ECONOMÍA

La estatal Boliviana de Aviación (BoA) anunció a través de un comunicado que ha restringido la emisión de boletos que tienen origen en el exterior que se pagaban en bolivianos (Bs) en territorio nacional. “BoA ha restringido la emisión de boletos con origen en el exterior con pago en bolivianos, con el objetivo de preservar la estabilidad de nuestras operaciones internacionales y evitar prácticas que deterioran la disponibilidad de divisas en el país”, reza el comunicado. Desde la aerolínea advierten un “incremento insostenible” en la venta de boletos aéreos con origen en el exterior, emitidos dentro del territorio nacional y pagados en moneda local, cuya consecuencia es una “reducción de los ingresos en las estaciones internacionales” que limitan cumplir con las obligaciones locales. Según BoA esto repercute obligaciones relacionadas a tasas, impuestos y servicios necesarios para cada operación. Según los datos oficiales a junio de este año, BoA tiene ocho rutas internacionales: La Habana (Cuba), Caracas (Venezuela), Asunción (Paraguay), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Madrid (España) y Miami (Estados Unidos).

Mediante un comunicado, esa cartera de gobierno rechaza las amenazas de movilizaciones. El rector Vicente Cuéllar pide una reunión directamente con el ministro Marcelo Montenegro. Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que se acordó entregar a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz Bs 334,1 millones de presupuesto adicional para este año. Sin embargo, las autoridades de esa casa de estudios superiores rechazaron la propuesta gubernamental y anunciaron medidas de presión. Esta semana el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, y autoridades de Economía se reunieron para evaluar la situación financiera de esa institución; y acordar la entrega de un presupuesto adicional para encarar la recta final del año. “Se planteó de manera responsable, velando por la sostenibilidad financiera y disponibilidad real del Estado, un presupuesto adicional por subvención extraordinaria y ordinaria del Tesoro General de la Nación (TGN) de Bs 68,1 millones; superior a la gestión 2023”, señala la nota. Y agrega: “Se aclaró que la UAGRM aún percibirá un estimado de Bs 266 millones entre septiembre y diciembre de este año; recursos correspondientes a la coparticipación tributaria, subvención del TGN e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); este monto puede ser superado de acuerdo a la recaudación efectiva”. Cifras Según la explicación de esa cartera, esos Bs 266 millones más de los Bs 68,1 millones propuestos suman Bs 334,1 millones adicionales que ofrecen a la UAGRM. Sin embargo, explica la nota, el rector de la UAGRM rechazó la propuesta y posteriormente advirtió con asumir medidas de presión en demanda de mayor presupuesto. “El MEFP rechaza las amenazas vertidas por el rector de la UAGRM y lo exhorta a reflexionar su posición. La propuesta se realizó en función a la evaluación integral de la situación económica; y de desempeño institucional financiero de dicha universidad; así como la asignación del soporte extraordinario para la presente gestión”, sostuvo esa cartera de Estado. Pedido de la UAGRM La versión de Cuéllar es diferente. El rector explicó a los medios de comunicación que existe una diferencia entre lo que demanda esa universidad y lo que ofrece el Ministerio de Economía. Explicó que enviaron una nota al ministro Marcelo Montenegro para solicitarle una reunión directamente con él; no con viceministros como ocurrió el lunes. En caso de que no se dé ese encuentro o no haya un acuerdo, advirtió con movilizaciones. Indicó que la universidad enfrenta una grave situación financiera que pone el peligro de la continuidad de sus actividades y lamentó que las autoridades de Gobierno no respondan a sus necesidades.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) autorizó, hasta el momento, a nueve empresas para importar combustible destinado a su propio consumo, según un boletín oficial. Estas medidas se enmarcan en un contexto de dificultades para el aprovisionamiento de diésel debido a la escasez de dólares. El gerente de Comercialización de YPFB, Joel Callaú, informó que “a la fecha, la ANH ha emitido resoluciones administrativas que permiten la importación a nueve empresas, las cuales podrán adquirir combustibles para su propio uso”.  El anuncio se realizó durante un taller de capacitación sobre importación directa de combustibles, que se llevó a cabo en La Paz y contó con la participación de empresas y cooperativas. Durante la reunión, se explicó también sobre las facilidades otorgadas por el reciente Decreto Supremo 5218, que agiliza la emisión de autorizaciones para la importación de hidrocarburos y productos refinados, al modificar el Decreto Supremo 28419, vigente desde el 21 de octubre de 2005. Este nuevo procedimiento permite obtener el permiso en un máximo de cinco días, en contraste con los trámites anteriores. El boletín destaca que la agilización del proceso beneficia tanto a grandes empresas como a personas naturales o cooperativas que requieren combustible para sus actividades productivas. “No hay restricciones en los volúmenes de importación, siempre que el uso sea para consumo propio”, señala.

El sector privado teme que el reinicio de bloqueos y protestas sociales impida alcanzar la meta de $us 10 mil millones en exportaciones este año, una cifra casi $us mil millones inferior a la obtenida en 2023 y unos $us 4 mil millones menor que en 2022.  “Las exportaciones se han contraído. Esperamos llegar a los $us 10 mil millones, pero, lamentablemente, este tipo de situaciones en el país nos preocupa”, manifestó Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb). “Ojalá logremos alcanzar esa cifra, pese a que hasta junio de este año la caída fue del 21%. Estos tres meses que restan son clave, y necesitamos condiciones para llegar a esos niveles de exportación”, añadió Velasco. A junio de 2024, las exportaciones registraron una caída del 21% en comparación con el mismo período de 2023, mientras que las importaciones también disminuyeron en un 16%. Entre las causas de esta contracción se destacan la reducción en la producción de gas y productos agropecuarios, la variación de precios internacionales y, en algunos casos, la falta de dólares. “La escasez de divisas ha complicado la importación de insumos que muchos exportadores también requieren”, indicó Velasco. Otro factor constante en los últimos años ha sido la persistencia de bloqueos y marchas, lo que genera preocupación en el sector. En este contexto, Evo Morales impulsa una marcha “para salvar a Bolivia”, desde Oruro hacia La Paz, mientras que el Gobierno de Luis Arce sostiene que la movilización busca desestabilizar al país y habilitar al expresidente como candidato. Velasco advirtió que por cada día de bloqueos se pierden hasta $us 9 millones en exportaciones. “Lo más crítico es que podemos perder mercados. Esperamos que en el último trimestre logremos revertir esta caída con mayores volúmenes de exportación y mejores precios”, agregó. La preocupación es compartida por otros gremios del sector privado. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), señaló que los bloqueos “siempre son perjudiciales” y llamó al diálogo entre las partes en conflicto. Asimismo, recordó que se presentó al Legislativo un proyecto de ley para penalizar los bloqueos, el cual —en su opinión— debería trabajarse junto a otras normativas. Jaime Ascarrunz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), también se refirió a los conflictos sociales, que se suman a los problemas económicos que enfrenta el país.  “No podemos acostumbrarnos a bloquear el país, porque esto ha dañado nuestra imagen. Bolivia debía conectar el Pacífico con el Atlántico a través de sus carreteras, pero los países vecinos han buscado rutas alternas debido a nuestra conflictividad”, comentó Ascarrunz a la prensa. Concretar acuerdos El representante de los exportadores, Danilo Velasco, informó ayer que aún se espera la consolidación de la Agencia de Promoción a las Exportaciones mediante una alianza “público-privada”, así como la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que “aún no está operativa”. Explicó que para la implementación de la VUCE se requiere un presupuesto de alrededor de $us 19 millones, que serían financiados por un organismo multilateral. “Eso es lo que Bolivia necesita. Todos los países cuentan con VUCE, y esperamos que con esto las exportaciones se multipliquen”, destacó. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones cayeron en $us 1.161 millones durante el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023 Se mantiene el déficit comercial Aunque las exportaciones mejoraron en los últimos meses, hasta junio de este año se mantuvo un déficit comercial de $us 272 millones, según datos del INE. La Caneb espera que este año se alcance un superávit comercial, aunque esto sería principalmente resultado de la caída registrada en las importaciones. En 2023, el déficit fue de $us 570 millones, mientras que en 2022 se alcanzó un superávit de $us 1.801 millones.

Las amenazas de marchas y bloqueos de grupos afines a Evo Morales causaron un alza en los precios de los productos básicos de la canasta familiar, según el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Especuladores habrían aprovechado la situación para limitar la oferta y aumentar los precios. Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, destacó que estos anuncios generan incertidumbre y alientan a los comerciantes a especular con los precios, afectando a las familias más vulnerables. “No vamos a permitir que se afecte el derecho a la alimentación”, afirmó.  El viceministro Silva también resaltó que el Gobierno respalda su respuesta en la legislación vigente para evitar que la economía de las familias bolivianas sufra mayores consecuencias. Por su parte, Gabriela Pareja, gerente de Comercialización de Emapa, citada por ABI, señaló que, aunque se formaron filas en supermercados y tiendas estatales debido a la preocupación generada por los anuncios de bloqueos, la empresa tiene suficientes reservas. Actualmente, Emapa distribuye 11 mil toneladas de arroz a nivel nacional a precios más accesibles, muy por debajo de los costos del mercado. La empresa estatal asegura contar con una reserva estratégica de 76 mil toneladas de arroz, suficiente para cubrir la demanda hasta finales de año, según Franklin Flores, gerente general de Emapa.

El Gobierno de Luis Arce estima que los resultados de las medidas estructurales para corregir la economía del país se verán recién en 2026 o 2027, es decir, en la próxima administración gubernamental. Sin embargo, analistas económicos consideran que estas acciones llegan tarde y no resolverán los dos principales problemas “estructurales”: la caída de ingresos y el déficit fiscal. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en entrevista con radio Panamericana, afirmó que “se han planteado soluciones de mediano plazo para que Bolivia no dependa de un solo producto. Ahí está la industrialización, el biodiésel y los nuevos campos exploratorios. En 2026 o 2027, veremos resultados”. Alcón agregó que para 2026 la producción de biodiésel cubrirá el 90 por ciento de la demanda interna de diésel. “Estas son las soluciones estructurales para el país, pero toman tiempo. Mientras tanto, aplicamos medidas a corto plazo”, añadió. Entre las medidas inmediatas que impulsa el Gobierno se encuentran la convocatoria a un referéndum para eliminar el subsidio a los combustibles, incentivos a las exportaciones, desburocratización de trámites, reducción de aranceles para la importación de productos agroindustriales y farmacéuticos, agilización de la importación de diésel para autoconsumo, control en la distribución de combustibles, negociaciones con países proveedores para obtener mejores contratos y el fomento al uso de criptoactivos. Arce, por su parte, ha destacado que, además de la producción de biodiésel y la exploración de hidrocarburos, las medidas estructurales incluyen la industrialización del litio de Uyuni y el hierro del Mutún. En una reciente aparición pública, sostuvo que su Gobierno “está profundizando las tareas inconclusas del proceso de cambio y corrigiendo los errores cometidos en el pasado”. No obstante, este optimismo no es compartido por los economistas. La presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, criticó que Arce, quien fue ministro de Economía en el gobierno anterior, formó parte de quienes cometieron esos “errores”. “Él es parte del problema que enfrentamos hoy y ahora debe resolver lo que él mismo ayudó a generar”, señaló. En esa misma línea, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, expresó que las medidas a mediano plazo llegan “demasiado tarde”. “Necesitamos respuestas concretas para generar ingresos y reducir el gasto público”, subrayó. El analista económico y financiero Armando Álvarez coincidió con estas observaciones, señalando que los dos problemas principales del país son la caída de ingresos por la menor producción de gas y el elevado gasto fiscal. “A pesar de que el Gobierno es consciente de la caída de ingresos, sigue gastando igual o más, sin tomar medidas al respecto”, concluyó.

La instalación la primera planta industrial de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, en Potosí, que será desarrollada por la empresa rusa Uranium One Group utilizando tecnología de extracción directa de litio (EDL), producirá carbonato de litio de grado batería con una pureza superior al 99 por ciento, informó una fuente oficial. El presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, destacó la relevancia de este contrato para la industria del litio en el país. “Este es el primer contrato que hemos firmado para el desarrollo de la producción de litio, de carbonato de litio grado batería certificado”, afirmó el funcionario. El proyecto, con una inversión de 970 millones de dólares, contempla la producción de 14 mil toneladas anuales de carbonato de litio, un componente fundamental en la fabricación de baterías de iones de litio, que se utilizan en dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. La tecnología EDL permitirá una mayor eficiencia en la extracción del litio, posicionando a Bolivia como un actor clave en el mercado global de este mineral estratégico. La construcción de la planta se ejecutará de manera escalonada en un periodo aproximado de 30 meses, y las obras comenzarán tras la aprobación del contrato por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Alarcón subrayó que se trata de un contrato de “asociación accidental”, lo que significa que el Estado boliviano mantendrá control soberano sobre los recursos.

El presidente Luis Arce inauguró ayer en la ciudad de La Paz el primer Encuentro Regional sobre Camélidos Sudamericanos, bajo el lema “Nutriendo la vida, preservando el futuro”, y llamó a reflexionar sobre el aporte de estos mamíferos a la vida humana. El evento cuenta con la participación de productores y expertos en camélidos de países vecinos, así como autoridades nacionales y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la organización, el encuentro se desarrollará hasta este martes 17 de septiembre en la sede de gobierno.

Legisladores del oficialismo y la oposición, líderes cívicos de Potosí y analistas expresaron su preocupación ante la ausencia de un régimen fiscal específico en el primer contrato de extracción directa de litio (EDL), firmado con la empresa rusa Uranium One Group. Hasta la fecha, no se ha aprobado una ley de recursos evaporíticos que establezca las regalías para el departamento productor. Sin embargo, la Ley de Minería vigente fija una alícuota del 3 por ciento para el carbonato de litio. El miércoles pasado, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Uranium One Group firmaron un contrato por 970 millones de dólares para la construcción de una planta de EDL en el salar de Uyuni, que tendrá una capacidad de producción de 14 mil toneladas de carbonato de litio a partir de 2026. El documento será enviado al Congreso para su discusión conforme a la normativa vigente. Raúl Velásquez, analista en temas energéticos de la Fundación Jubileo, explicó que, a diferencia del sector de hidrocarburos, el litio carece de un régimen fiscal con especificaciones técnicas claras. Además, subrayó la necesidad de que el país cuente con “políticas sectoriales definidas dentro del marco de una transición energética”. Por su parte, Francisco Coro, diputado del MAS por Potosí, señaló que aún no se conocen los detalles del contrato, el cual, según dijo, llegará próximamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados. Calificó el acuerdo como “oscuro” y afirmó que espera tener el documento en manos para analizarlo junto con la brigada departamental. “Hemos solicitado la aprobación de una ley del litio para regular las regalías, pero hasta ahora no se sabe cuál será el porcentaje que corresponderá a Potosí. No debería ser el 3 por ciento, sino al menos el 11 por ciento,” declaró. En los últimos años, se presentaron varios proyectos de ley para incrementar las regalías por la extracción del carbonato de litio a un rango entre el 11 y el 25 por ciento, superando lo estipulado por la Ley de Minería, pero ninguno ha sido aprobado. Juan José Tórrez, diputado de Comunidad Ciudadana por Potosí, celebró que el contrato sea remitido al Legislativo, situación que no ocurrió con los convenios previos. Destacó que el documento debe especificar el área de trabajo, los impactos ambientales, la inversión de cada empresa y las regalías para el departamento. “En un proyecto de ley, el Gobierno observó que se pedía un 20 por ciento de regalías, y no quisieron tratar el tema. Ahora, el presidente Arce pide celeridad para aprobar el contrato, pero este debe ser socializado y revisado. Si hay retrasos, no será culpa de los legisladores, ya que el debate es necesario”, indicó Tórrez, reiterando que no aceptarán una regalía del 3 por ciento. En la misma línea, Roxana Graz, expresidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), rechazó el contrato y calificó de “miserable” una regalía del 3 por ciento, considerando el impacto ambiental que tendrá en Potosí. Los Tiempos consultó a YLB sobre el régimen de regalías bajo el cual se suscribió el contrato con Uranium One Group, pero no obtuvo respuesta. El presidente Luis Arce ha solicitado al Congreso celeridad y “patriotismo” para la aprobación del contrato.

Una “vigilia permanente” fue instalada este martes en puertas de la Asamblea Legislativa. La Cámara Baja analizará proyectos por $us 140 millones La Paz / 10 de septiembre de 2024 / 21:06 Luego de la marcha de Central Obrera Boliviana (COB) y la vigilia permanente por la aprobación de los créditos “bloqueados” en la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados convocó a sesión para el jueves y según el orden del día, analizará dos proyectos de préstamos por $us 140 millones. La 183 sesión ordinaria se instalará a las 9.00 según la convocatoria. El orden del día tiene siete puntos, en dos de los cuales se trata de proyectos de ley para autorizar el desembolso de créditos externos. El punto 4 de la convocatoria indica que se analizará el “proyecto de Ley 449/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo 5865/OC-BO para el programa de administración de tierras para el desarrollo rural sustentable”. Fue suscrito el 23 de mayo de 2024 entre el Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 40 millones. Asimismo, el punto 5 se trata del “proyecto de ley 450/2023-2024 que aprueba el contrato de préstamo Bol38/2024 para el programa nacional de emergencia para la generación de empleo, fase II”. El contrato fue suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por $us 100 millones. El domingo, el presidente Luis Arce reclamó, una vez más, la aprobación de los créditos por más de $us 1.000 millones que permanecen “bloqueados” en la Asamblea Legislativa. Según la explicación del mandatario, ese “boicot” es una de las causas de la falta de dólares en el país. Este martes, tras una masiva marcha, la COB determinó una “vigilia permanente” en demanda de la aprobación de los proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa.