según Córdova, el destino del oro ilegal es Asia tomando en cuenta la presencia de empresas chinas en los ríos de La Paz y Beni. En suma, el contrabando de oro, la falta de divisas en la economía, las restricciones para la venta del metal precioso son factores que derivan en el desplome de las exportaciones en pleno auge del precio internacional que registra cifras históricas.

Dentro de las actividades que llevan adelante Asocrale, se dio lugar a un nuevo concurso de producción de leche, donde la vaca Kamea superó la producción de 141 kilos de leche Después de ocho años, la Asociación de Criadores de Razas Lecheras (Asocrale) registró un nuevo récord de producción de leche en la categoría vaca menor, teniendo como protagonista a Kamea, una matriz que registró una producción de 141,2 kilos de leche durante el concurso que llevó adelante la institución en el marco de Expocruz 2024. Kamea también registró un promedio de producción de 70,6 litros en las ordeñas de las que tomó parte, según explicó Javier Velarde, máximo ejecutivo de Asocrale, desde los establos del predio ferial. “Este es un nuevo récord nacional, ella ha batido después de ocho años un nuevo récord donde ha dado 70,6 litros (promedio), de la vaca de primer parto, ella tiene todavía mucho futuro. En su segundo y tercer parto, ella puede dar todavía mucho más”, sostuvo el ejecutivo. A decir del dirigente de Asocrale, este resultado es la sumatoria de del avance genético y del esfuerzo de los productores, en este caso de la cabaña Santa Martha, de los expositores Rosendo Paz Rea y Rodrigo Paz Fernández. “Esta cabaña tiene mucha tradición y ya se refleja en la cantidad de leche. En mejores condiciones sería un resultado más óptimo, pero con estos tremendos calores Kamea ha dado esa cantidad de leche”, agregó Velarde en entrevista con UNITEL. Por otra parte, en la categoría ‘Vaca mayor’ la ganadora fue la hembra Jenifer, con una producción de 117,8 kilos de leche durante el concurso. Esta matriz es propiedad de la cabaña Potrerito, del criador Walter Murialdo. Mientras que en la categoría ‘Vaca joven’, la protagonista fue Ariely, una matriz que alcanzó una producción de 80 kilos de leche, reflejo de la labor de la cabaña La Marthina, del criador Gustavo Cuba, según el reporte de Asocrale.

Santa Cruz celebra 214 años de su gesta libertaria, y en medio de los festejos destaca el desarrollo productivo, la inversión privada y el crecimiento económico que hacen del departamento un líder en cuanto a economía. Y eso se refleja en su aporte al PIB nacional con un 31,5%. Así lo reflejó el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, quien en una entrevista con La Revista de la red UNITEL brindó información importante sobre la economía cruceña. “Según datos oficiales del INE, en 2023, pese a una gestión difícil se marcó récord del Producto Interno Bruto (PIB), de 14.314 millones de dólares, el nuevo nivel de la economía de Santa Cruz, la primera del país”, explicó Rodríguez. El aporte cruceño al PIB boliviano subió al 31,5%, mientras que La Paz está por encima del 27%. El aporte al sector agropecuario nacional es de 47%, agregó el gerente del IBCE. Asimismo, el gerente del IBCE precisó que “en 2023, el PIB de Santa Cruz se expandió un 3,7% superando al crecimiento del PIB de Bolivia que fue del 3,1%”. Sobre los alimentos, recalcó que el 77% de los alimentos que se produce en Bolivia es de Santa Cruz. El 31% de las ventas bolivianas por exportaciones se da también en territorio cruceño. Además, el 81% de las exportaciones no tradicionales y el 88% de los alimentos que van al mundo se producen en la región oriental. “Esta es una economía basada en el mercado, iniciativa privada, tanto en el mercado interno como externo. Es una economía resiliente que pese a las dificultades se rehace. Santa Cruz no se rinde ante la crisis, es el espíritu cruceño, el espíritu emprendedor el que animan a la población, al empresario a seguir luchando y salir adelante”, aseveró Rodríguez. Además, Santa Cruz registró crecimiento en la producción de ganado bovino, porcino y aviar, además de la producción de leche y cuero. Rodríguez consideró que cinco factores impulsan la economía cruceña: tierra, trabajo, capital, tecnología e institucionalidad; mientras que los cinco valores son la libertad, individualidad, competitividad, cooperativismo e integración. Ante las dificultades que pone limitaciones a la economía cruceña, Rodríguez propuso garantizar la seguridad jurídica, es decir, que se acaben los avasallamientos de tierras y el bloqueo de caminos. También sugirió garantizar la seguridad de mercado para combatir el flagelo del contrabando, además de la apertura de la exportación, y que se respete el derecho a “ser escuchado” para que el actor del desarrollo sea atendido por el Gobierno, entendiendo que “si le va bien a Santa Cruz, le irá bien a Bolivia”.

El departamento de Santa Cruz es el motor económico de Bolivia. Su fortaleza está reflejada en el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) real de 4,6% en el período 2021-2023 y en el PIB nominal histórico de 14.314 millones de dólares en 2023. Estos resultados se tradujeron en un aumento de su PIB per cápita que superó el promedio nacional, impulsando el bienestar de su población; una recaudación tributaria récord, el incremento en los depósitos bancarios y un crecimiento sostenido de su base empresarial. El PIB nominal departamental en 2023 es cinco veces mayor respecto a los $us 2.828 millones registrados en 2005. Este aumento resalta la recuperación y expansión económica, destaca un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Asimismo, en 2023 su PIB per cápita se situó en $us 4.105, por encima del promedio nacional de ese mismo período ($us 3.736), lo que representa un incremento del 18,5% desde 2020, evidenciando el crecimiento acelerado en los ingresos por persona. Santa Cruz conmemorará el 24 de septiembre 214 años de su grito libertario de 1810. El promedio del valor de las exportaciones cruceñas, por otra parte, alcanzó los $us 3.632 millones entre 2021 y 2023, un aumento del 70,4% respecto al promedio del período 2006-2019 ($us 2.131 millones). El volumen exportado en 2023 creció a más de 6,9 millones de toneladas y los principales productos de exportación de este departamento fueron los derivados de la soya ($us 1.501 millones), el gas natural ($us 786 millones) y las semillas y habas de soya ($us 220). En términos de consumo, entre 2020 y 2023, las ventas en restaurantes en Santa Cruz aumentaron un 71%, pasando de Bs 1.136 millones a Bs 1.941 millones. Este incremento se debe a la recuperación del sector de servicios y el aumento del gasto en actividades recreativas tras las restricciones de la pandemia. Las ventas en supermercados en ese mismo período crecieron un 11%, alcanzando Bs 3.517 millones, un reflejo del aumento del consumo. El departamento de Santa Cruz se destaca también por su dinamismo empresarial. Entre 2021 y julio de 2024 se crearon 14.100 nuevas empresas, cantidad que representa casi un tercio del total de nuevas empresas registradas en Bolivia en el mismo período. Asimismo, en 2023, en esta región se recaudaron tributos por un total de Bs 19.048 millones, la cifra más alta del período 2016-2023. Por otra parte, la proyección de inversión pública para 2024 asciende a Bs 3.556 millones, que no solo busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino consolidar a Santa Cruz como un centro estratégico para la inversión y el desarrollo en Bolivia. Una parte significativa (57%) está destinada a proyectos productivos para impulsar el desarrollo industrial de este departamento y generar empleo. Entre los principales proyectos de inversión pública se encuentran: la Planta Siderúrgica del Mutún (Puerto Suárez), el Parque Eólico Warnes II, la Planta de Transformación de Subproductos de Soya (San Julián), la planta de Procesamiento de Hortalizas (Comarapa), la Planta de Bioinsumos, (Pampagrande) y la construcción del Túnel Incahuasi y del Hospital Valle Grande, entre otros.

Bolivia dio un paso importante hacia la industrialización del litio al suscribir su primer contrato de extracción directa de litio (EDL) con la empresa rusa Uranium One Group. El acuerdo, por un monto de 970 millones de dólares, contempla la instalación de una planta industrial en el salar de Uyuni, con una capacidad de producción estimada de 14 mil toneladas métricas de litio en un plazo de dos años y medio, lo que coincide con el inicio del próximo periodo gubernamental. Este ambicioso proyecto, sin embargo, no está exento de desafíos. Pese a que Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en 23 millones de toneladas, su incursión en el mercado global ha sido lenta y problemática. Durante los últimos 16 años, el país ha enfrentado múltiples dificultades en sus intentos de industrializar este recurso estratégico, tales como deficiencias en la infraestructura, fallas en el diseño de plantas, y la falta de un marco regulatorio claro que otorgue seguridad jurídica a los inversionistas. Además, los conflictos sociales y la oposición de grupos cívicos y legisladores, que exigen mayores beneficios para las regiones productoras, han generado incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto. Desconfianza Los analistas del sector energético y minero expresan escepticismo respecto a la capacidad de Bolivia para consolidarse como uno de los grandes productores de carbonato de litio a nivel mundial. Gonzalo Mondaca, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), advirtió sobre la ausencia de condiciones estructurales para que el proyecto prospere: “No contamos con una legislación específica, tampoco se han logrado acuerdos con actores clave, y la capacidad institucional para evitar daños ambientales es limitada. Además, aunque se ha hablado de regalías para Potosí, ese es un tema que no ha sido consensuado ni resuelto hasta el momento. Se esperaba una ley del litio, pero ésta aún no ha sido aprobada”. Mondaca también expresó preocupación por el contexto político y social del país, que podría dificultar la ejecución del contrato. “Estamos en un país electoralizado, con crecientes conflictos sociales, y un rechazo firme por parte de Comcipo (Comité Cívico Potosinista). Si bien la firma del contrato es un avance, los principales impedimentos están relacionados con el desarrollo normativo”, dijo. Contrato bajo la lupa El 11 de septiembre, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Uranium One firmaron el contrato por 970 millones de dólares, que contempla la construcción de una planta de extracción directa de litio (EDL) en el salar de Uyuni. La planta, según los planes oficiales, comenzaría a operar en dos años y medio, con una producción inicial de 14 mil toneladas métricas anuales. Sin embargo, el acuerdo aún debe ser remitido al Legislativo para su aprobación, un proceso que, hasta el cierre de esta edición, sigue sin avanzar. Legisladores tanto del oficialismo como de la oposición aseguraron no haber sido informados sobre los detalles del contrato, lo que genera interrogantes sobre la transparencia del proceso. Oportunidad perdida A nivel global, los principales productores de carbonato de litio son Australia, con un 46 por ciento de la producción mundial; Chile, con el 24 por ciento; China, con el 18 por ciento, y Argentina, con el 5 por ciento. Brasil, aunque participa en el mercado, apenas representa el 3 por ciento de la oferta mundial, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).  Bolivia, a pesar de contar con la mayor cantidad de recursos de litio del planeta, continúa desempeñando un papel marginal en la provisión de este mineral estratégico. YLB ha optado por vender su producción de manera esporádica, sin contratos fijos, lo que ha limitado la inserción del país en el mercado global. Además, Bolivia no ha publicado información oficial sobre sus reservas explotables, es decir, aquéllas que son económica y tecnológicamente viables para su extracción. Mondaca recordó que, en 2019, el Gobierno de Bolivia canceló un contrato con la firma alemana ACI Systems (Acisa) para la industrialización del litio en Uyuni, tras las protestas de Comcipo y en medio de una crisis política derivada de las denuncias de fraude electoral contra el expresidente Evo Morales. Este antecedente—según Mondaca— es un claro reflejo de la fragilidad de los proyectos de industrialización del litio en Bolivia. Producción A pesar de los ambiciosos planes, la realidad de la producción de litio en Bolivia dista mucho de las expectativas. En diciembre de 2023, el Gobierno inauguró una planta industrial de carbonato de litio con una capacidad de producción anual de 15 mil toneladas. Sin embargo, debido a problemas de diseño, YLB redujo la proyección de producción a 3 mil toneladas para 2024. Hasta agosto de este año, según datos de la estatal YLB, se comercializaron apenas 770 toneladas, lo que representa el 26 por ciento de la producción prevista para el año. José Carlos Solón, investigador de la Fundación Solón, señaló que si Bolivia lograra producir 5 mil toneladas de litio estaría “en buen camino”. No obstante, destacó que la producción debe alcanzar un nivel de pureza de “grado batería”, un estándar que hasta ahora no se ha logrado en las plantas bolivianas. También expresó dudas sobre la capacidad de la planta actual para alcanzar las 3 mil toneladas prometidas para este año. “La producción está muy por debajo de lo esperado, y la tasa de extracción sigue siendo baja. Además, el método de extracción directa de litio podría tardar más de cinco años en producir resultados significativos”, advirtió.

El turismo es el sector más golpeado por la medida de presión instalada por los Ponchos Rojos, que exigen la renuncia de Luis Arce a la Presidencia de Bolivia En cuatro días de bloqueo en la carretera a Copacabana, autoridades señalan que la pérdida económica llega al menos a los dos millones de bolivianos. Un grupo de los Ponchos Rojos activó bloqueos en esta ruta interprovincial que conecta a destinos turísticos. La autoridad dijo que los destinos turísticos al lago Titicaca, Sorata, Isla del Sol y sobre todo al santuario de Copacabana se ven más perjudicados por la medida de presión que cumple cuatro días este jueves. El viceministro explicó que cientos de familias de las regiones señaladas dependen de los ingresos de los turistas nacionales y extranjeros que llegan al país. “Estas familias venden artesanías, gastronomía y las agencias de viajes están perjudicados”, dijo la autoridad. Los campesinos que pertenecen a la federación Túpac Katari, se encuentran movilizados desde el lunes exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce. En primera instancia, este sector anunció bloqueos en varias regiones del departamento paceño, sin embargo, los Ponchos Rojos se limitaron a bloquear la carretera a Copacabana provocando pérdidas económicas tal como lo indica el Gobierno.